El Gobierno de Javier Milei profundizó el torniquete monetario tras el fracaso de la licitación de deuda del miércoles pasado, y ahora apuesta a forzar a los bancos a comprar los bonos que habían rechazado adquirir cuando eran libres.
El equipo económico de Javier Milei decidió endurecer drásticamente las condiciones del sistema financiero después del traspié en la renovación de deuda del miércoles, cuando el Tesoro solo logró colocar el 61% de los 15 billones de pesos que necesitaba refinanciar.
La respuesta oficial fue inmediata: subir los encajes bancarios por segunda vez en menos de un mes y obligar a las entidades a comprar con esos fondos inmovilizados los bonos que habían rechazado adquirir de forma voluntaria.
La estrategia combina dos medidas coordinadas entre el Banco Central (BCRA, en manos de Santiago Bausili) y la Secretaría de Finanzas (encabezada por Pablo Quirno). Por un lado, la Comunicación A8302 del BCRA incrementó los encajes del 45% al 50% y modificó su forma de cálculo, pasando de un promedio mensual a un cumplimiento diario obligatorio.
Por otro, la Secretaría de Finanzas programó una licitación extraordinaria para el lunes 18 de agosto, donde solo ofrecerá un bono con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 y tasa TAMAR, específicamente diseñado para que los bancos puedan cumplir con los nuevos requerimientos de encajes.
El objetivo central es mantener el dólar dentro de la banda de flotación y evitar que los 6 billones de pesos no renovados en la licitación fallida presionen sobre la cotización de la divisa. Luis Caputo y Santiago Bausili, ministro de Economía y presidente del BCRA respectivamente, buscan “secar de pesos” la economía para desalentar la dolarización de los ahorristas, que compraron 6.726 millones de dólares desde la apertura del cepo en abril hasta fines de junio.
La medida permite que el 3% adicional de los encajes se integre con títulos públicos adquiridos en las licitaciones especiales, pero obliga a las entidades a mantener reservas por encima de ese porcentaje para cubrir fluctuaciones de mercado. Esto restringe aún más la liquidez disponible y presiona al alza las tasas de interés para evitar las multas que establece el BCRA por incumplimientos.
El dólar oficial reaccionó inmediatamente a las medidas, desplomándose momentáneamente por debajo de los 1.300 pesos antes de cerrar en 1.310 pesos. Sin embargo, las tasas de cauciones se dispararon al 74% en el mercado minorista y 78% en el Mercado Abierto Electrónico, reflejando la extrema escasez de liquidez que genera el nuevo esquema.
Caputo ofreció tasas siderales, pero apenas logró renovar el 61% de los vencimientos de deuda en pesos
Tensión y críticas del sector financiero
La decisión gubernamental generó una fuerte reacción negativa en el sistema financiero, donde se multiplicaron las críticas por lo que varios operadores calificaron como un “corralón”, en referencia a las medidas restrictivas aplicadas durante la crisis de 2001.
La tensión escaló hasta el punto de que el BCRA convocó de urgencia a una reunión virtual con más de 200 representantes de las principales cámaras y entidades financieras. “Metieron un corralón“, fue una de las frases que circuló entre los banqueros tras conocerse las medidas.
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Extranjeros (ABE), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) y la Asociación de Bancos de Empresas (Adeba) participaron del encuentro virtual, que según los asistentes “no terminó bien”.
“No nos dejaron opinar. Tienen un problema político, que pretenden resolver con un apretón monetario. Esto puede producir un caos. Están secando al sistema financiero. Nos destruyeron las acciones en Wall Street”, se quejó uno de los banqueros que participó de la videoconferencia, según consignaron fuentes del sector.
Los principales cuestionamientos se centraron en el cambio del cálculo de encajes, que ahora debe cumplirse diariamente en lugar del promedio mensual anterior. Esta modificación inmoviliza saldos todos los días y encarece la operatoria en un mercado que ya enfrentaba severa escasez de liquidez.
Además, si una entidad incurre en incumplimiento durante un solo día del mes, el período completo se computa como incumplido, y si la situación se repite durante tres períodos consecutivos, se aplicarán sanciones severas.
Las entidades financieras también expresaron preocupación por las intervenciones del Gobierno en la administración de los fondos de los ahorristas, alertando sobre posibles problemas de insolvencia si deben soportar salidas masivas de depósitos que busquen dolarizarse.
Con las nuevas reglas, los bancos que necesitaban renovar alrededor de 2 billones de pesos para cumplir con los encajes anteriores deberán sumar otros 4 billones adicionales.
Desde Max Capital no ahorraron críticas, recordando que desde la eliminación de las Lefis hace apenas un mes, la estrategia oficial es errática y que anunciar cambios por redes sociales después de las 20 horas no ayuda a la previsibilidad. “El esquema de política monetaria se ha vuelto cada vez menos claro“, resumieron.
En este contexto, Milei aseguró que elaborará él mismo el programa monetario y financiero para lo que resta del año, confirmando las versiones que circulaban en el mercado sobre que el Presidente se enteraba de las medidas después de decididas por Caputo y Bausili.
Caputo intentó justificar las medidas con explicaciones técnicas sobre teoría monetaria, afirmando que el BCRA monitorea el M2 transaccional solo como referencia y que la política monetaria es “simple y basada en reglas“.
Sin embargo, la respuesta del mercado fue contundente: “Esto es un desastre. Cuando era macrista defendía la independencia del BCRA como dogma, y ahora explica él mismo la política monetaria del Central“, afirmó un operador financiero.
El FMI le tiró un salvavidas de 2 mil millones de dólares al gobierno en medio de la escalada del dólar
El impacto en los mercados financieros
La reacción de los mercados financieros fue inmediata y severa. Los ADRs (certificados de depósito argentinos) que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta un 9,6%, liderados por los papeles bancarios. Grupo Supervielle perdió 8,7%, Grupo Financiero Galicia cayó 5,3% y BBVA se hundió 4,2%.
En el mercado local, el S&P Merval cedió 4,4% a 2.186.137,17 puntos básicos, mientras que medido en dólares la baja fue del 2,9%, la mayor caída desde el 11 de julio. En la semana, el índice líder de BYMA bajó 4,9% en pesos y 2,1% en moneda dura.
Las acciones más castigadas fueron Grupo Supervielle (-9,6%), Telecom (-8,4%), Metrogas (-7,4%), Edenor (-7%) y Grupo Financiero Galicia (-5,7%). La performance de los papeles bancarios reflejó directamente el impacto de las nuevas regulaciones sobre el patrimonio de las entidades y sus perspectivas de rentabilidad.
Los bonos en dólares también registraron caídas generalizadas de hasta 0,8%, encabezadas por el Bonar 2038 y el Bonar 2035, seguidos por el Global 2035 (-0,7%) y el Global 2029 (-0,6%). El riesgo país cedió 11 unidades a 711 puntos básicos según la medición de J.P. Morgan.
El economista Eric Paniagua explicó que la baja de la renta variable se debe a los balances bancarios que “no han sido alentadores“, combinado con el “nerviosismo por las elecciones” y los últimos cambios imprevistos de rumbo del equipo económico. Jorge Neyro añadió que se sumó el mal panorama en Wall Street tras el dato de inflación mayorista de Estados Unidos, que fue del 3,3% interanual y se ubicó casi un punto por encima de lo esperado.
El sales trader de Grupo IEB, Nicolás Cappella, resumió la jornada: “En definitiva, las idas y vueltas de estos días generaron más incertidumbre que certezas en el mercado y la rueda de hoy fue un reflejo de eso, con los bonos hard dollar, ADRs y curva pesos, con fuertes rojos“.
Los mercados interpretaron las medidas como una señal de desesperación del equipo económico ante el fracaso de la estrategia de agregados monetarios y tasas endógenas que habían promocionado apenas días antes. La presión sobre el sistema financiero y la intervención forzada sobre los fondos de los ahorristas generaron dudas sobre la sustentabilidad del esquema y la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad hasta las elecciones legislativas de noviembre.
