Otros tres damnificados por la criptoestafa de $LIBRA apelaron el fallo que sobreseyó a Javier y Karina Milei y reclaman que se declare la nulidad de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi. “Una investigación que no se completó no puede concluir con un pronunciamiento de certeza“, resaltaron.
Los recursos fueron presentados por Martín Romeo y por los ciudadanos bielorrusos Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich, que afirman haber perdido dos millones de dólares. Los tres cuentan con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust.
Los damnificados piden la nulidad del sobreseimiento
Cabe recordar que el sobreseimiento se dictó el 23 de octubre, a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano. Alcanzó a los hermanos Milei y a otros nueve imputados, entre ellos el trader Mauricio Novelli. El juez entendió que los hechos denunciados no se ajustaban a ningún delito del Código Penal y cerró la causa de manera definitiva.
Los nuevos recursos se suman al de Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. En un escrito de 40 páginas, Marchetto sostuvo que la resolución genera un daño “irreparable”. El juzgado debe resolver si concede los planteos para elevarlos a la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Romeo solicitó la nulidad absoluta del dictamen fiscal y, como consecuencia, la del sobreseimiento. Solo en forma subsidiaria pidió que se revoque la decisión y se ordene continuar la investigación.
Su argumento central es que no pudo pedir la revisión del dictamen de Taiano, un derecho que, según plantea, le otorga el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal.
Los recurrentes afirman que esa garantía rige en todo el país desde 2019, por decisión de la Comisión Bicameral del Congreso, aunque el trámite principal siga bajo el código anterior. Según el escrito, el juez no le dio oportunidad de opinar cuando el Ministerio Público Fiscal “actuó como abogado defensor” de los sospechosos.
La presentación depende de la situación procesal de Romeo. La jueza Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como querellante, pero en julio Martínez de Giorgi lo apartó de ese rol a partir de un planteo de la defensa de Novelli.
La Cámara Federal confirmó esa decisión y declaró inadmisible su recurso de casación, por lo que Romeo presentó una queja ante la Casación Penal, todavía pendiente. Sobre esa base sostiene que su exclusión no está firme. “Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal”, afirmó.
“El engaño no fue una frase aislada, fue la puesta en escena”
Uno de los ejes del recurso son las operaciones previas a la publicación del contrato del token por parte de Milei. Según el escrito, 74 billeteras realizaron 87 transacciones por unos u$s13,5 millones, apenas 22 segundos antes del mensaje presidencial.
La cronología presentada indica que el fondo de liquidez se creó a las 18:40 del 14 de febrero de 2025 y que las compras comenzaron a las 19.01. El mensaje con el contrato se publicó a las 19.01.22. Romeo agrega que la extracción del teléfono de Novelli registró llamadas con el Presidente entre las 18.44 y las 19.03.
Para los apelantes, esa secuencia no es compatible con un riesgo de mercado asumido por los inversores. “Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento”, sostuvieron. Y agregaron:
“El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”.
El escrito señala además que las billeteras identificadas como “Libra Team Wallets” liquidaron los tokens y que los fondos terminaron en una bóveda con 44.593.888 USDC, según un informe de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal.
La apelación cuestiona que se haya usado el hecho de que las cajas de seguridad de Novelli estuvieran vacías para descartar la hipótesis delictiva. Según recordó el recurso, Novelli abrió dos cajas en el Banco Galicia el 4 de febrero de 2025.
El 17 de febrero, tras el colapso del token, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli habrían ido a vaciarlas. El allanamiento de una de ellas se realizó recién el 8 de mayo. “Que el Estado haya llegado tarde no prueba la inocencia de nadie; al contrario, el vaciamiento inmediato posterior al colapso es un indicio en contra de los imputados”, planteó Romeo.
El escrito enumera también transferencias previas al lanzamiento, como una de u$s507.400 a una cuenta de Orlando Mellino y movimientos por 150.010 USDC hacia Favio Camilo Rodríguez Blanco.
“Una investigación que no se completó no puede concluir”
Los apelantes cuestionan el análisis del documento “Kelsier Group LATAM Agreement”, que preveía pagos por u$s1.550.000 a favor de Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy.
Aunque el texto no tenía firmas, señalan que hubo fondos con montos coincidentes, una factura de María Pía Novelli a Kelsier Holdings Limited y una anotación hallada al empresario: “Pago Javier kari”.
“Un pago que se ejecuta en el monto, la fecha y la billetera previstos en un contrato demuestra que ese contrato existió y se cumplió, con o sin firmas”, argumentaron.
Cuestionan además que la resolución no analizara el delito de cohecho y que se tomara como descargo la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia, que informó no tener registros de un acuerdo confidencial.
Según el recurso, en el teléfono de Novelli había un borrador de acuerdo con “H.” y una carta de intención en la que Hayden Davis se ofrecía como asesor del Presidente.
Romeo sostiene que ningún imputado fue citado a indagatoria y que tampoco se convocó a los testigos que había pedido: Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra. Agrega que no se llamó a Demian Reidel ni a Santiago Caputo, y que no se identificó a los titulares de las 74 billeteras.
Señala además que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia carecía de herramientas técnicas bajo licencia para completar la trazabilidad de las operaciones y que la cooperación judicial con Estados Unidos se cerró por considerarse insuficientes los elementos aportados.
“Una investigación que no se completó no puede concluir con un pronunciamiento de certeza”, sostuvo.
Por último, el recurso discute que se restara valor a los informes de la DATIP por un sumario administrativo. Según Romeo, ese sumario no puso en duda la extracción y el análisis de los dispositivos, sino un posible acceso sin justificación funcional a archivos, y no acreditó que se hubiera filtrado información a la prensa, como planteó en marzo el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y rechazó entonces Taiano.
