El gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con el ajuste en discapacidad que había propuesto en el Presupuesto 2027 luego de que provocara tensiones con Patricia Bullrich. La alternativa se conoció después de que la Justicia confirmara los procesamientos en la causa ANDIS.
El gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con el ajuste en el área de discapacidad que había propuesto en el Presupuesto 2027, acorralado por las tensiones con la senadora Patricia Bullrich y con la confirmación judicial de los procesamientos en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como telón de fondo.
Ante ese escenario, la Casa Rosada optó por negociar con los bloques aliados un proyecto alternativo a la ley de emergencia vigente, que la oposición busca prorrogar y que este miércoles se discutirá en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
La estrategia del gobierno para evitar la prórroga
El texto original del Presupuesto 2027 había generado rechazo apenas se conoció, porque eliminaba el artículo 14 de la ley 27.793, que garantiza un nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones del sistema.
El texto también proponía derogar el artículo 5 de la misma norma, que define a la persona con discapacidad en base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, quitaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva.
Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, negó haber sido consultada sobre esos cambios y responsabilizó al ministro de Economía, Luis Caputo, por incorporar “cambios inconsultos” al proyecto. Luego, apuntó contra el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien acusó de mentiroso; y calificó la propuesta como una “provocación”.
En medio del fuego cruzado, el vocero Adrián Ravier aseguró que “no hay ningún riesgo de que las personas con discapacidad pierdan el beneficio“. Horas más tarde, se conoció que el oficialismo estaba trabajando en una propuesta alternativa para mandar al Congreso.
Como si esto fuera poco, en la misma semana renunció Alejandro Vilches al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que había comunicado su decisión al ministro de Salud, Mario Lugones, por “razones estrictamente personales”, según informó el organismo.
Vilches había sido duramente criticado en una comisión de Diputados y llevaba poco más de un año en el cargo, al que llegó para reemplazar a Diego Spagnuolo. Tras su llegada, una auditoría interna reveló un millonario agujero contable en el organismo.
Con ese trasfondo, el oficialismo elaboró un nuevo proyecto, denominado “Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad“, con el que pretende reemplazar a la actual ley de emergencia por un esquema permanente.
“Parece una provocación”: Bullrich tildó a Santilli de mentiroso y cruzó a la mesa política
La iniciativa fue propuesta a los bloques dialoguistas en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a los diputados Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado. Del otro lado de la mesa participaron representantes del MID, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y La Neuquinidad, entre otros espacios.
El borrador ratifica la universalidad del nomenclador y su actualización, aunque todavía se discute si será mensual, como reclaman los bloques dialoguistas, o bimestral, como plantea el oficialismo.
También establece que la pensión no contributiva por discapacidad y la pensión por invalidez laboral equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, y habilita su compatibilidad con un empleo formal siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Previamente, buscaba impedir que los beneficiarios accedan a trabajo formal.
Confirman los procesamientos en la causa ANDIS
La marcha atrás del gobierno no solo estuvo marcada por las tensiones internas y las renuncias, sino también por el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, de su segundo, Daniel Garbellini, y de otros 18 imputados, entre ellos Miguel Ángel Calvete.
El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, mantuvo las imputaciones por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, aunque redujo los montos de los embargos fijados en primera instancia.
Según la resolución, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían concretado “contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.
Los jueces sostuvieron que el sistema informático de la agencia fue manipulado para direccionar las compras hacia proveedores vinculados a la organización y remarcaron que “los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla'”.
La maniobra se conoció luego de que se filtraran los audios de Spagnuolo, en los que se lo escucha describir una estructura de recaudación con un 3% destinado a Karina Milei y otro porcentaje similar para Eduardo “Lule” Menem.
Esas grabaciones son objeto de un peritaje en curso, aunque la Cámara aclaró que los procesamientos confirmados no se sostienen en ese material como prueba, que pasaron a segundo plano cuando las investigaciones dejaron expuesta la estructura delictiva.
