Miguel Fernández calificó como nula e ilegítima la convocatoria para adelantar las elecciones de la UCR bonaerense que impulsaron sectores relacionados con Maximiliano Abad y Martín Lousteau, y presentó una impugnación ante la Justicia electoral.
El viernes pasado, un sector de la UCR bonaerense resolvió adelantar las elecciones partidarias al 7 de junio, en una reunión que concentró a dirigentes alineados con Maximiliano Abad, Martín Lousteau y Gustavo Posse.
Sin embargo, el lunes el sector encabezado por Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia provincial, lanzó un comunicado calificando la convocatoria de nula y presentó una impugnación judicial ante la Justicia federal electoral, abriendo un nuevo frente legal en el partido centenario.
Fernández judicializa la interna radical
Fernández argumenta que la reunión del viernes fue convocada de manera unilateral, por fuera de los procedimientos establecidos en la Carta Orgánica del partido.
Según su lectura, la sesión careció de validez porque se realizó sin respetar los mecanismos reglamentarios vigentes y, en particular, porque se adelantó apenas cinco días antes de la reunión oficial del 12 de marzo, que ya estaba pautada para debatir precisamente el calendario electoral.
Desde su entorno señalaron que la presentación judicial no apunta solo a cuestionar la forma en que se convocó el encuentro, sino también (y de manera central) a impugnar las decisiones adoptadas en esa sesión.
En ese sentido, sostienen que el adelantamiento de la fecha “no respeta el espíritu de los acuerdos que se lograron en octubre del año pasado” dentro del radicalismo bonaerense. Para Fernández, la disputa no se reduce a una diferencia sobre el calendario.
El exintendente de Trenque Lauquen interpreta la autoconvocatoria como un intento de imponer un hecho consumado que vulnera las jerarquías internas del partido. En esa línea, sostuvo que “no puede permitir que una facción del partido imponga su voluntad ignorando las facultades del Comité Provincia” que él conduce.
El dirigente también advirtió sobre las consecuencias institucionales de avanzar con una elección surgida de una convocatoria que considera nula: en sus declaraciones y en los escritos judiciales, señaló que ese proceso quedaría expuesto a impugnaciones permanentes, lo que sumiría al partido en una situación de inestabilidad jurídica.
Reconoció que recurrir a la Justicia es una medida extrema, pero sostuvo que la gravedad del quiebre institucional no le dejó otra alternativa. La presentación judicial fue radicada ante el Juzgado Federal Electoral N° 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver sobre la validez de lo actuado el viernes.
En paralelo, desde su espacio manifestaron su intención de avanzar en la conformación de una lista de unidad que integre a todos los sectores, incluidos los de Abad y Evolución, antes de fijar una fecha de elecciones.
El punto que consideran central no es tanto la presidencia del partido, sino la composición de los convencionales, ya que serán ellos quienes definan la política de alianzas de cara a 2027.
El adelantamiento de las elecciones internas
La reunión que originó el conflicto fue impulsada por el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, dos organismos creados en 2024 para sostener el funcionamiento del partido tras una interna cuyo resultado quedó inconcluso a raíz de una disputa judicial entre las listas encabezadas por Pablo Domenichini y el propio Fernández.
La sesión del viernes fue autoconvocada y se llevó adelante en formato híbrido, con participación presencial y virtual. En el Comité de Contingencia, cinco integrantes votaron a favor del adelantamiento, dos se abstuvieron y tres (los representantes del sector de Fernández) no participaron.
Los votos afirmativos correspondieron a Walter Carusso (vinculado a Posse), Sofía Gambier y Ariel Martínez Bordaisco (Abad), y Miguel Ángel Bazze y Josefina Mendoza (Lousteau). Las abstenciones fueron las del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y Josefina Ignacio, referenciada con el espacio de Federico Storani.
Minutos más tarde, la Convención de Contingencia (cuya presidencia ejerce Domenichini) ratificó la decisión por nueve votos a favor y uno en contra. Los votos favorables fueron los de Domenichini, Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Érica Revilla, Diego Garciarena, Miguel Ángel Gargaglione y Sebastián Salvador.
El único voto en contra fue el del exsenador Agustín Máspoli.
La resolución también incluyó la regularización de la Junta Electoral partidaria y la designación de Andrés Villalba (referenciado con Abad) como nuevo apoderado del partido, en reemplazo de Federico Carozzi.
Los sectores que impulsaron el adelantamiento justificaron la medida argumentando que la prolongación del esquema de contingencia debilita la legitimidad del partido.
Señalaron que la decisión fue adoptada de común acuerdo entre los espacios de Unidad Radical o Adelante y Futuro Radical, este último integrado por dirigentes que se definieron referenciados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y no con Lousteau.
El objetivo declarado es ordenar institucionalmente al partido y trazar una hoja de ruta política hacia 2027.
