El Gobierno nacional iniciará este martes a las audiencias públicas para analizar nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, con segmentación, a partir de junio. El objetivo oficial es desacelerar el crecimiento de los subsidios. Críticas a los aumentos desde diversos gremios y entidades de defensa de los consumidores.
A partir de las 10 horas de este martes se realizará la primera audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El miércoles se tratarán los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y el jueves se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el lapso 2022-2023.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió este lunes la baja de los subsidios energéticos que impulsa.
“En la Argentina el principal limitante para sostener el crecimiento económico es la restricción externa, la restricción de divisas, los dólares. Por eso es tan importante articular políticas que agreguen valor en la economía, que le permitan a la Argentina generar mas divisas. Hay cosas que ayudan a eso, como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay otras que no, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos”, aseguró.
La idea del gobierno
Lo acordado en el “Memorando de políticas económicas y financieras” firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento anual equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80% del CVS del año anterior.
En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social el tope es del 21,36% y para el resto trepa al 42,72%, con excepción del 10% más rico que dejará de percibir subsidios.
Este último grupo será el único que deberá afrontar un aumento en términos reales porque para el resto la suba quedará por debajo de la inflación y en términos reales la incidencia de la tarifa en la canasta hogareña de gastos seguirá reduciéndose, como ha venido ocurriendo durante los últimos tres años.
Como las tarifas ya aumentaron un 20% en marzo para todos los usuarios, desde la Secretaría de Energía informó que ahora la suba para cerca del 60% de los usuarios de gas será de 21,5%, mientras que en el caso de la luz el ajuste promedio llegará al 17%.
Los beneficiarios de la tarifa social, alrededor del 30% de los usuarios, no tendrán mayores aumentos de gas durante este año y para los de la luz el retoque será de 6%.
El mayor aumento recaerá sobre el 10% de mayor poder adquisitivo que dejará de percibir subsidios y deberá afrontar subas que podrían llegar al 200% ya que en la actualidad dos tercios de la tarifa está subsidiada.
Críticas a los aumentos
Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron este lunes un “minucioso análisis” y una revisión “a fondo” de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, y sostuvieron que el valor de éstas debe “razonable“, con “niveles de ganancias empresariales razonables” también.
Así lo expresaron a través de un pronunciamiento suscripto, entre otras organizaciones, por la CGT, la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes y la Federación De Trabajadores De La Economía Social (Fetraes).
Las organizaciones plantearon que, “para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad“, e indicaron que “un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad“, lo que implicó “una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas“.
En el texto de una solicitada anticipada a través de un comunicado de prensa, las entidades y organizaciones firmantes sostuvieron:
“Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino“.
“El precio de la energía es uno de los valores testigo centrales de la economía. Por ello, las tarifas de luz y gas deben tener un valor razonable, con niveles de ganancias empresarias razonables. Es central que no haya pocos que concentren mucha ganancia, y millones de argentinos y argentinas pobres con tarifas impagables”. remarcaron.
En este contexto, pidieron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, “evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía” y analizaron.
“Lo contrario, significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos”.
