En el Gobierno nacional están ultimando detalles de la presentación judicial que será enviada a los tribunales de Comodoro Py para que se investigue a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante la gestión de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), definido por Alberto Fernández como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
La denuncia estará lista en un “breve plazo”, cuando culmine el proceso de revisión que por estos días ejecuta la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y luego pasará por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous.
La elaboración de la “querella criminal”, tal como fuera presentada por el presidente de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones en el Congreso, constará de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini.
Durante su discurso ante el Congreso, el Presidente reveló que había:
“Instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En los días previos, había empezado a circular por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, contra Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, entre otros.
Esa denuncia formó parte de la documentación que la actual conducción del Banco Central, presidido por Miguel Pesce, le elevó a la Sigen.
La denuncia de Lozano había caído en manos del juez Sebastián Ramos, quien el 5 de febrero del año pasado la remitió a su colega María Eugenia Capuchetti. La magistrada acumula en su juzgado una serie de denuncias presentadas en distintos momentos, y sobre las cuales el fiscal federal Franco Picardi impulsó la investigación el 28 de diciembre pasado, en un dictamen de 63 carillas.
Capuchetti ya ordenó medidas de prueba y envió pedidos de informe a diferentes organismos oficiales, cuya respuesta se aguarda.
En el dictamen acusatorio que englobó todas las denuncias presentadas hasta ese momento en el fuero federal porteño, Picardi reclamó investigar si los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso, ya sea encabezándolo o dirigiéndolo, obtuvieron algún “beneficio económico indebido” para sí o para terceros.
También si pudo haber tráfico de influencias o uso de información privilegiada y si se saltearon procedimientos administrativos fijados por ley.
La fiscalía analizó el expediente “bajo el que tramitó la primera carta de intención remitida por el entonces ministro Dujovne y quien fuera en ese momento el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger”.
Ese expediente se inició el 21 de junio de 2018, mientras que la carta de intención “lleva fecha del 12 de junio”.
“En este aspecto, no existiría ninguna actuación administrativa previa, ni análisis de razonabilidad, ni dictamen jurídico, ni exposición de motivos anterior a la importante decisión plasmada en la epístola, más allá de lo que se expresa en ella, en el marco de un acuerdo de voluntades entre los dos funcionarios públicos que la suscribieron”, advirtió la fiscalía.
“Recordemos, en este aspecto, que el FMI confirmó que otorgaría un préstamo a la Argentina por 50.000 millones de dólares el 20 de junio de 2018. Es decir, que una vez recién concretado el acuerdo y la voluntad de ambas partes se iniciaron las actuaciones administrativas”, remarcó Picardi en el dictamen
