El Parlamento europeo frenó el proceso de ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y lo envió al Tribunal de Justicia europea alegando que podría no ser compatible con sus tratados comunitarios.
El Parlamento Europeo decidió este miércoles frenar el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur tras remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión se tomó mediante una votación ajustada que obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
Esta medida llega apenas cuatro días después de que el tratado fuera firmado el sábado 17 de enero en Paraguay, en el teatro José Asunción Flores del Banco Central, tras más de 26 años de negociaciones.
En términos prácticos, la decisión parlamentaria implica que el acuerdo quedará paralizado hasta que los jueces europeos determinen si el pacto es compatible con los tratados comunitarios de la Unión Europea.
Según estimaciones del TJUE, este tipo de dictámenes suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal tiene la facultad de priorizar ciertas solicitudes cuando las circunstancias lo requieran.
Qué países se oponen al acuerdo y por qué
La moción aprobada cuestiona dos aspectos fundamentales del tratado. Por un lado, varios eurodiputados expresaron inquietudes sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, con el temor de que pueda afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. Por otro lado, se puso en tela de juicio la base legal elegida para su aprobación.
La estrategia jurídica adoptada por la Comisión Europea permite que los capítulos relacionados con el libre comercio puedan ratificarse sin requerir la aprobación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.
Dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, solo se necesitaría el consentimiento del Parlamento Europeo para la conclusión del acuerdo interino.
Sin embargo, el acuerdo de asociación completo presenta un panorama más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los parlamentos nacionales. Este acuerdo entrará en vigor plenamente solo cuando todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación.
La resistencia al tratado está encabezada principalmente por Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Francia se posicionó como el gran opositor del acuerdo, y su cancillería respaldó la decisión legislativa al afirmar que el voto fue “coherente con la posición” francesa, que “dice no” al tratado.
El sector agropecuario europeo mantiene un fuerte rechazo al pacto y las protestas continúan en las calles de varios países. La semana previa a la firma del tratado, Francia vivió jornadas de extrema tensión cuando unos 350 tractores ocuparon la avenida de los Campos Elíseos en París y se instalaron en las inmediaciones del Parlamento.
Escenas similares se registraron en Irlanda, donde productores bloquearon rutas en Athlone con consignas como “Stop UE-Mercosur” y banderas de la Unión Europea intervenidas con la palabra “vendidos”. Polonia, Hungría y Austria también experimentaron movilizaciones protagonizadas por agricultores que buscan frenar la entrada en vigor del acuerdo.
El núcleo del malestar pasa por el temor a una caída de los ingresos. Los productores europeos sostienen que operan bajo normas de producción considerablemente más estrictas que las vigentes en Sudamérica, lo que eleva sus costos.
En la UE rigen exigencias severas en materia de trazabilidad, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal. Desde ese diagnóstico, advierten que los productos importados desde el Mercosur ingresarían al mercado europeo a precios más bajos, algo positivo para los países sudamericanos pero que causa malestar entre los productores europeos.
La respuesta de la Comisión Europea al Parlamento
La Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen (quien estuvo presente en Asunción para la firma del tratado), lamentó la decisión del Parlamento y consideró que las preocupaciones planteadas por los eurodiputados ya han recibido respuesta.
“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo Olof Gill, portavoz del Ejecutivo comunitario.
Gill aclaró que no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, particularmente en el acuerdo con Chile.
El portavoz añadió que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y la “vital importancia” del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su “fortaleza geopolítica en el mundo”.
Algunas voces dentro del Parlamento Europeo habían advertido contra retrasar la ratificación del acuerdo mediante su envío al Tribunal de Justicia, especialmente en un contexto marcado por las amenazas arancelarias de Donald Trump tras el despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.
El coordinador de los populares en la comisión de Comercio Internacional, Jörgen Warborn, consideró que llevar el acuerdo ante el tribunal comunitario sería un “movimiento político para retrasar” un tratado comercial que, aseguró, aportaría al PBI europeo un impulso que duplicaría el valor del impacto negativo de los aranceles anunciados por Trump contra el bloque.
En esa misma línea, la líder socialdemócrata Iratxe García afirmó que el acuerdo con Mercosur debe ser la respuesta a las acciones de Trump, destacando la necesidad de “abrir espacios de entendimiento con otras regiones del mundo que compartan la visión multilateralista” de la Unión Europea.
Por su parte, el líder de los Verdes, Bas Eickhout, cuyo grupo promovió una de las mociones votadas, cuestionó: “¿Qué les da miedo de consultar al TJUE?“.
El tema será probablemente discutido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante una cumbre extraordinaria prevista para el jueves, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.
