El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas de ajuste que afectarán al histórico programa Cambio Rural, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según fuentes sindicales, se espera el despido de aproximadamente 50 profesionales vinculados a este programa, lo que pone en riesgo su continuidad y efectividad en el territorio nacional.
Cambio Rural, iniciativa que lleva más de tres décadas de implementación ininterrumpida, fue creado en 1994 con el objetivo de brindar herramientas y apoyo a pequeños y medianos productores agrícolas en un contexto económico desafiante. El programa se ha caracterizado por su estabilidad a lo largo de diferentes gestiones gubernamentales, sobreviviendo a los cambios políticos y manteniéndose como una política pública constante en el sector agrario.
Los despidos afectarían principalmente a profesionales como agrónomos y veterinarios distribuidos en distintas partes del país. Fuentes de ATE en Agroindustria señalaron: “Entre hoy viernes y el próximo lunes tendremos el número concreto, pero ronda las 50 personas. Se trata de agentes ubicados en distintas parte del país, todos profesionales como agrónomos y veterinarios. Por ahora no afectaría al equipo de Capital Federal”.
La situación genera preocupación por el futuro del programa, ya que si bien desde el gobierno se indica que Cambio Rural no se discontinuará y pasará a la órbita del INTA, la realidad es que los profesionales despedidos son quienes realizan el trabajo en terreno, lo cual difícilmente podrá ser reemplazado en el corto o mediano plazo.
Es importante destacar que Cambio Rural ha desempeñado un papel crucial en la formación de grupos de productores en todo el país, brindando asesoramiento profesional para mejorar la eficiencia y promover la reconversión productiva. Durante su historia, el programa ha experimentado fluctuaciones en la cantidad de grupos atendidos, llegando a más de 1.200 durante los gobiernos kirchneristas y reduciéndose a alrededor de 400 en la gestión de Mauricio Macri.
Este anuncio se suma a una serie de medidas de ajuste que han afectado al sector agrícola en los últimos meses. En marzo pasado, se produjo un recorte generalizado del 15% en las nóminas de personal del Ministerio, que incluyó el despido de unos 900 trabajadores del Instituto de Agricultura Familiar. Además, se discontinuó el programa Prohuerta, otra iniciativa histórica compartida con el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Desde el sindicato, se advierte que estas medidas podrían tener consecuencias más allá de los despidos inmediatos: “Esta panorama hace ver a la Secretaría de Agricultura más como una Dirección Nacional. Y la realidad puede ser aún peor”, expresaron fuentes gremiales.
La situación genera preocupación en el sector agrícola, especialmente entre los pequeños y medianos productores que han sido beneficiarios del programa Cambio Rural a lo largo de los años. La incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa y la pérdida de profesionales especializados en el territorio plantean interrogantes sobre cómo se continuará brindando apoyo a este segmento crucial del agro argentino.
