Declararon ante la Justicia dos funcionarios de la Vocería que hicieron compras con tarjeta para Manuel Adorni, de modo que el entonces vocero pudiera ocultar sus gastos, ya de por sí abultados: En dos años y medio de gestión acumuló compras con tarjeta por 139 millones de pesos.
Manuel Adorni renunció a su puesto como jefe de Gabinete, pero la causa judicial sigue avanzando. Este miércoles, dos funcionarios de la Vocería Presidencial declararon como testigos por haber realizado compras con sus propias tarjetas de crédito para bienes que terminaron en manos del exfuncionario, sin que esas operaciones quedaran registradas a su nombre.
La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, también incorporó en los últimos días documentación bancaria que revela que el propio Adorni gastó $139 millones con tarjetas en dos años y medio, una cifra que en varios tramos superó ampliamente su salario como funcionario público.
Declararon dos testigos de la Vocería
Gisela Kocsis, secretaria privada de la Vocería y quien trabaja en el área de Medios y Comunicación, fue una de las citadas a declarar este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación. Kocsis había facturado a su nombre, el 3 de junio del año pasado, una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería en la tienda Rosen The Store.
Esa factura fue hallada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la refacción de la casa de Indio Cua, la propiedad de Adorni en Exaltación de la Cruz. Según pudo establecer la fiscalía, el destinatario final de esos productos fue el propio Adorni y los bienes se entregaron en esa vivienda.
También estaba convocado para este miércoles Luis Enrique Aluju, otro funcionario del entorno de Adorni. Al momento de los hechos, Aluju se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la Dirección de Información Pública y Enlace, área que depende de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.
Aluju pagó con dos tarjetas de crédito propias (una Visa y una American Express) la compra de dos proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cada uno con un costo de $1.831.795. Esas operaciones quedaron registradas el 13 de agosto de 2025.
Ambas citaciones se dieron pocos días después de que declarara Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien había admitido ante la Justicia haberle prestado su tarjeta a Adorni.
Según su testimonio, en agosto de 2025 el entonces vocero le pidió prestada su tarjeta Mastercard sin especificarle qué iba a comprar. Cuando los investigadores le exhibieron la documentación, Schiuma reconoció que con esa tarjeta se había pagado un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, de alta gama, por un valor de $2.185.000.
La funcionaria contó además que había gastos rechazados por el banco que no reconoció como propios, entre ellos uno correspondiente a un Smart TV. Sobre la devolución de ese dinero, Schiuma declaró que Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.
Una fuente con acceso al expediente precisó que la funcionaria “no precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”.
Con estas declaraciones, la fiscalía busca reconstruir si Adorni tenía el hábito de trasladar gastos millonarios a nombre de terceros para ocultarlos, en línea con la hipótesis de que mantenía un nivel de vida por encima de lo que le permitían sus ingresos formales.
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Los gastos de Adorni con sus propias tarjetas
En paralelo a las compras realizadas a través de colaboradores, la causa avanzó sobre los consumos que el propio Adorni hizo con sus tarjetas de crédito, un frente que se transformó en uno de los ejes centrales de la investigación.
De acuerdo con documentación incorporada al expediente, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 (un período de 28 meses) el entonces vocero presidencial y luego jefe de Gabinete acumuló consumos por $139.110.716, un nivel de gasto que, durante buena parte de ese lapso, superó su remuneración como funcionario.
Ese número surge de la información bancaria reunida hasta el momento, aunque el informe contable oficial todavía no está terminado. La cifra tampoco incluye los pagos que Adorni habría realizado en efectivo, tanto en pesos como en dólares, entre los que se cuentan los u$s245.000 que habría destinado a la refacción de la casa de Indio Cua.
El propio recorrido salarial de Adorni resulta relevante para la comparación: hasta fines de 2025, su sueldo bruto rondaba los $3,5 millones mensuales, y recién al asumir como jefe de Gabinete pasó a percibir alrededor de $7,6 millones. Sin embargo, según remarcan los investigadores, el ritmo de gastos ya era superior a sus ingresos desde antes de ese ascenso salarial.
La fiscalía detectó además un cambio en el perfil de los consumos con el correr de los meses. Mientras que en una primera etapa, previa a su ingreso al Gobierno, predominaban compras habituales financiadas en cuotas, más adelante comenzaron a registrarse operaciones de mayor volumen, consumos en el exterior y adquisiciones de bienes de alto valor.
Según los registros bancarios, los resúmenes de tarjeta fueron cancelados mediante débitos automáticos, sin atrasos y con calificación crediticia “Situación 1 – Normal” en el Banco Central. A partir de estos datos, el interrogante central que deberá despejar la causa es el origen de los fondos con los que se sostenía ese nivel de consumo.
Este capítulo se suma a otras líneas que ya estaban bajo la lupa del fiscal Pollicita, como los pagos en efectivo por viajes y refacciones, distintas operaciones inmobiliarias y, ahora, el uso de tarjetas de colaboradores para determinadas compras.
El levantamiento del secreto bancario y fiscal permitió incorporar al expediente la documentación que la fiscalía utilizará para elaborar el requerimiento de justificación patrimonial, previsto para los primeros días de agosto.
En ese marco, Adorni deberá explicar el origen de los fondos y las inconsistencias detectadas entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos. Si su descargo no resulta convincente para la fiscalía, podría ser citado a indagatoria.
Cabe recordar que, en los delitos de enriquecimiento ilícito, es el propio imputado quien debe demostrar que el incremento patrimonial detectado no constituye un delito. Por lo pronto, en su declaración jurada ya reconoció ahorros no declarados.
