Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló el escandaloso desmanejo que el Gobierno de Mauricio Macri llevó adelante con los fondos de la pauta publicitaria estatal. El informe se centró en el año 2017 cuando se desarrollaron las elecciones legislativas, en dónde por ejemplo, María Eugenia Vidal falsificó aportantes en la provincia de Buenos Aires.
El organismo encargado de revisar las cuentas públicas encontró “numerosas irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de publicidad oficial” en 2017 y 2018.
También en el uso de Whatsapp y otras vías que el macrismo utilizó para campañas tanto electorales como ilegales. La propia AGN remarcó que el Grupo Clarín fue el principal beneficiado y evalúa hacer una denuncia penal “ante presuntos hechos de corrupción ocurridos con relación a este tema”.
Según la AGN durante 2017 no se registraron 584 millones de pesos, un 27% del gasto total, y que hubo 14.067 órdenes de publicidad que no figuraban en el presupuesto. En síntesis, que manejaron la pauta oficial sin papeles. “En el año 2017, ocho medios recibieron el 48,9% del total de órdenes de publicidad equivalente a 1053,7 millones de pesos, siendo el principal beneficiario el grupo Clarín”, resaltaron desde la AGN.
El informe fue aprobado por el Colegio de Auditores que está conformado dirigente radical Jesús Rodríguez, que preside la AGN; Miguel Ángel Pichetto, que representa a Juntos por el Cambio; Javier Fernández; el radical jujeño Alejandro Nieva; el kirchnerista Juan Ignacio Forlón; la peronista formoseña María Graciela de la Rosa; y el massista Gabriel Mihura Estrada.
La AGN informó que tuvo “limitaciones al alcance” para hacer su trabajo, lo que significa que en muchos casos faltan documentos sobre como se manejó la caja de la pauta oficial. También destacó que:
“Se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación”.
Desde el organismo informaron que:
“Se analizaron también los procedimientos de contratación de servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica (SMS; WhatsApp; email, etc.)”.
El uso de esos métodos fue clave para el macrismo y la estrategia de Marcos Peña, que llegó incluso a utilizar las bases de datos de otros organismos públicos como la Anses.
Otro punto del informe revela que el Gobierno de Macri no efectuó:
“Controles sobre la prestación efectiva del servicio, sino controles sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación acompañada a efectos de realizar el pago”.
O sea que solo se fijaban si la factura era correcta, no si la publicidad se había emitido.
La auditoría también mostró que en 2017 una sola empresa recibió el 40% del gasto en publicidad para vía pública. Se llama Latin American Comunication y le pagaron 118 milllones de pesos, “importe que supera en aproximadamente un 1.200% el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación”.
