El Presupuesto 2027 llega al Congreso con la promesa de profundizar el ajuste sobre el área de discapacidad y el sistema universitario: La propuesta está $3,7 billones por debajo de lo que las universidades reclaman e incluye un artículo para cortarles las transferencias.
El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Más allá de las proyecciones económicas del ministro de Economía, Luis Caputo, la ley de leyes también incluye la promesa de más ajuste en varias áreas del Estado Nacional.
Entre los puntos más sensibles del texto figuran modificaciones a las partidas y a las reglas vigentes para dos sectores que vienen reclamando contra la política de ajuste del Ejecutivo: las universidades nacionales y el sistema de discapacidad.
Ambos casos ya habían señalado en los últimos meses que el Gobierno no cumple con las leyes sancionadas por el Congreso para poner un límite a los recortes, un conflicto que ahora se trasladará también a la discusión presupuestaria.
La iniciativa, firmada por Milei, Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ingresó a la Cámara de Diputados y contempla, entre sus variables macroeconómicas centrales, un crecimiento del PBI del 4% para 2027 y una inflación anual proyectada en 18%.
Milei y Caputo mantienen el ajuste a las universidades
Para el sistema universitario, el proyecto destina fondos que no alcanzan el monto que reclaman las casas de estudio. Según el articulado, la cifra prevista por el Gobierno para funcionamiento, inversión y programas especiales rondaría es de alrededor de $7,3 billones.
Desde las casas de estudios habían solicitado ese monto, pero para inicios del 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto presupuestario cerrará en torno a los $6 billones.
En otras palabras, la partida de $7,3 billones que propone el gobierno comienza rezagada con respecto a la inflación y además, queda un 33,6% por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definió como necesarios para operar durante el próximo año.
Ese cálculo de $11 billones fue aprobado a comienzos de septiembre durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro, y contempla salarios docentes y no docentes actualizados a julio de 2026, además de gastos de funcionamiento, investigación, hospitales universitarios, equipamiento y becas Manuel Belgrano.
A esa base, el CIN sumó un pedido adicional de $7,086 billones para otros rubros: $1,913 billones para el programa Progresar, $109.400 millones para infraestructura y $5,064 billones para ciencia y técnica, en sintonía con la meta legal de destinar el 0,52% del PBI a esa área.
El presupuesto oficial, en cambio, distribuye los recursos de otra manera: $4,169 billones para salarios docentes y de autoridades superiores, $2,543 billones para el personal no docente, cerca de $413.000 millones para funcionamiento, $183.142 millones para hospitales universitarios, $80.998 millones para carreras consideradas estratégicas y $14.266 millones para ciencia y técnica.
El texto establece además que los incrementos salariales previstos para 2027 tomarán como base las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo que existan ampliaciones autorizadas.
Con esto, el gobierno podrá reclamar discrecionalmente información a las universidades y utilizar cualquier retraso o error en las respuestas para justificar el ajuste sobre las casas de altos estudios.
Frente a esta diferencia entre lo pedido y lo ofrecido, desde el sistema universitario ya anticiparon que, de no cumplirse con la Ley de Financiamiento Universitario, la primera semana de octubre se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, la quinta desde que comenzó el reclamo.
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Discapacidad: cambios en pensiones, aranceles y cobertura
El otro capítulo sensible del Presupuesto 2027 es el de discapacidad, donde el proyecto introduce modificaciones a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025.
Uno de los cambios centrales establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivaldrá al 70% del haber jubilatorio mínimo y que será incompatible con tener un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o en el régimen simplificado de monotributo.
El texto también modifica el esquema del nomenclador que fija los valores de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Hasta ahora, esos aranceles eran iguales para todas las personas jurídicas obligadas a brindar cobertura, un valor único definido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
El proyecto elimina esa universalidad y dispone que cada ente obligado -obra social, prepaga o mutual- deberá establecer sus propios valores en la relación con los prestadores.
Cuando el obligado sea el Estado nacional, los montos se actualizarán en forma trimestral a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esa actualización no se cumple en los plazos previstos, se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC.
A esto se suma la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793. Esas modificaciones alcanzan al régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, eliminan la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud asociado a esa pensión, y suprimen el mecanismo de conversión de oficio de pensiones no contributivas otorgadas antes de la sanción de la ley de emergencia.
Para financiar estos cambios, el proyecto prevé que los fondos salgan de los programas del Ministerio de Salud destinados a pensiones por invalidez laboral y a la atención médica de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
En caso de que esas partidas no alcancen, el Ejecutivo podrá recurrir a una compensación presupuestaria con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro en Salud y Seguridad Social.
Para 2027, el programa de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa cuenta con $6,094 billones asignados, mientras que otros $1,165 billones corresponden a la atención médica de los beneficiarios de PNC.
La discusión por estos cambios se da en paralelo al tratamiento en Diputados del proyecto para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, que este miércoles comienza a debatirse en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
