El gobierno de Javier Milei aumentó la presión fiscal sobre las empresas a través de ARCA, que no solo aceleró los embargos contra las PyMEs, sino que se posiciona como la principal responsable de la presión fiscal sobre el sector.
El más reciente informe de la Fundación Observatorio PyME, correspondiente al tercer trimestre de 2026, reveló la presión que ejerce el gobierno de Javier Milei sobre las pequeñas y medianas empresas a través de ARCA, organismo que depende de la órbita del Ministerio de Economía.
Según el relevamiento, una de cada siete industrias pyme fue alcanzada por embargos y medidas de ejecución por deudas con el fisco. En un contexto de menor producción y cobranzas más lentas, el gobierno nacional aparece como el principal responsable de la presión tributaria sobre las PyMEs.
ARCA aumenta la presión sobre las PyMEs
El estudio indica que el 15% de las industrias pyme enfrenta embargos por deudas tributarias y previsionales. La proporción sube al 18% entre las firmas de 10 a 49 ocupados, casi una de cada cinco.
Por su origen, el 48% de los casos corresponde a obligaciones corrientes impagas, como IVA, Ganancias y aportes patronales. Otro 35% se produjo por la caída de planes de facilidades de pago. Un 11% se explica por otros conceptos, entre ellos anticipos de Ganancias, obligaciones aduaneras y sanciones, y para el restante 6% no se precisó el motivo.
El informe también midió los tiempos. El 70% de las empresas embargadas recibió la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento: un 36,2% en menos de 15 días y un 33,5% entre los 15 y los 30 días. Un 20,6% fue notificado después de ese plazo y el 9,7% no respondió.
Semanas atrás, el titular de la Confederación Federal Pyme, Mauro González, había planteado esa situación ante LPO: “Te embargan de manera inmediata cuando se te cae la cuota de una moratoria o pagaste algún impuesto fuera de término. Por los intereses también te están embargando”.
Los datos van en línea con lo que denuncian los comerciantes bahienses. La expresidenta de la Cámara de Comercio, Mercedes Corbaz, alertó en julio sobre la situación crítica de los comercios de Bahía Blanca.
Señaló que el Gobierno nacional no cumplió con la ayuda económica prometida tras las inundaciones y que ARCA comenzó a embargar cuentas de comerciantes. Según dijo, “sólo hay que transitar el centro de la ciudad para ver la cantidad de locales que cierran semana tras semana“.
En ese marco, comerciantes locales le habían reclamado al diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman que gestionara medidas de alivio fiscal con el Gobierno Nacional. Sin embargo, el legislador terminó presentando un proyecto de ley reclamando medidas al gobierno de Axel Kicillof, evitando hacerle reclamos a ARCA (que depende de Nación) de donde proviene la mayor carga impositiva.
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Costos, rentabilidad y expectativas
Los embargos se dan en paralelo con distintos problemas en la cadena de pagos. Para el 48,3% de las industrias pyme se alargaron los plazos de cobro respecto del año pasado; el 46,8% los mantuvo sin cambios y solo el 5% logró acortarlos. El promedio pasó de 39 a 49 días, diez más que en 2025.
Los pagos a proveedores, en cambio, se realizan en 38 días en promedio, frente a los 32 de 2025. Esto deja una brecha negativa de 11 días entre lo que tardan las fábricas en cobrar y lo que deben abonar.
La facturación del trimestre quedó dividida en partes similares: creció para el 35,1% de las empresas, se mantuvo estable para el 29,8% y cayó para el 35,1% restante. Entre las exportadoras mejoró para el 43% y cayó para el 23%; entre las no exportadoras, bajó para el 38% y subió para el 33%.
Según el informe, la producción cayó 11,9% interanual y el empleo bajó 5,6%, con 14 trimestres consecutivos de retroceso en ambos indicadores. En el 75% de las empresas, los costos directos aumentaron por encima del precio de venta del producto principal.
Las mayores presiones se registraron en energía (72%, que también depende de Nación), mano de obra (67%), materias primas (57%) y fletes (56%). Como resultado, el 68,5% declaró una rentabilidad inferior a la de 2025, mientras que el 20,5% no tuvo cambios y el 11,1% mejoró.
La principal preocupación, por tercer trimestre seguido, es la debilidad de la demanda, señalada por el 82%. Le siguen la suba de costos de materias primas (62%), los retrasos de pago de clientes (59%) y la competencia importada (43%). Los costos salariales subieron 11 puntos, de 45% a 56%, y la dificultad para acceder a financiamiento se mantuvo en 38%.
Los indicadores anticipatorios no muestran recuperación a corto plazo. El PMI (indicador predictivo de la actividad) se ubicó en 44 puntos, por debajo del umbral neutral de 50 por octavo trimestre consecutivo, y el índice de confianza (ICE) bajó a 40 puntos, el valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023.
