Javier Milei promulgó la reforma laboral antes de su viaje a Estados Unidos y la nueva normativa comenzará a regir desde ahora para los nuevos contratos de trabajo. ¿Qué cambios introduce en la vida de los trabajadores?
El presidente Javier Milei firmó este viernes el Decreto 137/2026 que promulga la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado, horas antes de partir hacia los Estados Unidos.
El texto (publicado en el Boletín Oficial con la rúbrica del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello) introdujo la transformación más profunda al derecho laboral argentino en décadas y entró en vigencia de forma inmediata en el sector privado.
La norma quedó estructurada en 25 capítulos. Aunque durante el debate parlamentario el artículo se eliminó el artículo que reducía el salario en casos de licencias médicas,
Indemnizaciones y jornadas laborales
Uno de los cambios con mayor impacto directo sobre los trabajadores afecta al cálculo de la indemnización por despido sin causa. La base de cálculo quedó restringida a la remuneración mensual, normal y habitual del último año, excluyendo el aguinaldo, las vacaciones y los premios extraordinarios. Se considera “habitual” todo concepto percibido al menos seis meses dentro del año calendario.
La reforma fija además un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, con un piso del 67% de la remuneración habitual. Otro punto relevante: la indemnización por despido pasó a ser la única reparación económica frente a la extinción sin causa, lo que impide iniciar acciones civiles o extracontractuales en paralelo, salvo en casos que involucren ilícitos penales.
En cuanto a los plazos de pago de condenas judiciales, las grandes empresas podrán abonar en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con hasta doce cuotas.
En materia de organización del tiempo de trabajo, la jornada diaria podrá extenderse hasta 12 horas mediante acuerdo escrito entre empleador y trabajador, dentro de esquemas de jornada flexible. En todos los casos deberá respetarse un descanso mínimo de 12 horas entre turnos.
La norma incorpora también un banco de horas de carácter voluntario que permite compensar horas extraordinarias con días libres, en lugar de su pago en efectivo. La ley habilita asimismo las contrataciones a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.
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FAL, vacaciones y convenios laborales
La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral, patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para hacer frente a las obligaciones indemnizatorias. Las contribuciones mensuales obligatorias serán del 1% sobre las remuneraciones para las grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral. Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses.
La reforma modifica de manera sustancial las reglas de la negociación colectiva. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de las cláusulas de convenios vencidos. Bajo el nuevo esquema, solo las cláusulas normativas se mantienen vigentes hasta la firma de un nuevo acuerdo; las obligacionales solo se prorrogarán si hay acuerdo expreso entre las partes.
Otro cambio significativo establece que los convenios de empresa o de alcance regional tendrán prioridad sobre los convenios sectoriales o de rama de actividad. En cuanto a los aportes, la cuota solidaria sindical se mantiene pero con un tope del 2% del salario mensual.
Los aportes a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028. Adicionalmente, se elimina la facultad de los empleadores de actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin consentimiento expreso del trabajador.
La ley redefine y amplía la lista de servicios esenciales, sumando telecomunicaciones, recolección de residuos, aeronáutica comercial y seguridad privada. Durante medidas de fuerza en esos sectores (junto con educación, salud y energía), deberá garantizarse un mínimo del 75% del personal en actividad.
Para actividades consideradas de importancia trascendental (transporte, construcción, minería, industria alimenticia, servicios bancarios y financieros, entre otros), el piso es del 50% de la dotación. En esencia, se trata de una forma de restringir y quitarle impacto a cualquier intento de huelga por parte de los trabajadores.
El período vacacional continúa enmarcado entre el 1° de octubre y el 30 de abril, pero la reforma habilita que empleadores y trabajadores puedan acordarlos fuera de esa ventana. También se permite fraccionar las vacaciones en distintos tramos, con la condición de que cada período tenga una duración mínima de siete días corridos consecutivos.
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Formalización laboral, juicios y blanqueos
La norma crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% anual para quienes contraten trabajadores no registrados o desempleados. El beneficio se aplica durante los primeros 48 meses de la nueva relación laboral, con alícuotas del 2% para SIPA y asignaciones familiares y del 3% para el INSSJP.
En paralelo, el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) permite regularizar vínculos laborales existentes con una condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes e intereses ante la seguridad social.
La ley también elimina las multas establecidas en la Ley 24.013 para casos de empleo no registrado, reemplazándolas por este esquema de incentivos. Según el INDEC, el empleo informal alcanzó al 49% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2025.
La reforma simplifica los trámites administrativos al establecer que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es suficiente para acreditar la relación laboral, sin requerirse gestiones adicionales ante otros organismos. Los libros laborales pasarán a ser digitales con plena validez legal y deberán conservarse durante diez años.
La ley incorpora un régimen específico para prestadores de servicios de movilidad y reparto a través de plataformas tecnológicas, estableciendo que se trata de trabajadores independientes y no en relación de dependencia, una forma de evitar que las aplicaciones les otorguen más derechos laborales.
Las plataformas deberán proveerles únicamente seguro de accidentes personales, acceso a capacitaciones y mecanismos digitales de atención a reclamos. Los prestadores conservan libertad de horario, de conexión y de rechazo de pedidos.
La norma crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que habilita amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales en el IVA para inversiones productivas. Los umbrales van desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 9 millones para medianas empresas tramo 2.
Se trata de una normativa análoga al “RIGI” (el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), solo que en este caso los beneficios para las pequeñas y medianas empresas son mucho más acotados.
A partir del 1° de enero de 2027 quedarán derogados los estatutos especiales de viajantes de comercio, periodistas y trabajadores del vidrio, entre otros, que pasarán a regirse por el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.
La norma aprueba además la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026.
