El fuerte aumento de la morosidad tiene como correlato la caída del poder adquisitivo de los salarios y deja expuesto el resultado del modelo que impulsa Javier Milei. A esto se suma la caída de la recaudación, marcada por el aumento de la informalidad.
El CEO de Banco Galicia, Diego Rivas, contradijo el discurso oficial del Gobierno de Javier Milei al señalar que el fuerte aumento de la morosidad en los créditos familiares no responde a la falta de educación financiera de los hogares, sino a la caída del salario real.
El directivo sostuvo que gran parte del incremento en el incumplimiento de pagos se explica por la “pérdida de poder adquisitivo” de los trabajadores en los últimos años, en un planteo que se aparta de la lectura que suele circular en los despachos oficiales.
“No hay modelos preparados para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Eso terminó afectando el año pasado“, afirmó Rivas al referirse a la ampliación del universo de deudores. El banquero fue más allá para explicar el fenómeno:
“El individuo fue perdiendo poder adquisitivo, salario de bolsillo. La eliminación en AMBA de los subsidios y la tasa negativa que pasó a ser positiva llevó a que la gente pierda entre el 20% y el 30% de su salario real”.
La morosidad no para de aumentar
Los números respaldan el diagnóstico del banquero. La morosidad en los préstamos de las familias argentinas llegó al 12,7% en mayo, con una suba que ya acumula 19 meses consecutivos y que dejó a cerca de 7 millones de personas fuera del circuito formal de financiamiento.
El dato surge de un informe de la consultora 1816, elaborado con estadísticas del Banco Central (BCRA). Según ese trabajo, la tasa de irregularidad en el pago de créditos se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026, un salto que no tiene antecedentes desde el fin de la Convertibilidad.
El fenómeno golpea con particular intensidad a los sectores más jóvenes. Entre quienes tienen préstamos activos, 4 de cada 10 personas menores de 35 años presentan problemas de pago. La mora trepa al 42,8% entre los 18 y 25 años, se ubica en 39,3% en la franja de 26 a 35 años y llega al 31% entre los 36 y 45 años.
El informe también describe comportamientos distintos según el tipo de entidad. Mientras la banca pública mantuvo el nivel de préstamos para evitar una contracción mayor del crédito, las entidades privadas redujeron de manera significativa la oferta de financiamiento durante los primeros meses de 2026.
El cuadro más crítico se observa entre las entidades no financieras, que concentran alrededor del 17% del mercado de crédito a las familias. Allí la morosidad saltó al 32,2%, frente al 10% que se registraba apenas un año y medio atrás.
Según los cálculos de la consultora, el 27% de quienes tomaron préstamos ya no son considerados “sujetos de crédito” por su situación de mora. Pese a ese deterioro, los analistas de 1816 introdujeron un matiz sobre el impacto macroeconómico:
“lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”.
De cara a los próximos meses, el mercado sigue de cerca la evolución de junio y julio, con la expectativa puesta en el “efecto aguinaldo”: la posibilidad de que ese ingreso adicional permita a las familias cancelar parte de sus deudas y frenar una tendencia que ya lleva casi dos años.
La recaudación, otro síntoma de la crisis
A la suba sostenida de la morosidad se suma un tercer indicador que refuerza la misma lectura: la caída del consumo y del poder adquisitivo también se refleja en la recaudación tributaria. En junio, los ingresos fiscales cayeron entre 7,4% y 8% en términos reales, según las mediciones de IARAF y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), respectivamente.
De acuerdo con ARCA, la recaudación nacional alcanzó $20.017.104 millones, con una suba nominal interanual del 23,7%, muy por debajo de la inflación del período. El organismo atribuyó el retroceso principalmente a la menor recaudación por comercio exterior.
Los derechos de exportación se vieron afectados por una base de comparación alta, ya que en junio de 2025 hubo ingresos extraordinarios antes del vencimiento de un esquema temporal de reducción de retenciones.
A eso se sumaron alícuotas más bajas para soja, trigo y maíz, una nueva baja en las retenciones al trigo, y la desaceleración de las importaciones. También incidió la prórroga a julio del pago de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas.
Los derechos de exportación fueron el tributo con peor desempeño: totalizaron $881.128 millones, con una baja nominal del 27,8%. En sentido contrario, los aranceles de importación crecieron 13,8% y sumaron $545.789 millones.
El IVA, en cambio, fue el que más aportó a la recaudación, con $6,54 billones (+28,2% nominal), seguido por Ganancias con $3,2 billones (+11,3%), los recursos de la Seguridad Social con $5,58 billones (+29,6%) y Débitos y Créditos Bancarios con $1,4 billones (+33,2%).
El ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, vinculó la caída de la recaudación formal con el crecimiento de la informalidad laboral: “La peruanización de la economía argentina ya es un hecho. Y se nota primero en la recaudación: el IVA, termómetro de la formalidad, cae -7,2% real vs 2025″.
“No es el único: aportes personales -4,6% y contribuciones patronales -3,3%. Todo lo vinculado al trabajo formal retrocede. ¿Por qué pasa esto? Porque entre el inicio del gobierno de Milei y hoy, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal. ¿A dónde fueron? A la informalidad: +160.000 asalariados informales y +420.000 cuentapropistas informales”, completó.
Según el informe de IARAF, firmado por Nadín Argañaraz, la recaudación tributaria total cayó 5,3% real en el primer semestre del año, con un impacto desigual: lo que quedó en manos de la Nación bajó 6,4%, mientras que lo destinado a las provincias retrocedió 3%.
Medido en pesos de junio, la pérdida fue de $5,3 billones para el Gobierno nacional y de $1,2 billones para las provincias, un total de $6,5 billones resignados por el sistema tributario.
Con menos ingresos reales, el Gobierno redujo partidas como los subsidios al transporte y avanzó con una actualización parcial del impuesto a los combustibles. En sentido inverso, el área de Energía prorrogó una bonificación del 25% sobre el costo de la energía para los hogares con subsidios, como medida defensiva durante el invierno.
