Un testigo declaró que Manuel Adorni le pagó 21 mil dólares en efectivo por 18 meses de alquiler en Indio Cuá, y admitió que el alquiler se extendió “de palabra” mientras el Jefe de Gabinete esperaba que se completaran las refacciones en la vivienda que había comprado en el country.
La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando un testigo declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete pagó un total de 21.000 dólares en efectivo por 18 meses de alquiler en el country Indio Cuá.
Se trata del mismo barrio privado donde se encuentra la casa que el funcionario adquirió a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y cuyas refacciones costaron más de 245 mil dólares.
Un alquiler que se extendió “de palabra”
El propietario de la vivienda alquilada, José Luis Rodríguez, prestó declaración testimonial ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aportó precisiones sobre tres acuerdos de alquiler sucesivos con Adorni, que cubren desde fines de 2023 hasta mediados de este año.
El primero de los contratos se firmó en octubre de 2023, antes de que el entonces vocero asumiera funciones en el gobierno de Javier Milei. Ese acuerdo cubrió el período entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024 por un valor de 5.600 dólares, más un depósito de 1.000 dólares, todo abonado en efectivo al momento de la firma.
El segundo contrato, celebrado en marzo de 2024, estableció una locación de 13 meses (desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025) por 13.000 dólares en total. El esquema de pago fue escalonado: 800 dólares por mes durante los primeros diez meses, 3.000 dólares en enero de 2025 y 2.000 dólares en febrero de ese año.
Finalmente, Rodríguez declaró que el contrato original de alquiler “se extendió de palabra” por otros tres meses debido a demoras en la obra que realizaba el contratista Matías Tabar en la propiedad adquirida por Adorni. Por esa extensión, siempre de acuerdo al testimonio, el funcionario habría desembolsado otros 2.400 dólares.
Rodríguez aportó capturas de conversaciones de WhatsApp con el jefe de Gabinete y copias de los contratos firmados. Al concluir su declaración, abandonó la sede judicial acompañado por un efectivo de la Policía Federal.
Adorni estuvo gastando 20 mil dólares mensuales y la Justicia también detectó transferencias cripto sin declarar
El resto de la causa y los antecedentes judiciales
La declaración de Rodríguez confirmó y amplió lo que ya había señalado el contratista Matías Tabar, quien días antes había indicado ante la Justicia la existencia de un contrato de alquiler por 13.000 dólares. El nuevo testimonio incorporó los acuerdos previo y posterior a ese contrato, elevando el monto total a 21.000 dólares.
El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y tiene como eje central determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda correspondencia con sus ingresos declarados. El salario del funcionario estuvo congelado en 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando fue duplicado.
Las denuncias que dieron origen a la causa fueron presentadas por dirigentes opositores y exaliados libertarios, entre ellos la diputada Marcela Pagano, quienes apuntaron a un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados.
En ese marco, Tabar también declaró que cobró 245.000 dólares en efectivo por la remodelación integral de la vivienda en Indio Cuá, trabajos que incluyeron reformas estructurales, cambio de pisos, pileta, cocina y mobiliario, todo sin emisión de facturas.
En paralelo, se detectaron gastos de 14 millones de pesos en muebles para el departamento familiar en el barrio porteño de Caballito, también abonados en efectivo y sin respaldo formal, según el mismo contratista.
El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa para acceder a información sobre cuentas, consumos, créditos, billeteras virtuales y operaciones financieras. También dispuso el análisis del teléfono celular de Tabar y solicitó información a ARBA sobre movimientos patrimoniales del matrimonio.
A estas líneas de investigación se sumaron en las últimas semanas operaciones con criptomonedas detectadas en el análisis preliminar de los movimientos financieros. Los investigadores buscan establecer la trazabilidad de esos activos digitales y determinar si guardan relación con bienes o gastos no declarados.
Adorni, por su parte, negó todas las acusaciones y sostuvo públicamente que las denuncias “no tienen sustento”. También descartó presentar su renuncia y afirmó que demostrará la legalidad de su patrimonio. Hasta ahora, en ninguna de sus declaraciones públicas dio explicaciones sobre la situación.
