Manuel Adorni firmó un acuerdo con 14 encuestadoras para realizar estudios de opinión pública por un monto total de alrededor de 229 millones de pesos, en medio de la caída de su imagen por el escándalo patrimonial. No es el único gasto que se conoció en los últimos días.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmó un acuerdo con 14 encuestadoras para realizar estudios de monitoreo de gestión y opinión pública por un monto de hasta 229 millones de pesos, prorrogable por un año adicional.
El monto comprometido equivale a alrededor de tres meses del presupuesto de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en un contexto en que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir con la ley de financiamiento universitario y los fondos destinados a personas con discapacidad están en disputa.
La contratación se realizó bajo la modalidad de Acuerdo Marco, un mecanismo que permite al funcionario encargar trabajos a las empresas seleccionadas mediante órdenes de compra sin necesidad de justificar cada pedido dentro del presupuesto acordado. La licitación no especifica el contenido de las encuestas ni los temas sobre los que se consultará a la ciudadanía.
Entre las firmas habilitadas figura Opinaia, cuyo director, Juan Mayol, mantiene un vínculo personal con el presidente Javier Milei.
Completan la lista MVP Data, MBC Consultores, Isonimia, MIDTA, Julio Aurelio, MFG Consultores, Taquion, TresPuntoZero, la Universidad de Tres de Febrero, María Florencia Filadoro, Rubikon Intel, Inteligencia Analítica y Magalí Laura Gómez.
La información fue publicada en el portal Compr.ar y en el Boletín Oficial. Consultado por medios periodísticos, el gobierno sostuvo que los estudios contratados “no son solo electorales. Tienen de todo. Son de opinión pública”.
La contratación se conoce en un momento delicado para Adorni. Su imagen negativa supera el 70%, según datos disponibles, y viene en caída desde que se hicieron públicos una serie de gastos personales de difícil justificación frente a su salario.
El desgaste del funcionario amenaza con complicar los planes del oficialismo de cara a las elecciones de 2027, no solo los de Adorni, y condiciona también las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial de Milei en 2027.

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Los viajes y los números que no cierran
El escándalo que envuelve al jefe de Gabinete sumó otro capítulo cuando se conocieron los detalles de un viaje familiar a San Carlos de Bariloche realizado en junio de 2024. Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.
Los pasajes en Aerolíneas Argentinas implicaron un gasto de $1.737.432. El hospedaje elegido fue el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, uno de los establecimientos más exclusivos del país, propiedad de IRSA y los dueños del hotel Alvear.
La familia se alojó en el ala Moreno, la sección de mayor categoría del complejo, donde el valor de las habitaciones va de los 700 a los 1.550 dólares por noche. El costo del alojamiento durante cinco noches ascendió a $4,9 millones, al que se sumaron $2,5 millones adicionales en excursiones, comidas y servicios de peluquería del hotel. El total del viaje superó los $9.104.769.
El punto central del cuestionamiento no es el viaje en sí, sino la relación entre ese gasto y los ingresos del funcionario. En el momento del viaje, Adorni se desempeñaba como vocero presidencial con un sueldo neto inferior a los tres millones de pesos mensuales.
Su esposa figuraba como monotributista en una de las categorías más bajas del régimen. Los ingresos declarados de ambos no alcanzarían para cubrir el costo total de la estadía en Bariloche, y menos aún si se considera que debían afrontar los gastos habituales de una familia.
A esto se suma una particularidad en la forma de pago: según fuentes vinculadas al establecimiento, la familia se retiró del hotel sin abonar la cuenta. La factura fue cancelada tres meses después mediante una transferencia bancaria.
Esta modalidad de pago diferido para gastos personales es, según las mismas fuentes, una excepción prácticamente inexistente en el sector hotelero comercial, lo que abrió interrogantes sobre quién financió realmente la estadía y bajo qué condiciones.
Este viaje no es un caso aislado. Con anterioridad ya habían trascendido traslados a Punta del Este en avión privado, un pasaje en clase Business para su pareja en un vuelo a Nueva York y vacaciones en Aruba.
Todos estos antecedentes están siendo analizados por la Justicia en el marco de investigaciones que buscan determinar si los gastos son compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario. También se analiza la compra de varias propiedades inmobiliarias.
Según trascendió, dentro del propio Gabinete las opiniones sobre el caso están divididas. Algunos funcionarios lo describen como una “torpeza de principiante”, mientras que otros señalan que el costo político de sostener a Adorni en el cargo pesa sobre la imagen presidencial.
Pese a ello, el presidente Milei mantuvo su respaldo público, y el funcionario se presentó ante el Congreso para exponer el informe de gestión, con la asistencia de los principales integrantes del Ejecutivo.

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Denuncian a Adorni y a Reidel por malversación
En paralelo al escándalo por los gastos personales, el jefe de Gabinete enfrenta una acción judicial en el ámbito federal. El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, anunció una denuncia penal por malversación de fondos públicos contra Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y el expresidente de Nucleoeléctrica S.A. (NASA), Demian Reidel.
La denuncia se basa en un informe oficial que el propio Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados en respuesta a pedidos de acceso a la información. El documento registra consumos personales realizados con tarjetas de crédito corporativas de la empresa estatal, que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Entre los gastos detectados figuran compras en perfumerías, cosméticos, peluquerías, tiendas de ropa femenina e indumentaria deportiva adquirida en el exterior. También se registran cargos en hoteles de alta gama en Madrid, Ámsterdam, Miami y Viena.
A esto se suman consumos en un local identificado como “Pub El Pirata”, servicios de playa con masajes y cócteles, y compras en freeshops de aeropuertos internacionales. Los montos superan los u$s 5.957 y el millón de pesos en distintos rubros sin relación con la actividad nuclear.
Paulón describió estas operaciones como un “robo hormiga” ejecutado a través de los plásticos corporativos de la compañía. “Mientras el gobierno despide y ajusta en el sistema nuclear argentino, sus directivos están en un cumple”, afirmó el legislador.
La denuncia solicita que la Justicia determine la responsabilidad individual de los 100 titulares de tarjetas que tiene la empresa. En cuanto a Reidel, cabe recordar que sostiene un vínculo cercano con Milei, quien se ilusionó con que ambos ganaran el Premio Nobel de Economía al principio de la gestión.
Como respuesta al escándalo, Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, dispuso la cancelación inmediata de las tarjetas corporativas para viajes al exterior y abrió una revisión de los consumos realizados durante la gestión de Reidel.
Según Campos, la empresa solicitó la devolución de los montos correspondientes a gastos que no pudieron justificarse como erogaciones laborales.
El caso se produce en un momento de profunda transformación para NASA. La compañía está en proceso de privatización parcial, con la transferencia prevista del 44% de sus acciones al sector privado.
En simultáneo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas impulsó una reducción de personal que alcanzaría a 2.400 de los 3.000 empleados de la firma.
El diputado Paulón también anunció un nuevo pedido de informes para conocer los nombres de los agentes que recibieron viáticos y se hospedaron en el exterior, e indicó que los registros disponibles muestran extracciones de efectivo por 50 millones de pesos en enero pasado.
La investigación parlamentaria continúa abierta y las causas judiciales siguen su curso, en un escenario en que el gobierno mantiene su postura de respaldo a los funcionarios cuestionados sin ofrecer explicaciones adicionales sobre el origen de los fondos involucrados.
