La cúpula de la CGT y el bloque de senadores peronistas se reunieron para acordar una estrategia de cara al tratamiento de la reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso. ¿Qué cuentas hacen el oficialismo y la oposición en el Senado?
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles con senadores del bloque peronista para delinear una estrategia conjunta de rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El encuentro, que se extendió durante más de dos horas en el despacho de José Mayans en el Senado, tuvo como objetivo coordinar acciones en tres frentes: el sindical, el legislativo y el comunicacional.
Del cónclave participaron los integrantes del triunvirato cegetista Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Recibimos a la conducción de la @cgtoficialok para analizar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei y trazar una estrategia común.
Acordamos rechazar cualquier propuesta que perjudique a los trabajadores y sus organizaciones.
Necesitamos un reforma laboral que… pic.twitter.com/F5FB2Z3MJ9
— Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) December 11, 2025
Por el lado legislativo estuvieron presentes senadores como Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Alicia Kirchner, junto a diputados de extracción sindical como Vanesa Siley y Hugo Yasky. El objetivo central del encuentro fue articular un plan de acción ante la inminencia del debate parlamentario.
La estrategia contempla varias etapas: primero, unificar criterios sobre el diagnóstico de la propuesta oficial y encarar una campaña comunicacional; segundo, presentar una contrapropuesta propia, una versión peronista de la reforma; y finalmente, conseguir los votos necesarios en el Senado para frenar la sanción del proyecto.
Tras el encuentro, desde el espacio indicaron que “acordamos rechazar cualquier propuesta que perjudique a los trabajadores y sus organizaciones”. “Necesitamos una reforma laboral que realmente se adapte a el mundo del trabajo actual, no una que quite los derechos adquiridos como pretende este gobierno”, agregaron.
Por su parte, Jerónimo fue categórico respecto al diálogo con el oficialismo: “No hay diálogo con el Gobierno. Hasta ahora todo lo que dejó trascender el Gobierno fue siempre unilateral. Nosotros creemos que hay que construir un ámbito en el cual se discuta la modernización, pero tenemos que hacerlo sobre un proyecto de trabajo”.
El peronismo cuenta con 28 votos propios y espera sumar a la dupla de Santa Cruz (Natalia Gadano y José Carambia), lo que les daría 30 bancas. Para bloquear la reforma necesitan seis votos adicionales, que podrían encontrar en los espacios provinciales. Si logran reunir 36 senadores, podrían impedir el quórum necesario para que se trate el proyecto.
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Las idas y vueltas del gobierno de Javier Milei
Mientras tanto, el gobierno enfrenta sus propias dificultades para avanzar con la iniciativa. La demora en la presentación del proyecto oficial obligó a Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, a postergar el inicio del debate que tenía previsto para esta semana. Recién este jueves Milei firmó el proyecto para enviarlo a la Cámara alta.
La dilación responde a una interna libertaria entre Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y el ala política encabezada por Santiago Caputo y Martín Menem, asesor presidencial y presidente de la Cámara baja, respectivamente.
Sturzenegger impulsaba incluir la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias, el punto más delicado de la negociación con los sindicatos, pero Caputo y Menem apostaron a tender puentes con la CGT para evitar un enfrentamiento abierto. El vocero Manuel Adorni anunció públicamente que la versión final del proyecto no incluirá el tema de las cuotas solidarias.
Con suerte, el debate comenzará la semana próxima. Bullrich había prometido a Karina Milei tener una media sanción antes de fin de año, pero la resistencia de la CGT complica el panorama.
El oficialismo confía en contar con 34 votos como piso: los 20 legisladores libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados. Sin embargo, necesitan tres votos más y no será sencillo conseguirlos.
El problema radica en que, con la CGT en contra, resultará difícil pedirles a los partidos provinciales que se enfrenten con los gremios de sus territorios. Casos como el de Santa Cruz, cuyo gobernador Claudio Vidal proviene del sindicato petrolero, o Salta, donde el gremio minero tiene fuerte presencia, complican las cuentas oficialistas.
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La CGT se desmarca del Consejo de Mayo
Paralelamente a las gestiones parlamentarias, la central obrera emitió un comunicado oficial calificando la reforma como una iniciativa “fragmentada y regresiva respecto de los derechos e intereses de las trabajadoras y de los trabajadores”.
El documento sostiene que las propuestas “vulneran la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, principios fundamentales del mundo del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo”.
La CGT también cuestionó el informe del Consejo de Mayo (el organismo creado y conformado por Milei a través de decretos) publicado por el gobierno, que sugería el aval de Gerardo Martínez a ciertos puntos de la reforma.
Fuentes sindicales denunciaron que se trataba de “un párrafo con malicia política” y aclararon que la propuesta de reescribir la Ley de Contrato de Trabajo fue planteada por el representante de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y no por el delegado cegetista.
Entre los principales puntos de preocupación sindical figuran la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa sobre los de actividad, y las restricciones al derecho de huelga.
El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de cobertura en caso de paro, y los de importancia trascendental un 50%. Además, pretende sumar multitud de rubros a esta categoría, lo que representa una obturación a medida de fuerza.
