En la AFI encontraron 105 mil escuchas que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri que debían ser destruidas una vez entregadas a la Justicia, pero lejos de eso, los espías del gobierno de Cambiemos guardaron estas conversaciones para usarlas cuando surgiera la necesidad de extorsionar a los espiados.
Entre las grabaciones halladas por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, están las que se hicieron sobre exfuncionarios y empresarios kirchneristas presos en el penal de Ezeiza.
Esas escuchas se utilizaron para armar causas –como del llamado “Operativo Puf” que surgió como reacción a la investigación sobre el D’Alessiogate– o para armar operaciones mediáticas.
Para Caamaño, por la cantidad de los registros encontrados y el sistema que se usaba, el gobierno de Macri ideó una nueva forma para que la exSIDE, liderada en ese entonces por Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, volviera a hacerse con las escuchas, algo que estaba vedado desde la reforma de la Ley de Inteligencia de 2015.
“Hicieron gatopardismo. Le sacaron las escuchas a la AFI, pero la Corte se las devolvió”, afirmó Caamaño.
Tras el hallazgo, Caamaño hizo una presentación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que tiene el expediente en el que se investiga el espionaje penitenciario, que incluyó la interceptación de los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, donde estaban alojados los exfuncionarios y empresarios ligados al kirchnerismo.
Es la causa que se inició en la justicia federal de Lomas de Zamora y en la que también se investiga el rol de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que, en su núcleo originario eran policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI.
La AFI volvió a tener control sobre las escuchas
La SIDE históricamente manejó las escuchas a través de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida en el mundo del espionaje como la “Ojota”.
En 2015, con la reforma de la Ley de Inteligencia, las escuchas pasaron a depender de la Procuración General de la Nación, que estaba en manos de Alejandra Gils Carbó. La entonces procuradora le encomendó a Caamaño, quien era una fiscal de su confianza, que se hiciera cargo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
A las dos semanas de haber asumido su mandato presidencial, Mauricio Macri publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual le sacaba las escuchas a la Procuración y las ponía en manos de la Corte Suprema. Sacarle la oficina de escuchas era parte de la estrategia para cercar a Gils Carbó, cuya renuncia Macri reclamaba desde antes de llegar a la Casa Rosada.
La Corte recién aceptó el traspaso en febrero de 2016. Entonces se creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que quedó a cargo del entonces presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, quien llevó a cabo la “doctrina” para encarcelar a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La AFI intervino en 85 expedientes judiciales durante el período 2016-2019, según un relevamiento que hizo la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. En la mayoría de los casos (68) lo hacían a pedido del juez. En otros casos (17), armaban precausas que servían como excusa para escuchar a determinadas personas: lo hicieron con Oscar Parrilli e incluso llegaron a hacerlo con una modelo que viajó a Cancún con el fiscal Alberto Nisman.
El mecanismo de las escuchas
La responsabilidad en el manejo de las escuchas la tenía la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), que comandaba el espía macrista y hoy funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, Juan Sebastián de Stefano.
El mecanismo de las escuchas era el siguiente: Un juez autorizaba una escucha y le daba intervención a la exSIDE. Allí, los agentes de la AFI tenían dos formas de dar con esas grabaciones: a través de los CDs que grababa la DAJuDeCO o a través de un sistema “punto a punto”. Ese sistema es el que denuncia Caamaño que le permitió a la AFI volver a tener un control sobre las interceptaciones telefónicas.
En general, los jueces pedían que las áreas operativas de la AFI intervinieran en las investigaciones judiciales, como las de Contrainteligencia o Terrorismo.
Pero De Stéfano quería usar las escuchas para consolidar su poder al frente del área de Jurídicos. En marzo de 2018, se creó la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADCCO) de la AFI. El nombre era casi un calco del de la DAJuDeCO.
La nueva oficina tenía por misión concentrar las escuchas que llegaban y hacer las transcripciones. La nueva dirección quedó en manos de un hombre experimentado en la materia, Mariano Ruda Bart, que había ingresado a la SIDE en 1995 y había pasado 19 años en la “Ojota” hasta que, tras la reforma de 2015, emigró al área de Jurídicos. Los agentes destinados a la DADCCO no tenían acceso a los CDs.
La información sobre este mecanismo fue aportada por el propio Ruda Bart en un descargo ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Ruda Bart al igual que De Stefano fueron procesados en esa jurisdicción por el juez Juan Pablo Augé y después fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña -integrada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– cuando dijo que el espionaje era obra de cuentapropistas.
