ATE ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas frente al desguace que impulsa el gobierno de Javier Milei, y denuncian 600 despidos y el cierre de 13 hoteles. En medio de la crisis, renunció el administrador encargado de liquidar la entidad.
Pese al relato oficial que sostiene el gobierno de Javier Milei en torno a una supuesta jerarquización de las Fuerzas Armadas, la crisis que atraviesa la obra social de los militares desnuda una realidad distinta.
Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en el barrio porteño de Retiro y denunció 600 despidos. A esto se suma la salida del funcionario que conducía la liquidación del organismo que le dio origen: IOSFA.
La toma del edificio y el reclamo gremial
La medida de fuerza se concretó este jueves 24 de septiembre en la sede de OSFA, ubicada en la calle Paso 551, en Capital Federal.
La protesta había sido anunciada un día antes por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien había convocado a los trabajadores a movilizarse a partir de las 11:00 en reclamo por los despidos previstos para fin de mes y por el cierre de hoteles, recreos y farmacias que dependen del organismo.
Antes de la protesta, Aguiar había señalado: “Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones“.
El dirigente también había cuestionado la situación prestacional del organismo: “no garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”. Aguiar había adelantado también la posibilidad de radicalizar el reclamo si no había respuestas de las autoridades:
“Realizaremos esta protesta en la sede central y, si no tenemos respuestas, no descartamos adoptar medidas más drásticas hasta llegar a la ocupación de las distintas dependencias de OSFA si resultase necesario”.
Esa hipótesis terminó de concretarse este jueves con la toma del edificio.
El trasfondo de la protesta se remonta a febrero, cuando el Gobierno dispuso mediante el DNU 88/2026 la disolución del IOSFA y la creación de la OSFA, transfiriendo funciones entre ambas obras sociales sin mediar consulta previa con el sindicato.
Para ATE, esa decisión constituyó una violación al derecho de representación y negociación colectiva. El gremio también advirtió sobre el riesgo que corre el sostenimiento de las delegaciones del interior del país, a partir de la eliminación de las funciones de turismo y farmacia dispuesta por el decreto.
Los milicos que dirigen la IOSFA SE ESCONDEN COMO RATAS!!!
No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. REVENTARON LA OBRA SOCIAL, LA FUNDIERON. Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones
QUÉ HICIERON CON LA… pic.twitter.com/DTJ1QnllpN— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 24, 2026
Renuncias y una deuda que no deja de crecer
La crisis institucional se profundizó esta semana con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador y liquidador del extinto IOSFA. El actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le pidió la renuncia el miércoles, tras un encuentro mantenido en su despacho.
El desplazamiento se produjo luego de que Guzmán elevara, el 21 de septiembre, una nota oficial en la que advertía sobre las dificultades que atravesaba el proceso de liquidación del organismo.
Según ese informe, la deuda consolidada que Presti heredó de la gestión de Luis Petri asciende a $213.902 millones, de los cuales $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura, es decir, alrededor del 65% del total del pasivo.
Una comisión interministerial trabaja desde hace meses para resolver esa situación, sin haber alcanzado hasta el momento un acuerdo definitivo sobre quién debe asumir las deudas generadas por las prestaciones de las fuerzas de seguridad.
El propio Guzmán reconoció en su nota que el cronograma original de cierre, que preveía sostener las prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2026 y concluir la liquidación el 5 de febrero de 2027, se vio alterado luego de que la OSFA, a cargo del general de brigada Pablo Plaza, solicitara que el IOSFA continuara brindando atención médica a sus afiliados a través de su red de prestadores.
Esa continuidad implica que el organismo en extinción siga generando nuevas obligaciones antes de poder cerrar su balance final, pese a haber perdido el flujo de fondos que sostenía su funcionamiento habitual. Según el informe, el IOSFA ya no conserva su universo original de afiliados y solo mantiene 371 beneficiarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
La nota de Guzmán también hizo referencia a la relación con la obra social de las fuerzas de seguridad, OSFFESEG, a cargo del ministerio que conduce Alejandra Monteoliva:
“OSFFESEG no había abonado las facturas presentadas para su pago y solicitó distintos nomencladores y esquemas de aranceles para realizar sus propias auditorías lo que provocó dilaciones y descontento en los prestadores y proveedores, a los que no podemos responder cuando les serán abonadas las facturas de sus atenciones acumuladas desde el 1 de junio de 2026″.
Con Guzmán fuera del cargo, la resolución de la crisis financiera queda ahora en manos de Presti, quien deberá gestionar ante el Ministerio de Economía la asistencia necesaria para ordenar el pasivo y negociar con laboratorios, droguerías y prestadores médicos.
El gobierno disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas tras hundirla en una profunda crisis económica
Ajuste sobre el personal, los hoteles y las farmacias
El conflicto tiene como eje central el recorte de personal anunciado para el 30 de septiembre, fecha en la que vencen 400 contratos, mientras otros 200 agentes de planta permanente pasarán a situación de disponibilidad.
En conjunto, el ajuste alcanzaría a 576 puestos de trabajo. Según trascendió, a los trabajadores afectados se les comunicó que, salvo que se tome otra decisión, no deberán presentarse a trabajar a partir de esa fecha.
El recorte de personal es paralelo al cierre de 13 hoteles y dos recreos que administraba la obra social, la mayoría de ellos ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche. De acuerdo con una resolución publicada el 15 de septiembre, la mayor parte de esos establecimientos pasará a depender del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El plan oficial también contempla avanzar sobre las farmacias propias de la obra social, con la posibilidad de habilitar franquicias privadas en su reemplazo. En Mar del Plata, una de las dependencias alcanzadas por esta medida emplea a 22 trabajadores.
Sobre este punto, Aguiar había sido categórico: “pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas. Estamos frente a un desguace sin precedentes y lo tenemos que frenar“, y agregó:
“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”.
En ese marco se inscriben denuncias previas de ATE sobre los contratos que la entidad mantenía con la Droguería Suizo Argentina, proveedor que también aparece mencionado en la causa que investiga retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
