Los Diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron un proyecto para prohibir el uso personal de los aviones oficiales tras la cuestionada visita de Javier Milei a España, que derivó en una crisis diplomática entre ambos países.
En los últimos días el Presidente Javier Milei completó su gira por España para participar de un acto organizado por la agrupación de ultraderecha Vox. Su discurso derivó en la decisión del gobierno español de retirar a su embajadora en Argentina.
Esta no es la primera vez que el libertario utiliza el avión oficial para impulsar su agenda personal. Tras abandonar los vuelos de línea, Milei había realizado un viaje a Los Ángeles en el avión presidencial a principios del mes, a pesar de no reunirse con funcionarios estadounidenses.
En este contexto, la bancada de diputados de la CC decidió presentar un proyecto dedicado a evitar que los funcionarios abusen de las aeronaves del Estado para utilizarlos con fines personales, políticos o electorales.
Desde el sector comentaron que “el uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse“, y proponen crear un registro público de los traslados que realicen los funcionarios.
Con esto esperan que se optimice la gestión de los aviones y garantizar que estén disponibles para prestar los servicios públicos para los que fueron adquiridas.
A diferencia de Milei, que abandonó su discurso en contra de las prácticas de lo que él llama “la casta”, los legisladores esperan promover la austeridad dentro del Estado, y detallaron que:
“Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”.
Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados, aseveró que los abusos de las aeronaves ocurren porque su uso no está regulado y controlado. “La sociedad nos reclama gestos de austeridad“, observó, y “el Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas“.
Desde la vocería presidencial, Manuel Adorni había asegurado que el uso del avión presidencial estaba justificado por la reunión que el libertario sostuvo con empresarios españoles en la Embajada en Madrid.
Sin embargo, el Presidente no sostuvo reuniones oficiales con otros funcionarios y la actividad que mayor repercusión diplomática tuvo fue el acto de Vox, en el que insultó a la esposa del mandatario español Pedro Sánchez.
Desde el radicalismo también exigieron explicaciones
Los cuestionamientos a la agenda de Milei también incluyen a la Unión Cívica Radical. La Diputada Karina Banfi fue la encargada de exigir a la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, más detalles sobre el viaje.
“¿Tuvo agenda oficial? ¿El secretario de Culto era parte de la comitiva? Gastos. ¿Quién los pagó? Tenemos la libertad de saber sobre los actos de gobierno y cómo se usan los recursos”, enumeró a través de sus redes sociales, ante la sospecha de un incumplimiento de la Ley de Ética Pública.
En el pedido se apunta en particular al viaje a España del Presidente. “Según la información disponible, las principales actividades del Sr. Presidente fueron la participación en el evento político partidario Europa Viva 24″, indica el texto, “y la presentación de su libro organizada por Grupo Planeta”.
“Se agrega una reunión con empresarios sobre la que no constan detalles acerca de su relevancia y objeto”, continúa, mientras que “el traslado a España se realizó en el avión presidencial ARG-01“.
“Hasta el momento, no se cuenta con información sobre si los gastos de estadía del Presidente y su comitiva fueron cubiertos también con presupuesto público o por quienes invitaron al Presidente”, completa.
Según la Ley de Ética Pública 25.188, los funcionarios deben “desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana” y “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares“.
Finalmente, Banfi solicitó que se “especifique si existen normas sobre discriminación de gastos relativos a actividades no oficiales respecto de gastos inherentes al hecho de ejercer la presidencia”.
“La consulta aplica tanto al viaje del Presidente de la Nación como a la participación de otros funcionarios que formaron parte de la comitiva presidencial, tales como el Secretario de Culto, Sr. Francisco Sánchez, o la Secretaria General de la Presidencia, Sra. Karina Milei“, concluyó.