Capuchetti se guarda expedientes reservados del caso y Martínez de Giorgi rastrea la "ruta del dinero" de los Caputo

La querella que representa a CFK en la causa por el atentado cuestionaron en duros términos la labor de la jueza María Eugenia Capuchetti -quien tiene 12 legajos con documentos reservados– y exigieron el secuestro de los celulares de las asesoras de Gerardo Milman. Por otra parte, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó que se levante el secreto bancario y bursátil para “reconstruir la ruta del dinero” de Caputo Hermanos a Revolución Federal.

Los letrados José Ubeira y Marcos Aldazábal, abogados de Cristina Fernández de Kirchner en las causas vinculadas al atentado del 1 de septiembre, ya no ocultan su descontento con el accionar de la jueza Capuchetti, quien se reserva información exclusivamente para ella.

La jueza federal tiene 12 legajos reservados en el expediente, según relató el periodista Néstor Espósito para el medio Tiempo Argentino. Se tratan de expedientes a los que no pueden acceder ni los querellantes, ni los defensores. Sólo la jueza conoce sus contenidos. Y en uno de ellos se encuentra el testimonio que involucra al diputado PRO Gerardo Milman.

“Es hora de buscar la verdad”

El viernes 28 de octubre, los abogados de CFK reiteraron su pedido a la jueza Capuchetti para que secuestre los celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.

Se trata de las asesoras de Milman que estaban con él cuando, según un testigo, dijo: “Cuando la maten yo voy a estar en la costa“.

El comentario fue 2 días antes del atentado y efectivamente Milman viajó a Pinamar, por lo que se abrió una línea de investigación para saber si el ex número 2 de Patricia Bullrich sabía con anterioridad del plan para asesinar a Cristina.

Los abogados de la vicepresidenta presenciaron las declaraciones de Bohdziewicz y Gómez Mónaco y pidieron en ese momento a la jueza que retuviera sus celulares como medida de prueba. La jueza Capuchetti se negó en el acto.

Ahora, los letrados de la titular del Senado presentaron un escrito donde critican duramente esa decisión de la jueza.

Los abogados remarcaron allí que esa medida, a la que la jueza no hizo lugar el día que ambas colaboradoras de Milman fueron escuchadas como testigos, era la única que permitiría probar o descartar la línea de investigación que se abrió a partir de la declaración del testigo que mencionó al legislador.

“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país“, remarcaron.

En la presentación se destacó además que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia de Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada, fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.

“El resto del testimonio (del testigo) se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo, la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada”, explicaron.

Aldazabal y Ubeira consideraron que, “más allá de lo que hicieran las partes“, la jueza debió “haber ordenado una medida indudablemente necesaria”, mientras que:

“Lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, “fundándolo” varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 Constitución Nacional”.

Al repasar la causa, los letrados de CFK relatan:

“Tenemos a un testigo que relató algo que se confirmó en su mayoría. Por otro lado, tenemos dos testigos que se contradijeron entre sí claramente (respecto del viaje a Pinamar) y cuya memoria espacial parece ser bastante mejor que la temporal, ya que una recuerda dónde estaba una mesa y cómo estaban sentadas pero sitúan en marzo eventos de agosto”.

“Casablanca, por su parte, parecía haber escapado de los recuerdos de ambas; al menos, hasta que vieron las fotos. Mientras todo lo que dijeron Bohdziewicz y Gómez Mónaco es distinto de lo que pasó y ambas se contradicen, todo lo que dijo el testigo se verificó”, señalaron.

Si nuestras expectativas están depositadas en que dos testigos delaten a su jefe, la investigación no llegará muy lejos”, advirtieron los querellantes al tiempo que exigieron: “Es hora de buscar la verdad“.

Los duros cuestionamientos a Capuchetti también señalaron la lentitud judicial. Las dos mujeres que trabajan con Milman, dieron su testimonio ante la jueza la semana pasada. Había pasado más de un mes desde la declaración del testigo en cuestión, el 23 de septiembre.

El accionar de Capuchetti alimenta el temor de la querella a que la pesquisa quede limitada sólo a sus autores materiales, olvidando sus vínculos e influencias en el mundo de la política.

La ruta del dinero de los Caputo

De forma paralela al expediente por el atentado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que se levante el secreto bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos para que la AFIP pueda aportar “la totalidad de la facturación electrónica” en lo referido a las transferencias bancarias millonarias que se realizaron desde la firma al detenido referente de Revolución Federal, Jonathan Morel y dos allegadas a él.

El magistrado dispuso también “comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero” en relación a los 50 mil dólares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa que investiga las amenazas y actos violentos del grupo de odio.

Por otro lado, se pidió a distintos bancos el envío de información sobre transferencias realizadas por Caputo Hermanos S.A., propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri, desde mayo de 2021 al presente a cuentas bancarias de los investigados.

La decisión se da en medio de la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita para que se lleven adelante nuevas medidas de prueba.  Estas nuevas diligencias podrían guardar vinculación con la causa por el intento de magnicidio.

De Giorgi aclaró que la medida se llevará adelante “únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación” requerida para llevar adelante la investigación.

El fiscal consideró que la organización Revolución Federal fue “uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre”.

Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos, había intentado desligarse de la violenta organización ultra derechista el lunes de la semana pasada, a través de un escrito presentada a la Justicia. Pero las inverosímiles explicaciones que dio sembraron más dudas sobre sus vínculos con Morel y los suyos.

Además, la empresa no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ), detectó que nunca presentó sus balances, que está “infracapitalizada” en 12 mil pesos pese a que desarrolla negocios millonarios, que nunca inscribió los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo (desde los cuales se hicieron las transferencias a Morel) y otro sinnúmero de irregularidades.

En cuanto a los 50 mil dólares encontrados en la casa de Sosa, se ordenó a la AFIP que aporte digitalmente “la totalidad de la información obrante en sus bases” sobre operaciones de adquisición de la divisa norteamericana por parte del detenido.

Al Banco Central se le pidieron los “listados de stock a disposición” desde mayo de 2021 y la información que obre en el “Régimen Informativo Contable Mensual (padrón de clientes, deudores del sistema financiero y operaciones de cambio), relativa a Morel, Sosa, y al padre de este último, Oscar Sosa, “para determinar así el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y/o erogado por los nombrados, en el período referenciado“.

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