CABA: La comunidad educativa en pie de guerra ante las intimidaciones del gobierno de la ciudad

Estudiantes de 25 colegios porteños tomaron los edificios escolares en reclamo de “viandas dignas”, mejoras edilicias y de seguridad como también contra las pasantías obligatorias y no remuneradas para estudiantes y también en rechazo a la exigencia del gobierno de CABA para que los docentes trabajen los sábados. La respuesta del gobierno porteño fue la intimidación a las familias, la judicialización del conflicto y el uso de la Policía para amedrentar a los estudiantes.

El viernes pasado los estudiantes de la Escuela Mariano Acosta tomaron el colegio hasta la mañana de este martes, en una medida de fuerza que se replicó en más de 20 instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los reclamos

Los alumnos que participan de las tomas y pernoctes reclaman que se apruebe el proyecto de “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas” y piden “viandas dignas” para los estudiantes, ya que “con hambre no se puede estudiar“.

Otro de los planteos de los estudiantes es contra las prácticas laborales obligatorias y no remuneradas implementadas por el ministerio de Educación porteño -a cargo de Soledad Acuña– para los alumnos de los últimos años del secundario.

Asimismo, los estudiantes rechazan la decisión dispuesta por la cartera que dirige Acuña para que los docentes trabajen los sábados y exigen mejoras edilicias y mayor seguridad en los establecimientos.

La precarización disfrazada de pasantía

Alumnas de secundaria que asisten a una supuesta actividad laboral bilingüe y terminan lavando platos en un hotel, estudiantes que sirven café, otros que preparan sánguches en frigoríficos u oficinas. Son solo algunas de las denuncias de irregularidades en las pasantías denominadas “Actividades de Aproximación al mundo laboral” (ACAP) que impulsa el gobierno porteño.

Los centros de estudiantes advierten que, tal como está planteado, el sistema obligatorio solo sirve como “puerta de entrada a la precarización” y piden que la ministra de Educación Acuña revea la política de acercamiento al mundo laboral escuchando sus voces.

Como si esto fuera poco, los estudiantes denuncian que estas pasantías obligatorias se realizan en horario escolar, por lo que se pierde contenido educativo que no se recupera.

La respuesta del gobierno porteño

Lejos del diálogo solicitado, el Gobierno porteño primero acusó a los docentes de incentivar las protestas en los colegios y luego puso en marcha el infame protocolo “anti-toma” que entró en vigencia años atrás. Incluso a pesar de que la normativa no lo indique claramente, denunció penalmente a los padres de los alumnos que llevan adelante los reclamos.

La ministra Acuña afirmó que hay:

“(supuestos) manuales que están circulando con instrucciones para tomar colegios, que está repartiendo el kirchnerismo a través de su sindicato UTE (sic) y de sus legisladores del Frente de Todos”.

La denuncia se efectivizó en la noche del lunes:

“Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño.

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña.

Además, las familias de los estudiantes denuncian el uso de la Policía de la Ciudad para amenazar y amedrentarlos en sus hogares y escuelas. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse.

Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan “cientos” de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa.

El personal policial les preguntaba a los alumnos sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insisitente requerimiento policial en las puertas de los colegios.

Repudios a Acuña

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos desmintió públicamente a Acuña, y calificó de “absurdas” las acusaciones sobre repartir “manuales que tienen discursos para que los chicos repitan” y “todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela“.

El bloque del FdT respaldó los reclamos de los estudiantes, pidió a Acuña que abandoné la persecusión política y la campaña electoral y convoque a instancias de diálogo para resolver los reclamos.

No existen dichos manuales ni ninguna acción de este bloque tendiente a ‘fogonear’ las tomas, tal como ella acusa“, desacreditaron desde el bloque de legisladores las acusaciones de Acuña.

Con las firmas de Taty Almeida y Nora Cortiñas a la cabeza, una larga lista de referentes y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la defensa de las infancias y adolescencias sumó su “repudio a la persecución del Gobierno de la Ciudad al movimiento estudiantil“.

“El ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún, por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello”, razonaron.

“No es con el Código Penal, ni las amenazas contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente estas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con les adolescentes”, dice el texto que lleva cientos de firmas.

Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dio a conocer este miércoles que denunció penalmente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministra de Educación “por la persecución policial e ilegal a estudiantes y sus familias y la criminalización de la protesta pacífica”.

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