La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este miércoles a enviar cartas documento para intimar a 220 jueces, fiscales y defensores que tramitaron su jubilación para que opten: o renuncian y se jubilan de verdad o siguen en sus cargos y retiran el trámite jubilatorio. Se trata de magistrados que optan por este trámite para efectivizar la jubilación ante un posible juicio político, en tanto que en caso de ser destituídos pierden el derecho a cobrar una jubilación.
El organismo dirigido por Fernanda Raverta les dio un plazo de 30 días para que se decidan, de lo contrario el archivo será automático y el organismo evaluará en cada caso si, por ejemplo, luego deberán empezar todo el circuito para pedir la jubilación de nuevo.
Entre los destinatarios hay cinco integrantes de la Cámara de Casación Penal Federal, dos de la Cámara Federal, está también la jueza electoral María Servini, el procurador interino Eduardo Casal y hasta la única jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. La reacción corporativa no tardó en llegar y la Asociación de Magistrados convocó a una reunión con abogados/as para analizar posibles planteos judiciales.
Históricamente los jueces y juezas tramitan sus jubilaciones en forma anticipada, como forma de garantizarse no perder un haber preferencial en caso de tener un proceso de remoción en su contra. En marzo del año pasado se sumó un elemento más fuerte aún que precipitó una catarata de solicitudes de jubilaciones dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, que fue la reforma del régimen jubilatorio de privilegio del sistema de justicia.
La lista de los 220 nombres que recibirán la carta documento (que habían completado la mayor parte del trámite para jubilarse menos el cese) abarca a una jueza de la Corte, Highton de Nolasco, que se quedó en el tribunal con un amparo después de cumplir 75 años, justo antes de que sus colegas supremas dijeron en un fallo que esa es la edad tope.
Highton gana, como la mayoría de los supremos, cerca de 1 millón de pesos por mes y, a diferencia del resto de los jueces y juezas los del máximo tribunal se jubilan con el 100 por ciento del salario.
En la nómina hay 5 integrantes de la Cámara de Casación: Eduardo Riggi, Carlos Mahiques, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. En tribunales dan por hecho que Gustavo Hornos habría iniciado el trámite, lo mismo que el fiscal ante ese tribunal Raúl Pleé. En Casación (que tiene 13 cargos) los sueldos oscilan entre 600 mil y 740 mil pesos. La jubilación es el 82 por ciento móvil.
De la Cámara Federal, los destinatarios de la nota de la Anses son el presidente Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Este último es uno de los jueces que integra ese tribunal por el mecanismo de traslado que utilizó el gobierno de Mauricio Macri, pero debería dejar el cargo cuando termine el concurso porque no se presentó para rendir examen. Irurzun hoy cobra 682 mil pesos y su colega 642 mil.
De Comodoro Py aparecen otros nombres conocidos, como el de la jueza federal con competencia electoral María Servini y el fiscal, también electoral Jorge Di Lello, y el infame Carlos Stornelli que inició también los trámites.
