El gobierno de Javier Milei avanza con el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares en el Senado, donde también se tratará este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en medio de protestas y advertencias de ambientalistas y especialistas.
A las 11 horas de este jueves 26 de febrero comenzó la sesión en el Senado de la Nación convocada para tratar tres proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo: la modificación de la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y el pliego diplomático del exdiputado Fernando Iglesias.
Cerca de las 11:30, La Libertad Avanza logró quórum con 40 senadores presentes en el recinto, y la vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio formal al debate. El gobierno del presidente Javier Milei confía en que los tres proyectos serán aprobados durante la jornada.
La sesión se realiza en el cierre de las sesiones extraordinarias, en la antesala de otra convocatoria prevista para el viernes, donde se debatirán la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, ambas iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados.
En la previa a la apertura del recinto, efectivos de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que realizaban una performance en el Congreso Nacional. También fue detenido un camarógrafo que intentaba registrar los hechos.
Los entretelones: votos en duda y negociaciones de último minuto
La sesión no llegó sin tensiones. Durante las horas previas, el oficialismo negoció modificaciones al texto de la reforma de la Ley de Glaciares para asegurar los votos necesarios.
Según fuentes que siguen de cerca la actividad del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, los cambios fueron conversados principalmente con el bloque de la Unión Cívica Radical y con la senadora Flavia Royón, que representa a Salta y responde al gobernador Gustavo Sáenz.
Desde el radicalismo indicaron que el voto del bloque está condicionado a los cambios en el texto. “El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras“, comentan entre radicales.
“Se están evaluando alternativas para dirimir esas cuestiones”, agregaron fuentes del partido centenario. Hasta el inicio de la sesión, el voto del senador radical pampeano Daniel Kroneberger era incierto: desde su entorno indicaban que se expresaría en contra.
También generaban dudas las posiciones de las senadoras de Chubut Andrea Cristina del PRO y Edith Terenzi de Despierta Chubut, ambas representantes del gobernador Ignacio Torres. En esa provincia se registraron protestas contra el proyecto en las jornadas previas.
En el bloque Justicialista que conduce José Mayans también anticiparon una votación fragmentada. “Son dos temas en los que priman los intereses y el perfil de cada provincia, más que lo político”, graficó una fuente de ese espacio.
De todos modos, el bloque de Mayans habilitó el quórum, a diferencia de otras sesiones recientes donde el peronismo había optado por no dar quórum para frenar el avance del temario oficialista. Según fuentes del mismo bloque, la mayoría del peronismo acompañaría la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, con solo un par de disidencias internas.
La sesión arrancó con el tratamiento del pliego de Iglesias, propuesto como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El exdiputado ya se encuentra radicado en Bruselas a la espera de la aprobación parlamentaria.
Respecto al acuerdo Mercosur-UE, el oficialismo adelantó el debate desde el viernes al jueves para competir con Uruguay, cuyo Parlamento también trataría el acuerdo esta semana.
“Uruguay vota el acuerdo esta semana y Milei quiere ser el primero en aprobarlo”, señalaron desde el bloque oficialista. En Diputados, el proyecto ya había cosechado 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.
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De qué se trata la reforma a la Ley de Glaciares
La norma vigente es la Ley 26.639, sancionada en 2010 tras un amplio proceso legislativo. Establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial en todo el territorio nacional, reconoce su carácter de bienes públicos y les otorga protección especial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Bajo ese régimen, está prohibida la instalación de industrias, la exploración y explotación de minerales y el uso de sustancias tóxicas en esas zonas. La reforma impulsada por el Ejecutivo modifica aspectos sustanciales de esa ley.
El cambio central consiste en distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y en trasladar a las autoridades provinciales la potestad de determinar cuáles de esas formaciones quedan incorporadas al Inventario Nacional de Glaciares (ING) y, por lo tanto, bajo protección.
Para eso, se reemplaza el criterio técnico-científico unificado a nivel nacional por estudios realizados por “la autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción” de cada provincia. El texto también modifica el artículo 7 de la ley original, que regula las evaluaciones ambientales previas a actividades en zonas de glaciares y ambiente periglacial.
La nueva redacción exige respetar instancias de participación ciudadana y de las autoridades competentes antes de cualquier intervención, en línea con lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley General del Ambiente.
En lugar de una prohibición genérica, el proyecto establece evaluaciones de impacto ambiental específicas para actividades en zonas de montaña. El senador pampeano del bloque justicialista Daniel Bensusán adelanto su rechazo.
“Esta iniciativa perjudica muchísimo el agua, un bien tan fundamental“, dijo, y agregó: “La provincia de La Pampa es una provincia de ríos que nacen en los Andes, en Mendoza. Y con esta ley estaríamos en manos de Mendoza”.
Bensusán también advirtió que la norma “pide la mesa del cobre y del litio para habilitar explotación minera en glaciares y periglaciares donde hoy está prohibido. Es un retraso constitucional y de defensa del ambiente. No estamos en contra de la explotación minera, pero sí con conciencia”.
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Las advertencias de especialistas contra las modificaciones
Más de 25 organizaciones ambientales firmaron un documento conjunto en el que rechazan la reforma y advierten sobre sus consecuencias. Entre los firmantes figuran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Vida Silvestre, Greenpeace, Wetlands International, Jóvenes por el Clima Argentina y Rewilding Argentina, entre otras.
El documento advierte que “los glaciares y el ambiente periglacial conforman un sistema único: almacenan, regulan y sostienen el agua que alimenta cuencas completas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y miles de comunidades (…) Debilitarlos acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible”.
Según la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), la legislación vigente “es un escudo vital para la preservación de nuestros glaciares, que resguardan el 70% del agua dulce de Argentina”.
El abogado ambientalista Enrique Viale, de Aadeaa, sintetizó la crítica central al texto: “Para dejar sin protección un glaciar, ni siquiera se requeriría una evaluación científica, podría hacerse con una decisión política”.
“Subvierte todo el sistema de presupuestos mínimos, porque una provincia va a decir”, comentó, “‘Para mí, este glaciar no tiene relevancia hídrica, porque aporta el 5% del caudal del río’. Para otra, ese criterio puede ser el 3%, el 2% o el 10%”. Y concluyó:
“No solo les da potestad absoluta a las provincias sobre el uso del agua del glaciar, sino que incluso permite su destrucción. Y para el ambiente periglacial ni siquiera tienen que hacer esa declaración. Ya le quitaron la prohibición”.
Desde una perspectiva técnica, el glaciólogo Pierre Pitte, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), señaló que el inventario ya está finalizado y fue publicado en el Boletín Oficial en 2018.
Según Pitte, la reforma abriría la puerta a que las provincias eliminen geoformas del inventario sin criterios científicos preestablecidos: “Claramente, lo que busca la modificación de la ley, cambiando desde las definiciones hasta todos los puntos críticos, es abrir una puerta trasera para que las jurisdicciones locales puedan seleccionar glaciares o geoformas”.
El científico comparó la situación con un borrado discrecional del padrón electoral: “Modificar el inventario es inaceptable, es como hacer un censo y borrar gente”.
Cristian Fernández, coordinador del Área de Legales de FARN, también cuestionó las intenciones del proyecto: “La propuesta de reforma deja a la vista sus verdaderas intenciones: ajustar una ley de carácter general, que abarca todo el país, a unos pocos proyectos que no cumplen con los recaudos necesarios de protección y salvaguarda de las fuentes de agua”.
Las organizaciones también señalan que la reforma podría ser inconstitucional e incompatible con el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), tratado internacional ratificado por Argentina que incorpora el principio de no regresión ambiental, que impide retrocesos en los niveles de protección ya establecidos.
El artículo 41 de la Constitución Nacional, agregan, establece que la Nación fija los presupuestos mínimos de protección y las provincias solo pueden complementarlos, pero nunca reducirlos.
Desde el punto de vista geográfico e hídrico, los especialistas recuerdan que los glaciares alimentan 39 cuencas hídricas a lo largo de aproximadamente 4.000 kilómetros de cordillera, en 12 provincias.
En los períodos de sequía, cumplen una función reguladora clave para las actividades socioeconómicas de toda la región andina y semiárida del país, que representa casi dos tercios del territorio nacional.
