Mauricio Macri está preocupado por una declaración que aparece en el legajo reservado de la causa sobre el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan: la que dio a finales de septiembre Martín Coste, el último director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista. La declaración complica la situación judicial del expresidente.
En el escrito que presentó ante el juez Martín Bava en su indagatoria, el expresidente dejó plasmada esa preocupación: pidió que no se tergiverse esa exposición.
Coste se presentó ante Bava el 30 de septiembre pasado, un día antes de que el juez llamara a indagatoria a Macri y comenzara el periplo para que se presentara en el juzgado de Dolores.
Tanto la declaración indagatoria de Coste como la de su antecesor en la Dirección Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, se produjo después de que el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas les apuntara directamente como quienes debían controlar qué hacían o dejaban de hacer los agentes.
Arribas denunció que era llamativo e incomprensible que no estuvieran ellos citados.
La declaración de Coste está reservada, al igual que la Dalmau, que el jueves pasado estuvo nuevamente ante Bava después de que pidiera ampliar su indagatoria. El juez debe resolver si procesa a los dos exdirectores al igual que a Macri. Según trascendió, estos fueron los ejes principales de la exposición de Coste:
• Negó haber estado en conocimiento de las acciones que desplegó la filial Mar del Plata de la AFI sobre los familiares de los submarinistas desde, al menos, diciembre de 2017 hasta finales de 2018. Para cuando comenzaron los seguimientos, Coste no ocupaba la dirección operacional que estaba en manos de Dalmau;
• Los informes no fueron ni elevados ni solicitados por él ni por la dirección de Contrainteligencia;
• Arribas le apuntó porque miraba la “orgánica” de la AFI (cómo estaba organizada la Agencia), pero no porque él tuviera necesariamente responsabilidad sobre lo que sucedía en Mar del Plata;
• La AFI no tiene nada que hacer si hay un grupo en la calle, con pancartas, que intenta buscar una solución o que alguien los atienda -como sucedía con los familiares del ARA San Juan-;
• Si investigaron a los familiares fue porque debió haber existido una hipótesis. Las hipótesis surgen desde las direcciones de Análisis. El director de Análisis -que era el tercero en rango después del director general y de la subdirectora general- es el que les dice a las distintas delegaciones que tiene la AFI en el interior qué tienen que hacer. Esos requerimientos los canaliza la Dirección de Reunión Interior (que estaba a cargo de Eduardo Winkler, ya procesado en la causa), que es la responsable de todas las delegaciones.
• Antes de salir a reunir información, debe haber una hipótesis inicial. No es que la AFI sale a buscar información y después ve qué hace con eso;
• Al preguntarle si toda la Agencia podía estar en conocimiento de la decisión de investigar a los familiares del ARA San Juan, respondió que no tendría por qué enterarse toda la Agencia;
• Explicó que el requerimiento de investigarlos debería venir desde hacía tiempo y que en la causa había informes parciales. “Son informes parciales que se fueron manteniendo”;
• Resaltó que había algunos informes más complejos como en los que se ven fotografías de determinadas personas -tal es el caso de las dos mujeres que fueron el 2 de abril de 2018 hasta el Golf Club de Mar del Plata a intentar acercarse a Macri y terminaron siendo fotografiadas y la AFI monitoreó sus redes sociales-.
“Una cosa es fotografiar un escenario y otra es fotografiar personas”, ejemplificó Coste. “Cuando uno individualiza personas, lo está individualizando para algún fin”, completó.
En su escrito, Macri sostiene que la declaración de Coste va en la misma línea de lo que él trata de sostener. Sin embargo, el exdirector operacional de Contrainteligencia sí remarcó la gravedad de los informes sobre las familias que pedían respuestas y sostuvo que la AFI debió ser ajena.
En el juzgado, a Coste le preguntaron sobre la que es, hasta ahora, la hipótesis a la que Macri parece atenerse: que la AFI estaba colaborando con la Casa Militar para garantizar la seguridad del presidente.
En ese sentido, Coste confirmó que la AFI funcionaba como nexo con la Casa Militar y que Avanzada Presidencial tenía un grupo de análisis y otro operativo, que requería colaboración a todas las delegaciones y dependía de la subdirección general de la Agencia -entonces al mando de Silvia Majdalani-.
Si bien Macri no explicitó esta teoría en la causa, pidió al juez Bava que cite como testigos al exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, de quien dependía la Casa Militar, al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre, al exsubjefe Alejandro Guglielmi y al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati.
La nómina de testigos se completa con el exministro de Defensa Oscar Aguad, el diputado Cristian Ritondo (que integra la Comisión Bicameral de Inteligencia) y con la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que fue quien denunció el espionaje.
Después de las chicanas de Macri sobre un posible apuro para, supuestamente, procesarlo antes de las elecciones, Bava convocó a De Andreis, Aguad, Yofre y Cecati para miércoles y jueves de esta semana.
Para el resto, puso un plazo de cinco días hábiles para que remitan las preguntas que quisieran hacerles porque podrían declarar por escrito. A la única que no aceptó fue a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. La pregunta que surgía entre algunas de las partes es si el juez estará pensando en convocarla en otra calidad y, por eso, desestimó su testimonio.
Aún resta saber qué declaró Dalmau el jueves pasado y por qué pasó de negarse a declarar a pedir hablar.
Dalmau es un exoficial de inteligencia del Ejército y licenciado en Comunicación Social que se integró a la Secretaría de Inteligencia (SI) a finales de los años ‘90. Fue el primer director operacional de Contrainteligencia durante el macrismo y, como tal, el padre de los espías conocidos como Súper Mario Bros, los policías de la Ciudad que fueron en comisión a la AFI al comienzo de la presidencia de Macri.
Coste, en cambio, es un enquistado de nacimiento en la SI, a la que ingresó en 2002 como su primer trabajo. Estuvo catorce años en Contrainteligencia, pasó un año por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), donde conoció a Dalmau.
Él lo convocó como director de Contrainteligencia Criminal en 2016 y después, en 2017, pasó al área de Análisis sobre Terrorismo. A mediados de 2018. Dalmau se fue como agregado a Chile y Coste ocupó su lugar.
Fue entonces cuando saltó el escándalo del espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. En junio del año pasado, Coste se presentó ante la Bicameral y relató cómo la AFI macrista buscó encubrir la vigilancia sobre CFK.
Ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, ratificó lo que había dicho en el Congreso y terminó procesado en esa causa.
La fiscalía y los querellantes piden que se lo indague por el espionaje en las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20. Dalmau, por su parte, está procesado en la otra causa que tramitó en Lomas, la que se centra en el accionar de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario.