La oposición en el Senado consiguió este martes los dictámenes de mayoría tanto para el proyecto de financiamiento universitario como para la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, dos iniciativas resistidas por el gobierno de Javier Milei que vienen de ser aprobadas en la Cámara de Diputados.
Los bloques opositores pretenden llevar ambos temas al recinto este mismo jueves, aunque necesitarán reunir dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sin esperar el plazo reglamentario de una semana.
La jornada en las comisiones del Senado estuvo marcada por intensos cruces entre oficialismo y oposición, con debates que se extendieron hasta las 20 horas. El interbloque de Unión por la Patria, junto a sectores del radicalismo y otros bloques opositores, impulsaron ambos dictámenes con el objetivo de ponerle un freno al ajuste impulsado por la administración libertaria.
Una muestra de la postura del oficialismo y sus aliados fueron los repudiables comentarios de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, quien manifestó: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.
El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, manifestó al cierre de las sesiones su intención de convocar para el jueves: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”.
La oposición insiste con el financiamiento universitario
El proyecto de financiamiento universitario obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda. Esta iniciativa ya había sido vetada por Milei en 2024, y ahora regresa con modificaciones que incluyen la obligación de reactivar la paritaria nacional.
La media sanción fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. El proyecto busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional.
Según el texto, el Poder Ejecutivo deberá recomponer al 1° de enero de 2025 los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo a la inflación informada por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Además, establece actualizaciones bimestrales de esas partidas durante todo 2025.
En materia salarial, el proyecto exige actualizar los sueldos de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La norma también incorpora la convocatoria obligatoria a negociación paritaria con periodicidad máxima de tres meses.
El dictamen fue firmado por Unión por la Patria, los radicales Martín Lousteau, Flavio Fama, Eduardo Vischi, Víctor Zimmerman y Stella Maris Olalla (estos últimos tres con disidencias), Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la larretista del PRO Guadalupe Tagliaferri, la rionegrina Mónica Silva y la misionera Sonia Rojas Decut.
“Una solución para paliar la situación de urgencia”
El presidente de la comisión de Educación, Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria), defendió que la ley surge de una propuesta “que fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical”.
Defendió que la ley busca traer “una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema”, a la vez de “garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento” de las universidades. Además, destacó que la iniciativa beneficiaría a 137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales.
De Pedro subrayó que “el 85% del financiamiento” previsto en la ley “va a ir al salario”, aclarando que se busca evitar que “los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza”. También remarcó que, a diferencia de la ley vetada el año pasado, esta norma “incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional“.
Por su parte, el radical Martín Lousteau expresó que “el tema vuelve porque no se soluciona” y proporcionó datos concretos sobre el deterioro del sector: el salario docente universitario “está 30% por debajo de noviembre de 2023”, mientras que “las transferencias a las universidades están casi 30% por debajo” de esa misma fecha.
“De todo lo que da el Estado no hay nada que pueda transformar más la trayectoria, ya no de una persona sino de una familia, a través de generaciones, que tener un graduado universitario”, enfatizó Lousteau, quien también criticó que “hace dos años no tenemos presupuesto” y el presidente “ataca discrecionalmente las cosas que quiere atacar”.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann manifestó estar “absolutamente de acuerdo con el aumento” a los docentes, aunque observó que la paritaria “es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional” y sugirió que “más que ponerlo como una obligación, tendríamos que exhortarlo”.
Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) fue particularmente dura contra el gobierno, rechazando la cadena nacional de Milei del 8 de agosto, donde justificó los recientes vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones.
También recordó que “en el 2001 hubo una ley de déficit cero” durante un gobierno donde estaban funcionarios que hoy integran la gestión libertaria, y defendió que el kirchnerismo “fue la primera fuerza política que tuvo superávits gemelos de 2003 a 2009″.
Emergencia pediátrica: dos dictámenes para el Garrahan
El plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda avanzó con dos dictámenes para el proyecto que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica en el Hospital Garrahan.
El dictamen de mayoría reproduce el texto de la media sanción de Diputados sin modificaciones, mientras que se sumó otro dictamen con cambios impulsado por la senadora chubutense Edith Terenzi.
El dictamen principal fue firmado por más de 30 senadores, incluyendo a los integrantes de las tres bancadas de Unión por la Patria (Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal), además de Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Víctor Zimmermann.
La propuesta de Terenzi incorpora la creación de un nomenclador de aplicación obligatoria para “jerarquizar y transparentar” los valores de las partidas médicas. La senadora chubutense justificó su dictamen vinculándolo a la posibilidad de que también sea vetado por Milei, y defendió que “en 2024 el Hospital Garrahan asistió a 2347 consultas de pacientes de Chubut“.
Sin embargo, los integrantes de la oposición alegaron que la presentación de modificaciones podría retrasar la sanción de la ley. El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue categórico: “Devolverla a Diputados con todas esas modificaciones es sepultarla”.
El proyecto original pide declarar la emergencia en pediatría por dos años a nivel nacional y la declaración del Garrahan como hospital de referencia nacional en atención pediátrica en alta complejidad.
Otra vez Carmen Álvarez Rivero
La presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci, identificó al Garrahan como “el hospital más federal” y destacó que es “formador de especialistas pediátricos”, aunque advirtió que “los becados se han reducido al 50%”.
La catamarqueña puntualizó que el hospital “tiene 4.600 trabajadores, por año se realizan 610.000 consultas, egresan más de 28.000 pacientes y forma a más de 1.800 residentes por año”.
Martín Lousteau recordó que “en la pandemia declaramos que había trabajadores esenciales que eran los médicos y trabajadores de la salud, pero tiempo después, nos olvidamos quienes son esenciales”.
El senador radical fue crítico de la postura de Casa Rosada: “Llegamos a esta instancia porque hay una emergencia” y “hay que arreglar la economía, pero hay algunas cosas que si se rompen no tienen arreglo”.
Por su parte, Juliana di Tullio (Unión por la Patria) calificó como “un error” la propuesta de modificaciones de Terenzi y advirtió sobre el rol del Ejecutivo: “Nuestro rol es el rol de la representación de nuestras provincias y no podemos tomar decisiones legislativas porque el presidente tiene una visión absolutamente totalitaria“.
Sin embargo, el momento más polémico llegó con las declaraciones de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, quien no solo cuestionó el derecho de los niños a ser atendidos en el Garrahan sino que también atacó a la universidad pública.
“No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, manifestó la legisladora.
Las declaraciones fueron inmediatamente cruzadas por varios de sus pares, entre ellos Guadalupe Tagliaferri, quien le recordó a su compañera de bancada que “la salud de los niños y adolescentes tiene rango constitucional”.
Álvarez Rivero también arremetió contra la Universidad Nacional de Córdoba, calificándola como “una estafa para los cordobeses” y “una caja política sin control”. “Tiene menos del 20% de egresos respecto a los ingresos. ¿Por qué no egresan más? Tal vez sea ese ingreso irrestricto, tal vez no están marcadas las prioridades, mala gestión”, expresó la senadora.
La realidad es que justamente el carácter gratuito de la educación universitaria impulsa a muchos jóvenes y adultos a inscribirse e intentar cursar una carrera, aunque existen casos en los que no pueden continuar el cursado por cuestiones laborales, familiares o socioeconómicas.
Lo cierto es que no es la primera vez que Álvarez Rivero se noticia por su accionar en el Senado. En julio ya había protagonizado una extraña situación en la que intentó bloquear el tratamiento de los proyectos de aumento jubilatorio en la comisión de la que es presidenta. En aquella oportunidad, había intentado dar por terminada la reunión y retirarse.
