El gobierno de Javier Milei logró quórum y dio inicio la sesión del senado en la que La Libertad Avanza busca convertir en ley la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en una jornada marcada por protestas y represión de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Javier Milei logró el quórum necesario y el Senado de la Nación comenzó a sesionar poco después de las 11 horas de este viernes para tratar dos proyectos clave del oficialismo: la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Si ambas iniciativas son aprobadas, quedarán sancionadas definitivamente como ley. La jornada transcurre en un clima de alta tensión: desde temprano, la Policía reprimió a manifestantes en el centro porteño y decenas de organizaciones sindicales y sociales marchan hacia el Congreso para repudiar las iniciativas.
Con 40 senadores presentes en sus bancas, la Cámara alta alcanzó el número mínimo requerido para iniciar la sesión. El quórum se consolidó con el acompañamiento de bloques aliados al oficialismo: senadores de la Unión Cívica Radical, del PRO y otros socios habituales de La Libertad Avanza se sumaron para habilitar el debate.
El bloque mayoritario del peronismo, que conduce José Mayans, se incorporó a la sesión una vez que ésta ya había comenzado. Los senadores del bloque por Santa Cruz (dos en total) fueron los únicos que permanecieron fuera del recinto en la apertura.
La sesión se enmarca en el tramo final de las extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y representa el último movimiento parlamentario antes del discurso presidencial del 1 de marzo, cuando Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período ordinario.
Según el esquema acordado en la labor parlamentaria, primero se tratará el Régimen Penal Juvenil y luego la Reforma Laboral. Se espera que el primer proyecto concentre la mayor parte del debate, dado que el segundo llegó con modificaciones desde Diputados y su tratamiento en el Senado se limitará a aceptar o rechazar esos cambios.
El oficialismo se mostraba confiado antes del inicio de la sesión en contar con los votos suficientes para la aprobación en general de ambos textos, aunque reconocía que el debate en particular del Régimen Penal Juvenil podría generar reparos en algunos bloques aliados por posibles vacíos legales en la redacción final.
¿Qué implica el Régimen Penal Juvenil?
El proyecto del Régimen Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y redefine el esquema de respuesta del Estado ante delitos cometidos por adolescentes. Llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado hace dos semanas con 149 votos a favor y 100 en contra.
El texto establece una pena máxima de 15 años de prisión para los delitos más graves, entre ellos homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.
Para casos de menor gravedad se contempla reemplazar la privación de libertad por medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricción para conducir vehículos o frecuentar ciertos establecimientos, prohibición de salida del país y prestación de servicios a la comunidad.
La norma también establece que los menores condenados deberán cumplir sus penas en institutos especiales para adolescentes, con prohibición expresa de convivencia con detenidos adultos. Se fija la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena cumplida.
Entre los objetivos declarados del proyecto figura “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Para ello se contemplan instancias de capacitación, recreación y deporte, además de atención médica y contención por adicciones. La ley también reconoce los derechos de las víctimas dentro del proceso, garantizando asistencia psicológica y participación en instancias relevantes del trámite judicial.
Las promesas de la norma generan cierto grado de escepticismo, porque para que se concreten requerirían un nivel de inversion en infraestructura y servicios estatales que va a contramano con el ajuste que hasta ahora viene llevando adelante el gobierno.
El tratamiento del proyecto sufrió un corrimiento en el calendario: estaba previsto para el jueves, pero se postergó al viernes luego de que en la labor parlamentaria emergieran puntos sensibles.
Algunos bloques aliados pusieron el foco en los mecanismos alternativos a la cárcel, como la prisión domiciliaria, y en la posibilidad de que menores actualmente detenidos pudieran reclamar condiciones más favorables si la nueva ley entrara en vigencia.
El dilema para el oficialismo es que cualquier modificación en el articulado obligaría a reabrir la negociación y comprometería la sanción dentro del período extraordinario.
El Senado dio media sanción a las modificaciones de la Ley de Glaciares
Reforma Laboral: banco de horas, indemnizaciones y plataformas
La Reforma Laboral regresa al Senado luego de pasar por la Cámara de Diputados, donde los legisladores eliminaron el artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad. El resto del articulado se mantuvo sin cambios. La norma había sido aprobada previamente en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra.
Uno de los cambios más discutidos es el llamado banco de horas: el proyecto habilita que las horas trabajadas por encima de la jornada legal puedan compensarse con descansos futuros en lugar de abonarse como horas extras, siempre que exista acuerdo escrito entre empleador y trabajador o en el marco de la negociación colectiva.
Se preservan descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. En esencia, esto habilita indirectamente jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, siempre y cuando cumplan con el tiempo de descanso aprobado.
En materia de indemnizaciones, se modifica el sistema vigente: las compensaciones quedarán sujetas a la inflación con un plus del 3% anual, y se excluirán del cálculo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros rubros adicionales.
Se crea además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de capitalización individual compuesto por aportes del 3% del salario del trabajador. Las grandes empresas deberán contribuir con el 1% y las pymes con el 2,5%. El fondo pasará a recibir fondos que previamente iban a ANSES.
La norma también introduce modificaciones en el régimen de vacaciones, habilitando su fraccionamiento en períodos de un mínimo de 7 días. Los salarios podrán abonarse en pesos, moneda extranjera o incluso en especie.
Se promueven además los pagos por mérito y productividad por sobre las negociaciones colectivas del salario básico, y se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, poniendo fin al mecanismo que permitía que un acuerdo laboral continuara vigente más allá de su fecha de vencimiento hasta que se negociara uno nuevo.
En cuanto a los trabajadores de plataformas, el proyecto reglamenta sus condiciones, obligaciones y garantías, y establece como obligatorio contar con un seguro de salud mientras se trabaja, aunque deja a cargo de las partes definir quién lo financia mediante “libre acuerdo” entre la plataforma y el trabajador.
Otro punto relevante es la incorporación de las telecomunicaciones, hospitales, aeronáutica comercial, educación en todos sus niveles (salvo el universitario), y otros sectores a la lista de servicios esenciales, que deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento normal ante medidas de fuerza. Lo que representa un bloqueo a las protestas.
Se incluye también un régimen de blanqueo laboral con incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que incorporen desempleados o monotributistas, y una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.
Por último, se establece que a partir del 1 de enero de 2028 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dejará de contar con fuentes automáticas de financiamiento (como el porcentaje sobre entradas de cine o el aporte del ENACOM) y pasará a depender exclusivamente de partidas presupuestarias.
El oficialismo aprobó la reforma laboral en Diputados y ahora el proyecto volverá al Senado
La jornada arrancó con represión en el Obelisco
Antes de que comenzara la sesión, la jornada ya registraba episodios de tensión en las calles porteñas. Cerca de las 8 de la mañana, la Policía de la Ciudad intervino sobre manifestantes que habían cortado la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco para protestar contra la reforma laboral y reclamar por los despidos en distintos sectores productivos.
Entre los presentes había docentes, médicos del Hospital Garrahan y trabajadores desvinculados de empresas como Ilva, Lustramax, Georgalos y Fate. El operativo, enmarcado en el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional, derivó en empujones, uso de gas pimienta y disparos de balas de goma, lo que generó corridas en los alrededores del Obelisco.
El jefe de la Policía de la Ciudad sostuvo que los efectivos “no tenían directivas” para desalojar a los manifestantes, aunque los oficiales terminaron dispersándolos cuando ya se estaban retirando.
En paralelo, trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana a la altura de San Fernando, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Un operativo de Gendarmería habilitó en un primer momento un carril para el tránsito, hasta que los propios manifestantes resolvieron liberar completamente la autovía.
Luego de los incidentes en el Obelisco, las columnas se desplazaron hacia el Congreso, donde las fuerzas de seguridad montaron un férreo operativo perimetral.
El Gobierno dispuso un perímetro de seguridad exclusivo para la prensa en torno al edificio parlamentario y se recomendó evitar las calles aledañas: Avenida de Mayo, Rivadavia, Entre Ríos, Callao, Combate de los Pozos, Solís, Montevideo, Rodríguez Peña y Virrey Cevallos.
La movilización hacia el Congreso es encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los Aceiteros, los Aeronáuticos y más de cien organizaciones gremiales. El frente se concentró desde las 10 en Avenida de Mayo y Salta.
ATE convocó además a un paro nacional de 24 horas a partir de la medianoche, con cese de actividades a las 9 en la Ciudad de Buenos Aires, asambleas y radios abiertas en todo el país.
La CGT, en cambio, decidió no convocar ni al paro ni a la marcha de este viernes. Tras una reunión en la sede de UPCN, la central obrera resolvió dar por descontada la aprobación de la reforma laboral y concentrar su estrategia en el plano judicial. El lunes próximo convocarán a una movilización al Palacio de Tribunales.
