Presentaron una denuncia penal contra Federico Sturzenegger por el contrato que Cancillería firmó con su esposa: Los denunciantes también apuntan contra el titular de la Oficina Anticorrupción por la falta de registros públicos de la situación.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue denunciado penalmente ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por el contrato de 114 millones de pesos que Cancillería firmó con una organización dirigida por su esposa para dar cursos de inglés.
El 16 de febrero de 2026, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, radicaron una denuncia penal en la Cámara Federal.
El escrito apunta contra Sturzenegger, la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, María Cristina Dellepiane; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y el director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
Además, solicitaron que se examine la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro y Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que es la entidad beneficiada por el contrato. El nudo de la acusación no es la adjudicación en sí, sino una presunta omisión de publicación en el sitio web de la OA.
Según el Decreto 202/2017, cuando existe un vínculo entre un funcionario con poder de decisión y una persona o entidad contratada por el Estado, debe publicarse la declaración jurada de intereses correspondiente. Los denunciantes sostienen que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” al 15 de febrero de 2026, no encontraron ningún registro sobre este caso.
Los abogados encuadraron los hechos en dos figuras del Código Penal: el artículo 248, que sanciona el incumplimiento de deberes de funcionario público, y el artículo 265, sobre negociaciones incompatibles con la función pública.
Respecto de este último delito, el escrito señala que la conducta consiste en “interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
También plantearon que debe verificarse si existe una declaración jurada actualizada vinculada a un contrato previo con los mismos actores, que ya habría estado vigente en 2024.
El escándalo que salpica a Sturzenegger
En el centro del caso está la Disposición 21/2026, firmada el 19 de enero de 2026 por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.
A través de ese acto administrativo, Cancillería adjudicó $114.044.133 a la AACI para brindar cursos de inglés a 132 agentes del cuerpo diplomático entre marzo y noviembre, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
El contrato tiene nueve meses de duración, con opción a prórroga, y la propuesta ante el ministerio fue preparada por la propia Rouillet, quien ocupa la dirección ejecutiva de la AACI al menos desde septiembre de 2020.
El propio texto de la disposición reconoció la existencia de un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger en la declaración jurada de intereses, lo que activó los procedimientos previstos en el Decreto 202/2017: notificación a la OA y a la SIGEN, y suscripción de un Pacto de Integridad.
No es la primera vez que Rouillet aparece vinculada a contrataciones con el Estado durante gobiernos en los que su marido fue funcionario. Durante la gestión de Mauricio Macri, fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes, cargo que dejó tras la implementación de un decreto que limitó la designación de familiares de funcionarios.
Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio anticipó que también radicará una denuncia judicial: “Voy a denunciar este contrato para que la Justicia determine si hubo o no un conflicto de interés”, afirmó, y calificó la situación de “irregular”.
Entre tanto, el canciller Pablo Quirno salió a respaldar la operación apenas trascendió el caso y aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad”.
Argumentó que la AACI presta servicios de capacitación a Cancillería desde 2018 y que, ante el vínculo familiar detectado, se aplicó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN. El propio presidente Javier Milei respaldó la postura republicando la defensa del canciller.
La realidad es que pese a afirmar que se cumplieron todos los pasos del Decreto 202/2017, no hay registros públicos en el sitio de la OA que acrediten la publicación de la declaración jurada, al menos hasta el 15 de febrero. Los denunciantes pidieron además una pericia técnica para determinar si esas publicaciones existen y, en tal caso, en qué fecha fueron incorporadas.
Por otro lado, el vínculo contractual se remonta a 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Sturzenegger también se desempeñaba como funcionario de alto rango (fue presidente del Banco Central).
Eso abre la pregunta sobre qué ocurrió entonces con los mecanismos de transparencia, y si alguna vez se cumplieron en ese período. Por lo pronto, la causa quedó ingresada en la Cámara Criminal y Correccional Federal, a la espera de ser asignada por sorteo.
