ADIMRA presentó un amparo para frenar parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y aunque Federico Sturzenegger había asegurado que buscaba beneficiar al sector empresario, varias patronales evalúan hacer lo mismo que los metalúrgicos.
El gobierno de Javier Milei había presentado la reforma laboral como una herramienta pensada para beneficiar al sector empresario como pocas veces ocurrió en la Argentina reciente. Sin embargo, ahora es justamente el sector empresarial el que reniega de la iniciativa.
Una de las principales cámaras patronales del país decidió llevarla a la Justicia. Se trata de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que presentó un amparo para frenar parte de la reglamentación impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Otras entidades empresarias analizan iniciar acciones similares y ya reconocen que la reforma, lejos de simplificarles la vida, les trajo nuevos problemas.
¿Qué reclama ADIMRA?
La presentación de ADIMRA apunta contra el artículo 133 de la ley 27.802 y contra el decreto reglamentario 407/26. La entidad pidió una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar de no innovar hasta que la Justicia resuelva el fondo del asunto.
El artículo cuestionado fija un tope del 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores para los aportes que las empresas destinan a cámaras y asociaciones patronales. Pero el mayor problema para ADIMRA está en el decreto 407/26, que establece que esos aportes solo serán obligatorios para las empresas que estén afiliadas a la cámara correspondiente.
La patronal recauda actualmente, a través del convenio colectivo firmado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el 1% del salario de cada trabajador metalúrgico. Con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales y una nómina nacional de aproximadamente 220 mil trabajadores, los ingresos anuales de la entidad superan los 20 millones de dólares.
La nueva reglamentación no solo reduciría a la mitad el monto recaudado por cada salario, sino que además limitaría el cobro únicamente a las empresas formalmente afiliadas a la cámara, achicando de manera considerable la base de aportantes.
La reforma “terminó complicándonos”
El caso de ADIMRA no es aislado. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evalúan presentaciones judiciales por los mismos motivos. Las tres entidades ya habían coincidido meses atrás en una nota dirigida al Congreso, en la que pedían excluir de la reforma el capítulo referido al financiamiento de las cámaras.
El malestar también llegó a la Unión Industrial Argentina (UIA). En una reunión de su Junta Directiva, el asesor laboral Juan José Etala resumió el clima interno ante los dueños de fábricas: “queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos“.
La discusión sobre los aportes compulsivos a las cámaras empresarias no es nueva. Sturzenegger, con influencia de la Escuela Austríaca, ya había impulsado límites similares en el DNU 70/23.
Un intento equivalente respecto de los aportes sindicales fue frenado por la resistencia de la CGT, lo que obligó a redactar un nuevo decreto, el 612, firmado por el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra Sandra Pettovello, que dejó afuera la propuesta de Sturzenegger y protegió el financiamiento gremial.
Esa protección no se replicó para las cámaras patronales, que ahora analizan avanzar con medidas judiciales para frenar el alcance de la medida.
