Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, Cancillería aumentó en un 400% los montos del contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa que dirige la esposa de Federico Sturzenegger. No es el único contrato escandaloso que el Estado firmó en beneficio del Ministro de Desregulación.
Apenas Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la Cancillería argentina renovó y amplió el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por la esposa del entonces asesor presidencial y luego ministro Federico Sturzenegger.
Los números, reconstruidos a partir de información publicada en el portal oficial ComprAR, revelan aumentos que superaron holgadamente la inflación del período, a contramano del discurso de austeridad que la gestión libertaria utilizó para justificar los brutales recortes presupuestarios en otras áreas.
La primera renovación bajo la administración Milei se firmó el 27 de febrero de 2024 y fue por 55,3 millones de pesos, lo que representó un incremento del 398% respecto del contrato anterior, suscripto en marzo de 2023 por el gobierno de Alberto Fernández por 11 millones de pesos (que implicaban aumentos del 33%).
En paralelo, el Ejecutivo nacional justificaba la suspensión de la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades graves y de alimentos a comedores populares bajo el argumento de que no había recursos disponibles y que era necesario realizar auditorías.
La segunda renovación llegó en diciembre de 2025: el 23 de diciembre, Cancillería adjudicó directamente a la AACI 114.044.133 pesos para dictar cursos de inglés a 132 agentes del cuerpo diplomático a lo largo de 2026.
Ese monto también superó la inflación acumulada en los 22 meses transcurridos desde el contrato anterior, que fue del 82%. Desde la última firma del gobierno de Fernández hasta la renovación de diciembre de 2025, el contrato con la AACI acumula un alza del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo lapso.
El negocio de la esposa de Sturzenegger
La AACI tiene sede en Suipacha 1333, en el barrio porteño de Retiro. María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger, ocupa la dirección ejecutiva de la entidad al menos desde septiembre de 2020. Fue ella quien preparó la propuesta presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para la adjudicación de diciembre de 2025.
El convenio se tramitó bajo la modalidad de adjudicación directa por especialidad, sin llamado a licitación pública. Ante las críticas, el entorno del ministro y el canciller Pablo Quirno argumentaron que el vínculo contractual con la AACI databa de 2018 y que, para la renovación más reciente, se había seguido el protocolo establecido por el Decreto 202/2017.
La normativa obliga a transparentar posibles conflictos de interés cuando existe un vínculo entre un funcionario público y una entidad contratada por el Estado. En efecto, la Cancillería dejó constancia en el expediente de la existencia de un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger.
La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen que encuadró esa relación como “familiar (matrimonio)” y recomendó la adopción de un Pacto de Integridad, mecanismo previsto para garantizar transparencia y prevenir beneficios indebidos en contrataciones públicas. Las partes firmaron ese pacto.
Sin embargo, ese procedimiento no se activó para la renovación de febrero de 2024. La justificación ofrecida desde el entorno de Sturzenegger fue que, en ese momento, el funcionario no tenía designación formal: su nombramiento como ministro de Desregulación y Transformación del Estado recién se concretó en julio de 2024.
“Para declararse persona expuesta políticamente, tiene que estar en el cargo”, señalaron desde su entorno. No obstante, en la comunicación oficial de Presidencia emitida con motivo de su jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”, primer día de la gestión Milei.
El escándalo derivó en al menos tres denuncias penales. La primera fue presentada el 16 de febrero de 2026 por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, ante la Cámara Criminal y Correccional Federal.
El escrito apunta contra Sturzenegger, la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior María Cristina Dellepiane, el titular de la OA Alejandro Melik y el director nacional de Ética Pública Leopoldo Giupponi.
Los denunciantes encuadraron los hechos en el artículo 248 del Código Penal (incumplimiento de deberes de funcionario público) y en el artículo 265, sobre negociaciones incompatibles con la función pública. El nudo de esa acusación es la presunta omisión de publicar la declaración jurada de intereses correspondiente en el sitio web de la OA.
La segunda denuncia fue firmada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, titular de la Asociación Arco Social, y la tercera por la senadora nacional del bloque Justicialista Juliana Di Tullio. Las tres presentaciones apuntan a la adjudicación de los 114 millones de pesos, e incluyen entre los denunciados al canciller Pablo Quirno.
Las causas recayeron en los Juzgados de Sebastián Ramos y de María Servini, y se espera que sean unificadas en el Juzgado número 2, a cargo de Ramos.
La esposa de Sturzenegger fue beneficiada por un abultado contrato en la Cancillería
Hay plata… Pero para Federico Sturzenegger
El caso del contrato con la AACI no es el único señalamiento que enfrenta Sturzenegger. A fines de enero, trascendió que su ministerio alquiló cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio ubicado en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, conocida como Diagonal Norte, en el centro porteño.
Los locatarios son OTOBA S.A. El costo mensual por piso es de 15 millones de pesos, con un total de 720 millones de pesos en el contrato, más gastos de expensas, electricidad, gas e internet, también a cargo del Estado.
La decisión contrasta con el programa “Alquiler cero” impulsado por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) desde el inicio de la gestión Milei, que procura evitar que los ministerios incurran en gastos de alquiler.
La misma AABE autorizó el contrato de Sturzenegger al informar “la no disponibilidad de inmuebles del Estado Nacional” que se ajustaran a los requisitos del ministerio, y señaló que el inmueble elegido era “excluyente” por no tener “sustitutos convenientes“.
La excusa es llamativa si se tiene en cuenta que el gobierno nacional viene rematando edificios públicos desde fines de 2023 con la excusa de que son innecesarios. Ahora parece que el Estado Nacional no tiene los inmuebles para las oficinas del equipo del Ministro.
Ante los cuestionamientos públicos, Sturzenegger no realizó declaraciones y dejó de publicar en sus redes sociales, donde habitualmente tiene actividad frecuente. Ni siquiera republicó el tuit del canciller Quirno en el que este buscó dar explicaciones sobre el contrato con la AACI.
En cuanto a los antecedentes de Rouillet con el Estado, el vínculo precede incluso a la gestión Milei y se extiende a períodos en que Sturzenegger también ocupaba cargos públicos. El primer contrato entre Cancillería y la AACI data del 9 de marzo de 2018, por 1,8 millones de pesos, cuando Mauricio Macri era presidente y Sturzenegger presidía el Banco Central.
En ese momento, Rouillet no estaba en la AACI sino como directora de Control del Teatro Colón. Semanas antes del cambio de gobierno, en noviembre de 2019, la administración Macri renovó el contrato por 2,7 millones de pesos.
Ya con Rouillet al frente de la AACI y durante el gobierno de Fernández, el contrato se renovó en noviembre de 2020 (4 millones de pesos), en marzo de 2022 (5,7 millones) y en marzo de 2023 (11 millones). En todos esos casos, los incrementos aplicados quedaron por debajo de la inflación del período correspondiente. Fue recién con la llegada de Milei que la tendencia se revirtió.
