La Fiscalía pidió archivar la denuncia por presunto espionaje ilegal que el gobierno de Javier Milei utilizó como excusa para clausurar la Sala de Periodistas de la Casa Rosada en medio del escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que los hechos denunciados no configuraron delito alguno y solicitó al juez Ariel Lijo que archive las actuaciones por inexistencia de infracción penal.
La Fiscalía dejó expuesto al gobierno
En su dictamen, Pollicita descartó que las imágenes filmadas en el interior de la Casa de Gobierno comprometieran la seguridad nacional o constituyeran una revelación de secretos políticos o militares, figuras previstas en los artículos 222 y 223 del Código Penal con penas de uno a seis años de prisión.
El fiscal señaló que el material registrado era comparable a contenido disponible públicamente en plataformas como Google Maps o YouTube, e incluso en el sitio oficial de la Casa de Gobierno
“Existen diversas fuentes públicas a partir de las cuales se ha divulgado la disposición física de la Casa Rosada, sin que aquello fuera interpretado como un riesgo para la seguridad nacional”, sostuvo Pollicita en su dictamen.
El funcionario también precisó que las grabaciones no mostraron espacios reservados, despachos privados, patrones de comportamiento del personal de seguridad ni datos sobre los movimientos del presidente (quien en ese momento se encontraba en Israel), ni tampoco información sobre sistemas de vigilancia o cronogramas de funcionarios.
“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, escribió.
Con esa base, el fiscal solicitó la desestimación de la causa por inexistencia de delito, invocando el principio de intervención mínima del derecho penal: “dicha función debe cumplirse dentro del límite de lo estrictamente necesario”, remarcó. Ante la falta de impulso fiscal, el juez Lijo quedaría en condiciones de firmar el archivo sin mayores trámites.
Los denunciados eran los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, junto con autoridades del canal. La denuncia había invocado posibles violaciones a la Ley de Inteligencia Nacional además de las figuras del Código Penal mencionadas.
Milei utilizó una supuesta campaña rusa para censurar a los periodistas que critican al gobierno
La insólita maniobra de Javier Milei
El origen del caso se remonta al 19 de abril, cuando Salerno recorrió sectores de la Casa de Gobierno utilizando anteojos inteligentes para grabar los alrededores y el material fue difundido en el programa ¿Y ahora qué?, conducido por Geuna en TN. A raíz del episodio, el Gobierno le retiró la acreditación a Salerno.
Tres días después, el 22 de abril, el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, presentó una denuncia penal argumentando que la difusión de las imágenes podía poner en riesgo la vida del presidente en un contexto de tensión internacional, dado el conflicto entre Irán y los aliados de Milei, Estados Unidos e Israel.
Según la insólita presentación del gobierno, mostrar espacios de la Casa Rosada implicaba exponer eventuales “puntos de fuga”, por lo que representaba una amenaza a la seguridad presidencial.
Esa denuncia le sirvió al Gobierno como argumento para clausurar la Sala de Periodistas durante varios días, decisión que fue presentada como una “medida preventiva por razones de seguridad” mientras se revisaba el sistema de acreditaciones.
En este contexto, Milei (desde Israel) publicó en su cuenta de X: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.
Desde el retorno de la democracia en 1983 no se registraba una medida de estas características, aunque semanas antes, el Ejecutivo ya había restringido el acceso a periodistas de medios críticos de la gestión aludiendo a una supuesta operación de desinformación rusa.
Lo más llamativo es que la repentina decisión tuvo como telón de fondo la creciente incomodidad de Adorni con las preguntas sobre su situación patrimonial, en medio de la investigación judicial que puso la lupa en sus abultados gastos, adquisiciones inmobiliarias y viajes al exterior.
