El gobierno de Javier Milei modificó el RIGI para garantizarle a la empresa Grupo México los beneficios del régimen que había pedido como condición para avanzar con la privatización del Belgrano Cargas.
Desesperado por acelerar la privatización de los ferrocarriles, el gobierno de Javier Milei emitió un decreto para adaptar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a un pedido que había formulado meses atrás una empresa mexicana interesada en quedarse con el Belgrano Cargas.
Se trata del Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modifica la reglamentación del régimen de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para incluir de manera explícita a las obras sobre infraestructura ferroviaria ya existente, en línea con lo que pedía la compañía Grupo México.
La medida lleva las firmas del propio Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y rige desde el mismo martes en que fue publicada.
¿Qué establece el decreto?
Hasta ahora, el RIGI ya incluía dentro de su sector de infraestructura a las inversiones vinculadas con la logística y el transporte ferroviario, pero el nuevo texto precisa y amplía los alcances de esa definición.
El decreto modifica el Decreto 749/2024, que había reglamentado originalmente el régimen creado por la Ley Bases, y dispone que en el rubro ferroviario no solo se entenderá por “construcción” a la infraestructura nueva, sino también a la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de tramos ya existentes, junto con las obras accesorias necesarias.
Entre las obras que quedan comprendidas por el nuevo texto figuran la construcción de nuevos trazados, la renovación de vías, la rehabilitación de ramales, la reconstrucción de puentes, la modernización de los sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía, entre otros.
Esto es particularmente relevante si se considera que en el Belgrano Cargas buena parte de la inversión necesaria pasa justamente por renovar y ampliar una infraestructura ferroviaria estatal preexistente en lugar de construir nuevos ramales.
En sus considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que buena parte de la red ferroviaria argentina fue construida hace varias décadas y que hoy presenta un estado de deterioro que afecta su funcionamiento. En lugar de impulsar inversiones por parte del Estado para corregir la situación, el objetivo del oficialismo es dejar el negocio completamente en manos de privados.
¿Qué había pedido el Grupo México?
La modificación llega después de un pedido que había hecho Grupo México en diciembre de 2025, cuando la compañía condicionó su eventual participación en la privatización del Belgrano Cargas y del San Martín a que esas inversiones pudieran acceder a los beneficios del RIGI.
En ese momento, la empresa había señalado que estaba dispuesta a invertir al menos US$3.000 millones en los ferrocarriles de carga argentinos. “Queremos ver la licitación, entender cómo va a funcionar. Yo creo que aquí el tema que todos queremos es la certeza jurídica y eso lo podría dar el RIGI”, había declarado entonces Bernardo Ayala, CEO de GMXT USA.
Con sus dichos, dejó claro que cualquier inversión estaba condicionada a que el gobierno argentino acomodara las normativas. De hecho, durante su visita a Buenos Aires, al CEO se le consultó si la administración libertaria estaba avanzando en ese sentido.
En su momento, Ayala confirmó que “nos han dicho que sí, que se está viendo, que se está avanzando, que están trabajando en eso”. Y sumó: “No vimos ni los pliegos, ni hemos visto en concreto que salga una resolución o una reglamentación o nada que indique que se puede adherir al RIGI para una privatización. Eso todavía no está”.
Con el nuevo decreto, el gobierno de Milei le concedió a la empresa lo que reclamaba. Por su parte, Grupo México resolvió aliarse con la estadounidense Wabtec para quedarse en conjunto con el tren de cargas argentino.
