El fiscal Carlos Stornelli quiere que la causa de la “Gestapo antisindical”, que compromete a la exgobernadora bonaerese María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri, pase a los tribunales de Comodoro Py y quede en su despacho por tener una causa con el mismo objeto procesal, aunque no la haya investigado en más de dos años.
Quien debe resolver el destino final de la causa es el juez Daniel Rafecas. Si hace lugar al pedido del fiscal procesado se abrirá un conflicto de competencia en torno a una pesquisa que hace foco en la persecución judicial contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina. Se trata de una de las pocas causas que preocupan a Macri y a sus cómplices que está afuera de Comodoro Py.
“Corresponde, y así se solicitará, que se libre oficio inhibitorio al magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad de La Plata, para que se inhiba de seguir conociendo en la causa FLP 18.933/2021, y la remita a vuestro tribunal por resultar de atracción aquella que lleva por número CFP 8758/2019”, planteó Stornelli el pasado 3 de marzo.
En su escrito, Stornelli se suma al pedido del exjefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci; ataca a la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño, a quien acusa de hacer fórum shopping: y realiza un insólito pedido para que el incidente de inhibitoria que formula no se gire a las partes. Este último punto ya fue rechazado por Rafecas.
El fiscal emblema del lawfare apeló pero recibió un nuevo revés en la Cámara Federal porteña.
Stornelli pide la investigación de la GestaPRO para anexarla a una causa que se inicia en Comodoro Py en noviembre de 2019 por una presentación del “Pata” Medina. Por la inacción del fiscal en esa investigación, Stornelli fue denunciado penalmente por el propio Medina.
Para Stornelli, en la causa que tiene hace más de 2 años “se investigan los mismos hechos que componen el objeto procesal de la presente causa N° 8.758/2019”, es decir, que la causa de la Gestapo M que tramita en La Plata. Dice que se inició “el 26 de noviembre de 2019, véase, dos años y un mes antes de la formación de la novel causa que comenzara a instruirse ante la Justicia Federal platense”.
“Inexplicablemente, más de dos años después del inicio de la presente causa, se ha acudido ante una jurisdicción claramente incompetente en razón del territorio, habilitándose con ello la formación de un proceso paralelo por los mismos hechos”, se quejó.
Acaso, aquello que afirmó en una entrevista sea un obstáculo para que pueda avanzar con esta investigación: “No creo que haya habido una Gestapo que persiguió al kirchnerismo durante la gestión de Macri”, señaló el fiscal procesado.
En otro pasaje de su dictamen, Sotrnelli apunta contra la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño y desliza la posibilidad de que haya existido fórum shopping, esto es, que la denunciante seleccionó al juzgado que quería que investigara el caso.
“Lo cierto aquí es que la funcionaria allí denunciante, de larga trayectoria en la vida judicial, conoce al extremo las normas que rigen la competencia territorial”, indicó sobre Caamaño, que fue la que presentó en la Justicia la grabación de la reunión de la Gestapo hallada en la AFI.
Para Stornelli “resulta al menos extraño que frente a los alcances de aquella investigación al menos en materia de imputación”:
“(Caamaño) haya acudido a una jurisdicción diversa y lejana a la de los tribunales federales de esta Ciudad de Buenos Aires, donde se halla situado el asiento central de dicha Agencia –que actualmente la denunciante conduce- y donde, además, resulta ser el ámbito geográfico –CABA- en el que se habría llevado a cabo la reunión que da cuenta su denuncia y supuestamente hallada en los registros audiovisuales que habría acompañado”.
Lo cierto es que hay motivos suficientes para que por el momento la causa de la Gestapo tramite en La Plata. El abogado defensor de Medina, César Albarracín, sostiene que los hechos que se investigan en aquel expediente ocurrieron todos en La Plata, que las 4 causas que se le armaron al sindicalista se hicieron en esa jurisdicción (3 en la justicia provincial y una en la federal) y que la propia víctima conducía el gremio en su filial platense, entre otras cuestiones.
Por último, al final de su dictamen, Stornelli realiza un planteo insólito. Stornelli pidió al juez Rafecas que este incidente sobre la competencia no tenga la participación de las partes, es decir, querella y defensas. Adujo que hacerlo redunda “en una dilación innecesaria de la cuestión tratada en este incidente que, como antes dije, involucra cuestiones relacionadas con garantías constitucionales, entre tales, la de juez natural”.
Este pedido fue rechazado por Rafecas. Stornelli apeló a la Cámara Federal porteña pero allí también recibió un revés.
