La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusará al juez Julián Ercolini, uno de los magistrados que volaron a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, quien estaba a cargo de la causa en la que se investiga la persecución de la AFIP macrista contra la expresidenta y su familia. Además, la fiscal Paloma Ochoa apeló el sobreseimiento dictado por Ercolini al ex ministro Garavano por las coimas a Vandenbroele.
La persecución de la AFIP macrista
Durante el gobierno de Cambiemos, se diseñó desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una táctica específica para intentar enjuiciar a CFK y también se interroga sobre la situación de su hija Florencia, para involucrarla en alguna denuncia.
La propia Cristina había iniciado la causa por estas maniobras ilegales, y el expediente había caído en para Ercolini, quien subroga el juzgado que ocupaba el fallecido Claudio Bonadio, e interviene la fiscala Paloma Ochoa.
La expresidenta pidió apartar al magistrado por estar involucrado en el viaje que reunió a jueces, funcionarios porteños, exespías de la AFI, publicistas y directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.
“He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos“, anunció la vicepresidenta sobre la presentación que se realizará este martes.
He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos https://t.co/V2dKFdqWGC
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 12, 2022
Y añadió, en su hilo de Twitter:
“La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo”.
“La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom“, completó la vicepresidenta.
La causa se originó a raíz de un mail entregado a la Justicia durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont y en el que se demuestra que la AFIP macrista organizó un “grupo de tareas” para perseguir a la exPresidenta, a su familia y a empresarios.
En ese correo, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime Mecikovsky diseñó una estrategia para perseguir a opositores y así armar causas judiciales. También quedaron imputados los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
La Vicepresidenta también compartió a través de la red social el documento de recusación donde la querella detalla que:
“En el marco de una auditoría interna practicada por el ente recaudador, pudo establecerse que la AFIP, bajo la conducción de Alberto Abad y Leandro Cuccioli diagramó múltiples acciones ilegales para perseguir y hostigar a la familia Kirchner, incurriendo, entre otros, en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita“.
En ese sentido, se subrayó que estos delitos investigados:
“No constituyen episodios aislados, sino antes bien forman parte de un conjunto de acciones delictivas concertadas desde las más altas esferas del anterior Gobierno Nacional“,
Y destacaron que en el seno de este gobierno encabezado por Mauricio Macri:
“Se conformó una mesa judicial que, en conjunto con grupos mediáticos y Jueces y Fiscales cómplices, llevaron a cabo una feroz persecución en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner y su familia”.
Coimas a Vandenbroele
La mencionada Mesa Judicial macrista no se limitó a la dos veces presidenta y su familia, sino que hubo una persecución sistemática de varios ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
Uno de los casos más emblemáticos fue la causa Ciccone y el encarcelamiento del ex vicepresidente Amado Boudou. Se trata de otra causa en la que también intervino Ercolini.
En este expediente que investiga las irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, “arrepentido” del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados, el juez federal sobreseyó al exministro de Justicia del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Garavano.
Esta resolución judicial fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa, la misma que también interviene en el caso de la AFIP macrista.
El sobreseimiento –apelado este lunes– había sido dictado por Ercolini el 2 de diciembre y también benefició a Alejando Lagos, quien fuera director del programa de protección de testigos, y al propio Vandenbroele. Para los tres imputados la fiscalía había solicitado declaración indagatoria.
Para Ochoa, los exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri habrían cometido los delitos de Abuso de autoridad y Defraudación a las arcas públicas, dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de dos años contra los seis meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.
En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la que resultó condenado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de Administración infiel.
Al dictar el sobreseimiento de los imputados, Ercolini se valió de los descargos escritos que formularon durante el trámite de la causa y evitó así llamarlos a indagatoria.
En su presentación escrita Garavano había asegurado que no podía conocer lo que ocurría con el legajo de Vandebroele porque era secreto y que únicamente se limitó a firmar dos resoluciones para autorizar pagos.
“Respetuosamente, dicha afirmación configura un manifiesto contrasentido y violenta la ley vigente. Si la ley pone en estricta cabeza de quien ejerza el Ministerio de Justicia la autorización de determinadas erogaciones, es precisamente para que previo a autorizarla, ejerza el debido control republicano”, afirmó la fiscal Ochoa al apelar el sobreseimiento.
Para la fiscalía, Garavano reconoció en su descargo que:
“Autorizó erogaciones millonarias sin haber controlado su racionalidad y consecuente justificación en antecedentes fácticos y normativos conforme exige el artículo 10 de la ley 25764 (…) Corresponde señalar que el resguardo del secreto de datos objetivos (nombre del protegido, dirección, etc.) en modo alguno configura un obstáculo al deber de control para el cual fuera convocado por ley”.
Del legajo de Vandenbroele surge la detección de “una multiplicidad de vicios e irregularidades conocidas” por Lagos y Garavano, a quienes la fiscalía les acusó también de haber tomado la decisión deliberada de no activar los procesos de expulsión que marca la ley ante el incumplimiento de las pautas que marca el programa.
Ochoa sostuvo que Vandenbroele “mintió al programa e incumplió sistemáticamente los parámetros de conducta, conforme documentaron los operadores, razón suficiente para que fuera iniciado del proceso de exclusión”.
A modo de ejemplo, la fiscal citó que los operadores del programa informaron que:
“El día 4 de enero de 2018 Vandenbroele, aduciendo con engaño una autorización inexistente se movilizó solo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección”.
Ya en el primer el dictamen presentado en febrero ante el juzgado federal 11, que subroga Ercolini, la fiscal había detallado que a Vandenbroele “se le brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”, y que el imputado accedió a pagos en “forma injustificada“, como los 840 mil pesos para un proyecto hotelero, “Posada La Masía“, en Mendoza.
También hubo un desembolso de 200 mil pesos por “honorarios a fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva de Vandenbroele por ante la AFIP”, detalló la fiscal.
