La Justicia imputó a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito debido a las inconsistencias entre sus declaraciones juradas y su nivel de vida, y dictó una perimetral a su amigo de la TV Pública por amenazar a una testigo luego de que su declaración los complicara aún más.
Manuel Adorni insistió en que todas las facturas vinculadas a sus viajes están en orden. Sin embargo, la Justicia lo imputó formalmente por presunto enriquecimiento ilícito al detectar que su patrimonio declarado no se condice con sus gastos reales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal tras advertir inconsistencias entre los bienes que el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y los que efectivamente posee.
Al mismo tiempo, una testigo clave en la causa por el viaje en avión privado a Punta del Este amplió su declaración ante la Justicia y aportó nuevos elementos que comprometen tanto a Adorni como a su amigo, el periodista Marcelo Grandio.
Por otro lado, la mujer denunció que Grandio la acosó y la presionó mientras aún declaraba, lo que derivó en que el juez federal Ariel Lijo le impusiera una serie de restricciones al periodista.
El patrimonio de Adorni, bajo la lupa
El escándalo por los vuelos privados de Adorni no era una novedad. Desde hace días circulaban en los medios los detalles del viaje que el funcionario realizó en febrero en un jet privado, junto a su familia, desde el aeropuerto de San Fernando hacia el balneario uruguayo de Punta del Este.
Además, Grandio (contratista de la televisión pública con vínculos comerciales con el Estado) figuraba como el responsable de financiar los gastos. En medio de idas y vueltas, Adorni aseguró que él había pagado su parte del vuelo, pero en el medio se conoció que junto a su esposa eran dueños de propiedades que no había declarado.
Ahora, fue oficialmente imputado en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito por las inconsistencias detectadas en la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción.
Según la fiscalía, el funcionario declaró únicamente dos propiedades, pero no habría consignado su participación en un inmueble ubicado en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.
El valor promedio de las propiedades en ese emprendimiento ronda los USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 según superficie y ubicación, a lo que se suma una cuota de ingreso de alrededor de $5.000.000 y expensas mensuales que incluyen el uso de instalaciones deportivas.
Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó al juez un paquete de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
Entre ellas, pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires para determinar la titularidad del lote 380 del country, registrado a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
También solicitó información al Registro de la Propiedad de la Ciudad de Buenos Aires sobre la totalidad de los inmuebles a nombre de ambos, con detalle de titularidad, porcentajes, fecha de adquisición y gravámenes, ya que en su frustrada conferencia de prensa el Jefe de Gabinete reconoció vivir en un departamento en Caballito que tampoco fue declarado.
La fiscalía también requirió datos del registro automotor y de buques, información migratoria, movimientos laborales y documentación sobre posibles operaciones financieras o inmobiliarias.
Otro de los pedidos clave fue dirigido a la Oficina Anticorrupción, para que remita copias certificadas de todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, incluyendo los anexos reservados.
Además, se pidió a la administración del country que informe quién abona las expensas de la propiedad, y a la municipalidad correspondiente, si se tramitaron los permisos de construcción del inmueble.
El objetivo de todas estas diligencias es verificar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio real del funcionario, o si, por el contrario, las diferencias justifican el avance de la causa. La investigación quedó bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Lijo, quien deberá resolver si hace lugar a las medidas o delega su ejecución en el propio fiscal.
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La testigo que complica a Adorni y Grandio
Por otro lado, Vanesa Tossi, secretaria de la firma JAG Executive Aviation y del bróker aeronáutico Agustín Issin, declaró como testigo ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, y aportó un relato detallado sobre cómo se contrató y pagó el vuelo que llevó al jefe de Gabinete y a su familia a Punta del Este el 12 de febrero pasado.
Tossi explicó que fue contactada por Grandio, a quien conocía de años anteriores, para solicitar una cotización. El pedido, según su testimonio, era claro: se trataba de “invitar a una familia” al destino uruguayo. Solo más tarde, cuando avanzó la operación, tomó conocimiento de que los pasajeros invitados eran Adorni y su familia.
Uno de los puntos centrales de su declaración fue la cuestión de la facturación. Según Tossi, en un primer momento Grandio le expresó que no quería que el vuelo quedara registrado fiscalmente.
Luego acordaron facturar únicamente el tramo de ida, a nombre de la firma Imhouse, sociedad que perteneció a Grandio y que actualmente tiene a uno de sus hijos como directivo. Esa misma empresa fue la que contrató a Grandio para sus emisiones en la Televisión Pública.
El costo total del operativo se redujo gracias a la venta de tres asientos en los tramos en que la aeronave viajaría vacía. Tossi logró comercializar esos pasajes, lo que generó un descuento de u$s1.800 sobre el precio original. “Por eso el costo final fue de u$s3.000“, detalló ante la Justicia.
El pago del tramo de regreso, sin embargo, no fue bancario ni electrónico: se realizó en efectivo. La secuencia del cobro, según el relato de la testigo, fue peculiar. Tras recordarle la deuda a Grandio el 23 de febrero, este le indicó que se pondría en contacto con ella una persona identificada como “Horacio“, quien habría intervenido previamente en el pago del viaje de ida.
Finalmente, fue un hombre que se presentó como “Marcelo“ y dijo trabajar para Grandio quien coordinó la entrega. El intercambio tuvo lugar en una clínica donde Tossi se encontraba internada: allí le entregaron un sobre con el dinero en efectivo.
Tossi también recordó ante la Justicia el trato especial que recibió la comitiva de Adorni en el aeropuerto de San Fernando. Según su testimonio, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se identificó como “jefe” de la fuerza se presentó en el aeropuerto el día del vuelo de ida, habiendo llegado especialmente desde Ezeiza para ocuparse del traslado.
La testigo le explicó cuál era el protocolo habitual para vuelos privados en San Fernando, pero el agente hizo una consulta telefónica y le comunicó que en este caso no se aplicaría el procedimiento estándar.
El resultado fue que los pasajeros no pasaron por los controles personales de seguridad, aunque sí lo hizo su equipaje. Los trámites migratorios tampoco los realizaron ellos mismos: fue un agente de la PSA quien completó los formularios mientras la familia ya se dirigía a la aeronave.
El regreso al país, cuatro días después, tuvo características aún más llamativas: el jet fue estacionado en un hangar especial, lejos de la vista pública, y una camioneta con vidrios polarizados se acercó hasta la nave para trasladar al jefe de Gabinete.
Las valijas sí pasaron por el escáner; Adorni y sus acompañantes, nuevamente, no. Tossi recordó además que, tanto a la ida como a la vuelta, personal de seguridad le pidió explícitamente que no tomara fotografías.
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Las presiones de Grandio contra la testigo
Lo que ocurrió mientras Tossi declaraba fue, según describieron fuentes del caso, inusual incluso para los estándares de los tribunales federales. En el momento en que la mujer estaba frente al juez y el fiscal exponiendo su testimonio, Grandio la llamó por teléfono y le envió un mensaje de texto.
La testigo no atendió, pero el episodio quedó registrado. Al parecer, Grandio había leído en portales periodísticos una primera noticia que daba cuenta de que ella estaba declarando, y creyó que la audiencia ya había concluido.
Según relató Tossi a la Justicia, desde que el caso del vuelo se hizo público, Grandio se comunicó con ella de manera reiterada e insistente. El tono de esos contactos fue escalando, al punto de que la propia testigo calificó los intercambios como amenazas. “Me sentí amenazada“, declaró, y presentó chats y registros de llamadas que fueron incorporados como prueba al expediente.
En esas comunicaciones, Grandio le reclamó a Tossi haber filtrado el caso a la prensa, algo que ella negó. También le remitió una carta documento en la que desconocía haber pagado el vuelo de regreso de Adorni, contradiciendo la factura que ya existía en el expediente y que había sido emitida días antes. Esa carta documento también fue incorporada como prueba.
La respuesta judicial no tardó en llegar. El fiscal Pollicita emitió el sábado una resolución formal prohibiéndole a Grandio continuar comunicándose con la testigo. El juez Lijo, por su parte, impuso tres restricciones concretas:
- La prohibición de contactarse con Tossi por cualquier medio
- De acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o sitios de habitual concurrencia
- Y de realizar cualquier acto de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión, directa o indirecta
La PSA quedó designada como fuerza encargada de notificar al periodista de estas medidas. De ahora en adelante, cualquier presentación que Grandio quiera realizar deberá canalizarse exclusivamente por la vía judicial.
Por su parte, Adorni intentó la semana pasada “desmentir” las acusaciones durante una conferencia de prensa en la que terminó fingiendo indignación y reclamando disculpas a los periodistas por hablar del escándalo por su vuelo privado y propiedades no declaradas.
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