Alejandra Monteoliva defendió al agente vestido de civil que disparó contra manifestantes durante la represión frente al Congreso, aunque no pudo explicar con claridad cuál era su función en el operativo. Ambos fueron denunciados ante la Justicia.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió que un agente de civil disparó contra manifestantes durante la represión desatada el jueves 6 de agosto frente al Congreso, aunque no logró precisar qué función cumplía ese efectivo en el operativo ni por qué actuaba sin uniforme.
Tanto la funcionaria (que aseguró que el uniformado solo llevaba una “escopeta de estruendo”) como el policía señalado, identificado como Gustavo Antonio Gauna, fueron denunciados penalmente ante la Justicia por distintos delitos vinculados al uso de la fuerza.
Alejandra Monteoliva defendió al oficial
La represión tuvo lugar mientras la Cámara de Senadores debatía la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, jornada en la que se congregaron frente al Parlamento cientos de miles de personas.
El operativo de seguridad, a cargo de fuerzas federales, se extendió por varias horas y dejó, según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, alrededor de 1.500 personas heridas, entre ellas una fotógrafa que sufrió una fractura en la base del cráneo.
Durante el fin de semana posterior a la protesta, circuló en redes sociales una fotografía en la que se observa a un hombre vestido de civil disparando contra los manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
A partir de esa imagen, distintos usuarios y dirigentes lo identificaron como Gustavo Antonio Gauna, comisario inspector de la Policía Federal Argentina, quien en varias oportunidades había sido fotografiado junto a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Consultada este lunes durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Monteoliva confirmó que se trataba de un agente de la fuerza federal, pero mostró dudas al describir su jerarquía y su rol específico en el operativo. “Sí es un agente de Policía Federal, es un oficial jefe”, dijo.
“La gente de investigaciones está de civil, tienen una camperita con el logo de la fuerza y deben colgar la placa”, explicó, y agregó: “Generalmente, el jefe de esas investigaciones está de civil con su placa”.
La brutal represión en el Congreso terminó con 1.500 heridos y una fotógrafa con el cráneo fracturado
La funcionaria dijo desconocer si Gauna era comisario o subcomisario, aunque sostuvo que era el oficial de turno y que “probablemente” llevaba su placa colgada, una afirmación que fácilmente fue desmentida a partir de las fotografías difundidas del operativo.
Sobre el arma utilizada por el efectivo, la ministra tampoco pudo identificarla con precisión. En un primer momento la calificó como una “escopeta de ruido” y luego se corrigió: “Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo”, declaró ante empresarios cordobeses.
En ese mismo encuentro, Monteoliva defendió el accionar general de las fuerzas de seguridad durante la protesta y cuestionó a quienes participaron de hechos de violencia contra los efectivos. Sin embargo, evitó expresarse sobre los manifestantes heridos, entre los que también hay una persona que recibió un impacto en el ojo.
“Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves”, afirmó.
Desde su cuenta de X, la funcionaria había sostenido previamente: “En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático“.
Se trata de la retórica habitual de Casa Rosada, y en este caso tiene como antecedente directo las alarmantes declaraciones del propio Javier Milei, quien aseguró que había “terroristas” disfrazados de estudiantes, profesores, periodistas e investigadores. Se trata de una acusación que remite al discurso de la última dictadura militar.
Además, no es la primera vez que se registra la presencia de agentes armados de civil en un operativo de este tipo: en febrero pasado, durante una protesta contra la reforma laboral, se difundieron fotografías de un policía sin uniforme con un arma larga, aunque no pudo confirmarse si se trataba de la misma persona.
“Puso en riesgo la vida y la integridad de quienes se manifiestan“
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Monteoliva y contra Gauna por posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales, extendida a todos los funcionarios y efectivos federales que resulten responsables, ya sea como autores, coautores o partícipes.
La presentación, radicada en el juzgado federal N°1 de María Servini y en la Fiscalía N°2 de Carlos Rívolo, sostiene que de los registros difundidos “surge la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”.
En este contexto, solicita que se determine qué arma y munición utilizó el agente, quién autorizó su portación y bajo qué órdenes actuaba, además de pedir su apartamiento preventivo de las funciones.
En paralelo, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un pedido para que Monteoliva se presente en la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre el operativo del 6 de agosto y sobre la actuación de agentes de civil durante la represión.
En el texto, el legislador plantea conocer el “motivo y justificación por los cuales se destacaron agentes de civil sin identificación visible ni uniformes en el procedimiento, agentes que portaban armas y, según registros visuales, apuntando sin miramientos al cuerpo de las personas participantes en la protesta”.
Consultado por la prensa, Paulón sostuvo: “Nos genera enorme preocupación la utilización de métodos que están reñidos con las garantías constitucionales y la vigencia de la democracia, como por ejemplo introducir agentes de civil armados, sin identificación”, y agregó que se trata de “una violación del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) calificó el operativo como “abusivo y desproporcionado” y detalló el uso de balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y camiones hidrantes, con disparos por encima de la cintura y apuntando a la cabeza a corta distancia.
LLA tuvo que bajar el capítulo del manejo del fuego para salvar la Ley de Propiedad Privada
Además, señalaron que el operativo se extendió por casi cinco horas tanto en el Congreso como en Plaza de Mayo. El organismo relevó 28 personas detenidas (15 de ellas ya liberadas al viernes) y al menos una trabajadora de prensa herida, y elabora un informe que será remitido a la Justicia.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un análisis de imágenes del operativo y señaló que Gauna no solo vestía de civil y carecía de identificación visible, sino que portaba un arma apta para cargar munición de plomo, prohibida en el control de manifestaciones, apuntando en forma directa a los presentes.
El organismo calificó lo ocurrido como una “intervención criminal” y advirtió, en un comunicado, que el operativo “puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifiestan“.
La coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, Victoria Darraidou, declaró: “Toda la intervención de ayer fue ilegal. Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”.
El CELS también documentó el uso de pistolas lanzagases con disparos paralelos al suelo y de escopetas apuntando a la altura de la cabeza, y remarcó que “los policías levantaban casquillos a su paso para borrar evidencias”.
A estos cuestionamientos se sumó el testimonio del diputado Juan Grabois, quien identificó a Gauna como el mismo agente que lo detuvo en junio del año pasado en el Instituto Perón, durante una protesta en la que se desempeñaba como abogado.
Desde el Mapa de la Policía, el sociólogo Maximiliano Ledesma sostuvo que la actuación de agentes sin uniforme viola el estatuto de la fuerza: “Son policías sin sus uniformes oficiales, es decir, que violan el estatuto de la Policía Federal. Cualquier fiscal debería actuar”.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal informaron sobre medidas disciplinarias formales contra Gauna, más allá de la mención a una eventual sanción interna citada por fuentes de la cartera.
