Ya presentaron 3 denuncias contra los funcionarios libertarios que recibieron préstamos del Banco Nación

Ya hay 3 denuncias penales contra los funcionarios del Gobierno de Javier Milei y las autoridades del Banco Central involucradas en el escándalo por la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación. ¿Quiénes son los denunciados?

El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina otorgados a funcionarios del gobierno de Javier Milei no para de escalar. Ya se presentaron tres denuncias penales ante la Justicia federal.

Las presentaciones quedaron radicadas en los tribunales de Comodoro Py, donde ya se investiga si hubo irregularidades o trato preferencial en el acceso a préstamos millonarios por parte de quienes integran o integraron el oficialismo.

¿Qué dicen las denuncias?

La primera presentación llegó a manos del juez Daniel Rafecas y fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, conocido también por haber sido el primer denunciante de las coimas en la ANDIS.

En esta oportunidad, Díaz Pascual apuntó contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Una segunda denuncia, presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón, recayó en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti. Esta presentación amplió el foco: además de Tillard, incluyó entre los denunciados a varios de los funcionarios beneficiarios de los préstamos.

Los delitos señalados en este caso son negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, abuso de autoridad, defraudación por administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público. La tercera denuncia cayó en el juzgado de Ariel Lijo.

Según fuentes de Comodoro Py, será Lijo quien concentre la investigación de las tres causas bajo el principio de conexidad. Rafecas ya le remitió la denuncia que le había correspondido por sorteo, y se espera que Capuchetti haga lo propio. El fiscal designado para el caso será Gerardo Pollicita, el mismo que ya investiga los vuelos del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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El eje está puesto en funcionarios del BCRA

Una de las aristas más delicadas del caso involucra al Banco Central de la República Argentina (BCRA). La denuncia de Díaz Pascual señala que dos de los beneficiarios de los préstamos (Federico Furiase y Pedro Inchauspe) eran directores del BCRA en el momento en que obtuvieron los créditos.

El Banco Central es precisamente el organismo encargado de supervisar el funcionamiento de entidades como el Banco Nación, lo que abre la puerta a un posible conflicto de intereses.

En ese marco, la denuncia pide que se investigue si Curuchet, quien tenía a su cargo la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, cumplió con sus obligaciones de supervisión en estos casos.

La normativa del BCRA establece que las entidades financieras deben realizar un análisis integral del deudor antes de otorgar cualquier asistencia crediticia, verificando ingresos, patrimonio, antecedentes y capacidad real de repago.

La presentación también pone el acento en el rol de Furiase y del director del BICE Felipe Núñez, dado que (según el texto) la conducción del Banco Nación está vinculada a las decisiones del Ministerio de Economía, cartera con la cual ambos mantenían vínculos directos.

Desde el Gobierno respondieron que el BCRA regula el sistema en su conjunto, pero no interviene en créditos individuales, que son definidos por cada entidad según su propia política comercial.

También sostuvieron que no existe ninguna norma que impida a los funcionarios ser usuarios del sistema financiero y que, en ausencia de intervención directa, no hay conflicto de intereses. Esa última afirmación es la que deberá evaluar la Justicia.

El escándalo de los préstamos del Nación

El detonante del escándalo fue la difusión pública de una nómina de funcionarios y legisladores oficialistas que habían accedido a créditos hipotecarios de alto monto en los últimos dos años.

Los datos provienen de la Central de Deudores del BCRA, una fuente de acceso libre, pero cobraron visibilidad masiva cuando fueron sistematizados por la plataforma ¿Cuánto deben?, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot.

Al cruzar esa información con las declaraciones juradas patrimoniales, fue posible rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados y senadores.

Los casos que generaron mayor atención son los que combinan préstamos de mayor cuantía con inconsistencias llamativas entre el patrimonio declarado y el crédito obtenido.

Entre los funcionarios más mencionados figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con un crédito tomado en febrero de 2025 por $373 millones (aproximadamente US$315.000).

También aparece Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un préstamo de $367 millones obtenido en agosto de 2025. El caso más cuantioso de los mencionados corresponde a Pedro Inchauspe, director del BCRA, con un crédito vigente desde diciembre de 2025 por $510 millones (US$345.000 aproximadamente).

La lista se extiende hacia otros nombres del ecosistema oficial. Emiliano Mongilardi, director de YPF, figura entre los beneficiarios, al igual que Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial (la cuenta de X financiada por el Estado para señalar a medios opositores), con un crédito de $113 millones.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, recibió un préstamo de $207 millones en septiembre de 2025, y sostiene que lo destinó a la adquisición de su primera vivienda.

En el ámbito legislativo, los diputados de La Libertad Avanza Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni también integran la nómina de beneficiarios. De hecho, Villaverde recibió el préstamo luego de que inicialmente fuera rechazada.

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Las idas y vueltas del oficialismo

El caso ya tuvo consecuencias concretas dentro del Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó al jefe de Gabinete de esa cartera, Leandro Massaccesi, luego de que su nombre apareció en la lista.

Desde la Casa Rosada intentaron desvincular la salida del funcionario de la controversia por el crédito, aunque sin precisar cuál fue el motivo real. El propio Massaccesi realizó un descargo que da a entender que la causa de su remoción sí fue el escándalo.

Ante las críticas de la oposición, el ministro Caputo salió a defender públicamente a sus colaboradores: “No tienen ventaja respecto del resto”, aseguró durante una entrevista, en la que también habló de un complot de los medios contra el gobierno libertario.

El canciller Pablo Quirno también respaldó al banco a través de sus redes sociales, señalando que “las tasas y condiciones son para todos los que cumplen los requisitos, entre ellos cobrar sus sueldos en el banco”.

El equipo de auditoría del Banco Nación, encabezado por Darío Wasserman, trabajó durante el fin de semana para revisar cada uno de los casos involucrados y elaboró un informe interno para presentar ante la Justicia en cuanto sea requerido.

Vale mencionar que Wasserman es un empresario inmobiliario que en 2023 se acercó a los hermanos Milei y colaboró con la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. En la lista de legisladores porteños por La Libertad Avanza estuvo su esposa, Pilar Ramírez, luego titular del bloque libertario.

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