Javier Milei renovó en su cargo al juez Víctor Arturo Pesino, responsable de avalar la vigencia de la reforma laboral, pese a que cumple 75 años. Previamente, el libertario había decidido no darle el mismo beneficio al juez Martín Irurzun.
Javier Milei firmó el decreto que le renueva el cargo por cinco años más al juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Se trata del magistrado que en abril pasado avaló la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de que una medida cautelar la había frenado.
La confirmación llegó pocos días antes de que Pesino cumpliera 75 años, la edad en la que los jueces deben jubilarse salvo que el Poder Ejecutivo proponga su continuidad y el Senado preste acuerdo.
La decisión se conoció poco después de que el propio Gobierno resolviera no renovarle el cargo al camarista Martín Irurzun, también con 75 años cumplidos, en un contraste que puso en evidencia el manejo discrecional que la Casa Rosada hace de este tipo de nombramientos.
Es que Pesino no fue el único beneficiado. También el camarista Carlos Mahiques (padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques), fue renovado en su cargo en mayo gracias al acuerdo del Senado. “Esa discrecionalidad es propia de la atribución del Presidente“, se defienden en el oficialismo.
La Constitución no fija un criterio único para estos casos: el límite de 75 años es automático, pero la posibilidad de continuidad depende de una decisión política que no requiere fundamentación.
Pesino y su aval a la reforma laboral
Pesino ingresó a la Justicia del Trabajo en 1971, durante la dictadura, y fue ascendido a secretario en 198. Raúl Alfonsín lo designó juez laboral en 1989 y, ya en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, asumió en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Fue nombrado para la Sala I, pasó luego a la Sala VIII y también subroga en la Sala IX.
El punto de inflexión se produjo el 23 de abril, cuando Pesino, junto a su colega María Dora González, resolvió dejar sin efecto una cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Esa cautelar había suspendido la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral que el Gobierno había hecho aprobar durante las sesiones extraordinarias.
La dupla Pesino-González no se pronunció sobre si la medida de Ojeda se ajustaba a derecho: directamente suspendió sus efectos mientras la apelación del Gobierno estaba en trámite, lo que permitió que la norma volviera a regir.
Horas después de ese fallo, el Boletín Oficial publicó que el Gobierno había iniciado el trámite para que Pesino continuara en su cargo por cinco años más. Casi un mes después, el 22 de mayo, Pesino y González volvieron a fallar a favor del Ejecutivo al convalidar la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Esa secuencia de hechos generó fuertes cuestionamientos en el peronismo cuando el pliego de Pesino llegó al Senado para su tratamiento. Durante su comparecencia ante la Comisión de Acuerdos, el senador Mariano Recalde le preguntó al juez si sabía que a él y a su colega de Sala los apodaban “Bonnie & Clyde”, en referencia a versiones sobre supuestos pagos a cambio de fallos.
Pesino negó cualquier irregularidad y rechazó haber mantenido vínculos políticos con el Gobierno a cambio de la renovación de su cargo. Sostuvo que su pedido de prórroga se había iniciado mucho antes de que la Cámara fallara sobre la reforma laboral y calificó la coincidencia de fechas como algo casual.
Sin embargo, el propio juez reconoció ante los senadores haber mantenido reuniones en el Ministerio de Justicia y admitió que sabía, antes del 24 de abril, que ese día se publicaría el inicio de su trámite de continuidad.
También contó que las conversaciones con la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques habían comenzado antes del fallo sobre la reforma laboral, y que en uno de esos encuentros se le comunicó que su gestión avanzaría.
Mientras el pliego seguía sin tratamiento y no había certeza de que el Senado sesionara antes del 27 de julio (fecha en la que Pesino cumple 75 años), el juez inició una acción en el fuero contencioso administrativo para evitar que, llegado ese día, el Gobierno pudiera argumentar que había alcanzado el límite de edad y llamar a concurso por su vacante.
Esa presentación quedó sin efecto el viernes pasado, horas después de que el Senado aprobara su pliego: Pesino se presentó ante la jueza Macarena Marra Giménez para desistir de la acción, y la magistrada archivó el expediente.
Más allá de esto, el jueves el Senado aprobó 29 pliegos judiciales, entre ellos el de Pesino, con 36 votos a favor. Cumplido ese paso, restaba únicamente la firma del decreto presidencial, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
De acuerdo con ese texto, Pesino continuará en su cargo por cinco años, a partir del 27 de julio de 2026. La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4°, establece que los jueces que llegan a esa edad cesan automáticamente en sus funciones, salvo que el Presidente proponga su continuidad y el Senado dé el acuerdo correspondiente.
El caso Irurzun y el fin del “poder residual”
El otro protagonista de esta historia es Martín Irurzun, camarista de la Cámara Federal porteña, conocido en Comodoro Py y en los medios por haber sido el autor de la llamada “Doctrina Irurzun”, la Teoría del Poder Residual.
Según esa doctrina, desarrollada durante la gestión de Mauricio Macri, un exfuncionario podía ser detenido de manera preventiva si se consideraba que, pese a haber dejado el cargo poco tiempo atrás, conservaba poder de incidencia sobre la causa en la que estaba investigado.
Con ese criterio se dispuso la prisión preventiva de dirigentes kirchneristas. Más allá de los cuestionamientos que se esgrimieron sobre este hecho, lo cierto es que este tipo de accionar ahora podría complicar a Milei y sus exfuncionarios, muchos de los cuales enfrentan causas judiciales.
Irurzun cumplió 75 años el 18 de julio pasado. A diferencia de lo ocurrido con Pesino, el Gobierno decidió no renovarle el cargo. El lunes posterior a esa fecha, el Ministerio de Justicia envió una nota formal al Consejo de la Magistratura para informar que no se elevaría al Senado la propuesta de un nuevo nombramiento.
La comunicación estuvo a cargo del director de Relaciones con el Poder Judicial de esa cartera, Lucas Somigliana, quien le escribió al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En esa nota, Somigliana explicó: “Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al H. SENADO DE LA NACIÓN, cumplo en informarle dicha circunstancia”, y agregó que, al haberse producido “la vacante definitiva en el cargo”, correspondía sustanciar el concurso respectivo.
Ante esa decisión, Irurzun había presentado una medida cautelar ante la Corte Suprema para pedir la habilitación de la feria judicial y así intentar torcer la resolución del Ejecutivo. El planteo fue rechazado ese mismo lunes por Rosatti, quien sostuvo en su fallo:
“La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla”.
Irurzun había ingresado a la Justicia en 1972 y llegó a la Cámara Federal porteña en 1994, tras desempeñarse como juez federal de primera instancia. Durante años presidió la Sala II de ese tribunal y fue considerado uno de los magistrados de mayor peso en Comodoro Py.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el sector vinculado al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, con el que Irurzun mantenía vínculos estrechos, perdió influencia dentro del Gobierno.
Su salida abre una nueva vacante en la Cámara Federal porteña, que se suma a otras dos que el Ejecutivo ya está en condiciones de cubrir tras un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Para esos lugares, Mahiques propuso los nombres de Pablo Yadarola (allegado suyo) y Pablo Bertuzzi, camarista que ya integra el tribunal. Ambos pliegos todavía deben pasar por el Senado antes de que Milei firme los decretos de designación.
