El gobierno de Javier Milei se negó a explicar dónde está el oro del BCRA en el juicio por YPF y aunque intentó presentar el rechazo como un supuesto gesto de soberanía, Luis Caputo también se resiste a dar explicaciones ante la AGN y la Justicia argentina.
El gobierno de Javier Milei rechazó informar a la justicia estadounidense sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del juicio por la expropiación de YPF, y luego pidió que se suspenda el “Discovery” de activos embargables.
La negativa se produjo ante un pedido de Burford Capital, uno de los fondos demandantes en la causa que se tramita en Nueva York, y fue presentada como un gesto de defensa de la soberanía nacional ante los fondos buitre.
Sin embargo, esta postura replica la misma opacidad que el gobierno mantiene ante la justicia argentina, que también ordenó al BCRA brindar información sobre el paradero de los lingotes, pero no recibió respuesta del Estado Nacional.
La respuesta del Estado argentino fue presentada ante la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, durante la madrugada del martes 27 de enero de 2026.
Los abogados del Tesoro Nacional argumentaron que no tienen acceso a esa información porque el BCRA es una entidad independiente. Además, el gobierno rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre comentarios públicos que realizó respecto al destino de las reservas.
En un contexto donde el precio del oro supera los 5.000 dólares la onza, tras haber cerrado 2025 por encima de los 4.400 dólares con un alza del 67% (su mejor año desde 1979), Argentina enfrenta la insólita situación de ver apreciarse sus reservas en el metal precioso sin saber dónde se encuentran ni para qué se están usando.
Luis Caputo le abrió una puerta a los fondos buitre
El interés de los fondos buitre por las reservas de oro surgió a partir de declaraciones públicas realizadas por Luis Caputo en julio de 2024, cuando se difundió información sobre movimientos de lingotes del BCRA.
Los beneficiarios del fallo por YPF solicitaron a la jueza Preska que ordenara a Argentina presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación, cantidad y uso de las reservas de oro.
En su presentación ante el tribunal neoyorquino, los demandantes argumentaron que Caputo “tiene conocimiento” de los movimientos de las reservas, basándose en artículos periodísticos que reportaron sus comentarios sobre el tema.
Los fondos buscaban que, en caso de que el Tesoro Nacional no tuviera acceso a esa información, la magistrada convocara a una audiencia probatoria e incluyera al ministro como testigo.
El pedido de los litigantes también mencionó a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Ministerio de Seguridad como posibles dependencias que podrían contar con información sobre los movimientos de las reservas
La situación encendió las alarmas en el gobierno, que respondió a través de la Procuración del Tesoro. El organismo emitió comunicados en los que denuncia un “hostigamiento sistemático” y un “acoso procesal” por parte de Burford Capital.
En el escrito presentado ante el tribunal, Argentina planteó que se “debería denegar la solicitud infundada de los demandantes” en la que “acusan a la República de ‘ocultar más de mil millones de dólares en reservas de oro’“.
Los abogados indicaron que “esto es falso. No se ha ‘ocultado’ nada”, y explicaron que el propio Banco Central “publica información sobre la cantidad de reservas de oro que posee“. Además, el equipo legal del país argumentó que:
“Argentina ha explicado repetidamente que todas las reservas de oro son propiedad del BCRA y están gestionadas por él, una entidad ‘legalmente separada y distinta’ de la República que no está ante este Tribunal”.
El énfasis en separar a la entidad que lidera Santiago Bausili del resto de la administración pública es una respuesta a la estrategia de los fondos buitre, que pretenden establecer que se encuentra bajo el control de la administración de Milei. Además, sostuvieron que “las reservas del BCRA son inmunes a la ejecución” al ser “propiedad de un ‘banco central'”.
Respecto a la citación de Caputo, el gobierno cuestionó que los demandantes “solo respaldan su afirmación de que el ministro Caputo ‘tiene conocimiento’ de los movimientos de las reservas de oro con artículos periodísticos”.
Los abogados manifestaron que los beneficiarios “no tienen derecho a exigir que la preparación de la declaración incluya una entrevista con un alto funcionario del gabinete, cuando la República ya había realizado una búsqueda exhaustiva y totalmente transparente de información dentro del Ministerio de Economía”.
Para satisfacer las “demandas irrazonables” de los demandantes, el gobierno argentino anunció que enviará solicitudes de información “al BCRA, la AGN y el Ministerio de Seguridad sobre las reservas de oro”.
Caputo insiste en enviar el oro de las reservas al exterior y expone al BCRA a una demanda judicial
El falso gesto de soberanía de Javier Milei
El trasfondo del conflicto es el envío de oro a Inglaterra sin aval del Congreso Nacional, una decisión tomada a poco de asumir el gobierno que estuvo marcada por el silencio y la falta de control democrático.
El temor oficial ahora no es perder las reservas de oro, sino que avance la etapa de “discovery” del proceso judicial estadounidense (donde las partes deben intercambiar información y documentos relevantes) exponga esta operación opaca ante la ciudadanía.
Es por esto que el oficialismo intentó presentar su negativa a brindar información al respecto como un gesto de soberanía, pese a que en los hechos Javier Milei decidió que el país se someta completamente a la política exterior de Estados Unidos.
Sin embargo, lo más paradójico de la situación es que el libertario eligió ponerse del lado de los buitres en su empecinamiento por confrontar con su principal opositor político. En este contexto, había dicho que “haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía”.
El actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue el responsable de avanzar (con el visto bueno del Congreso de la Nación) con la expropiación de la empresa petrolera, que se convirtió en uno de los principales motores de la economía argentina y una de las pocas fuentes de buenas noticias para la gestión de Milei.
Más allá de las acusaciones de Milei, lo cierto es que fueron las propias acciones del gobierno libertario, particularmente las declaraciones públicas de Caputo sobre el oro, las que dieron argumentos a los fondos para intentar avanzar sobre activos argentinos.
Sobre el tema, vale recordar que al inicio de su mandato, Milei decidió trasladar los lingotes al exterior sin pasar por el Congreso, sin brindar información y sin explicar con claridad los términos de la operación. El BCRA, bajo la conducción de Santiago Bausili, concretó el envío de lingotes equivalentes a 4.981 millones de dólares, según información posterior.
Nadie se enteró de esta decisión hasta que el diputado y titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido para que la entidad diera a conocer las operaciones con reservas internacionales y el envío de lingotes al exterior. A partir de ese momento, tanto Caputo como el resto del equipo económico se negaron sistemáticamente a expresarse al respecto.
Las únicas referencias públicas del ministro fueron declaraciones opacas en las que mencionó que el oro estaba “generando rendimientos”, sin brindar mayores precisiones sobre la naturaleza de esas operaciones, los destinos de los lingotes o los rendimientos obtenidos.
El BCRA también se negó a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino de los lingotes. Más aún, la entidad monetaria informó que “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior […] no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024″, sugiriendo que no hay contratos formales que auditar.
La AGN incluso sugirió al Congreso que presentara una demanda judicial por entorpecimiento de las labores de auditoría.
El Banco Central se niega a informar adónde llevó el oro de las reservas y frena la auditoría de la AGN
La Justicia argentina también pide información
A fines de 2025, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, falló en favor del planteo de Sergio Palazzo y ordenó al BCRA que informe sobre el envío de lingotes de oro al exterior.
El tribunal consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente la decisión de declarar la “reserva total” de la información requerida y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación.
La Sala V concluyó que la respuesta del Banco Central se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no permitió verificar si la restricción al acceso a la información era legítima. El fallo afirmó que “la forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”.
La Cámara destacó que la información reclamada se vincula con “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas, y recordó que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación.
En primera instancia, el amparo había sido rechazado con el argumento de que la información estaba alcanzada por excepciones de la Ley N°27.275, al considerar que su divulgación podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero.
Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones, “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.
El tribunal cuestionó específicamente que el Banco Central no explicara “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”.
En una entrevista posterior al fallo, Palazzo explicó que al gobierno “le quedan dos caminos: el recurso extraordinario o el recurso de la queja ante la Corte“. “Creo que en ninguno de los dos casos pueden obviar entregarme la información”, explicó, y agregó:
“La Sala V lo dice con claridad: puede que no me den la información de dónde geográficamente está el oro, pero el resto de las preguntas me las tienen que contestar”.
El dirigente sindical detalló qué respuestas espera del BCRA: “Qué cantidad de oro sacaron, para qué tipo de operación, cuál fue el rendimiento de esa operación, si fue como garantía de algún préstamo y si pidieron algún préstamo por qué no pasaron por el Congreso”. Y advirtió:
“Cuando me la den la compartiré con la sociedad y fijaré mi posición. Si insisten en no dármela tomaré medidas legales”.
El fallo de la Sala V coincidió con un momento histórico para el precio del oro. Al cierre de 2025, el metal precioso rompió la barrera de los 4.400 dólares por onza troy por primera vez en la historia, apoyado en las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos. Durante la jornada llegó a un máximo de 4.463 dólares la onza, una suba diaria del 1,7%.
El oro acumuló un alza del 67% en 2025, su mejor año desde 1979. A inicios de 2026, el precio continuó su escalada superando los 5.000 dólares la onza. Bancos centrales de países como Rusia y China han acumulado oro masivamente, y las reservas en oro de los bancos centrales a nivel global superaron a las reservas en monedas de curso legal.
En este contexto de apreciación histórica del metal precioso, Argentina enfrenta la insólita situación de ver multiplicarse el valor de sus reservas en oro sin saber con certeza dónde se encuentran, bajo qué términos contractuales fueron colocadas, qué rendimientos están generando, o si están siendo utilizadas como garantía de operaciones financieras.
