Diputados de Encuentro Federal presentaron un pedido de moción de censura contra Guillermo Francos por negarse a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que de prosperar implicaría la destitución del Jefe de Gabinete.
El diputado Oscar Agost Carreño presentó un pedido de moción de censura contra Guillermo Francos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa no solo busca interpelar al jefe de Gabinete de Javier Milei, sino que podría derivar en la destitución del funcionario.
La iniciativa fue presentada por Oscar Agost Carreño y cofirmada por Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, junto a Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein.
El proyecto se basa en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite la remoción del jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
El documento presentado establece que esta no constituye un juicio político por mal desempeño o comisión de delito, sino una opinión política de censura del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. A diferencia del juicio político, la moción de censura requiere solo la mitad más uno de los votos de cada cámara para prosperar.
Los legisladores argumentan que el Decreto 681/25 firmado por Francos es “nulo de nulidad absoluta“, ya que no existe respaldo constitucional que contemple la posibilidad de devolver al Congreso una ley ya sancionada. El texto sostiene que esta medida forma parte de la intención del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente.
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Las críticas de los firmantes en redes sociales
Los diputados que respaldaron la moción de censura expresaron su rechazo en las redes sociales. Miguel Ángel Pichetto calificó la situación como de “gravedad institucional extrema” y sostuvo: “Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles“.
Por su parte, Esteban Paulón denunció que “el Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible”.
Nicolás Massot apuntó contra la contradicción del gobierno al señalar que “el mismo día que el gobierno suspende la ley de emergencia en discapacidad por ‘falta de financiamiento’, anuncia improvisadamente un dólar soja que le costará hasta U$S 1.800 millones. Más cínicos no se consigue“.
Cabe mencionar que los números parlamentarios no favorecen al gobierno en caso de que la moción prospere. A diferencia del rechazo a los vetos, que requiere mayorías especiales de dos tercios, la moción de censura necesita solo mayoría absoluta en ambas cámaras, una cantidad asequible para la oposición.
Si la moción de censura fuera aprobada, Francos perdería el cargo, aunque el presidente Milei podría volver a nombrarlo inmediatamente. Sin embargo, el proceso marcaría un hito sin precedentes en la historia argentina, ya que sería la primera vez que se destituye a un jefe de Gabinete desde la creación de esta figura constitucional en 1994.
El bloque Desarrollo y Coherencia también presentó un proyecto similar, agregando como motivos de destitución las denuncias por coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y las acusaciones del Poder Ejecutivo contra la diputada Marcela Pagano por la filtración de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
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La trampa de Javier Milei para no aplicar la ley
La controversia se originó cuando el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con las mayorías reglamentarias en ambas cámaras. Tras esta decisión, el gobierno se vio obligado a promulgar la norma, lo que ocurrió mediante el Decreto 681/25.
Sin embargo, en una medida que carece de antecedentes en el sistema institucional argentino, el mismo decreto establece que la ley queda “suspendida en su ejecución“ hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La Ley de Emergencia en Discapacidad contempla un incremento en las prestaciones que se abonan por discapacidad, tanto del fondo compensador financiado por obras sociales y prepagas, como del Estado a través del programa Incluir Salud. La normativa prevé un pago por única vez para compensar la pérdida inflacionaria retroactiva a 2023 y posterior indexación de aranceles.
Para colmo, desde Casa Rosada alegaron que el Estado es incapaz de aplicar la norma y que ésta debe ser tratada en la discusión del Presupuesto, pese a que representaría una inversión de apenas el 0,35% del PBI y que la ley de leyes viene siendo prorrogada desde 2023.
A esto se suman los giros discrecionales de altas sumas de dinero, como los 100 mil millones de pesos que se asignaron a la SIDE el año pasado para “gastos reservados”, o la decisión de liberar en masa retenciones agropecuarias para contener al dólar, lo que representa una renuncia a fuentes de financiamiento para el Estado.
teniendo en cuenta que la administración nacional maneja los recursos de forma discrecional al gobernar con un presupuesto prorrogado desde 2023. En los fundamentos del proyecto recordaron que en 2024 se dispuso el giro de 100 mil millones de pesos a la SIDE.
La ley especifica en su artículo 19 las fuentes de financiamiento, permitiendo el uso de todas las partidas que no estén destinadas a servicios sociales. El gobierno no participó de las negociaciones durante el debate parlamentario, pero justificó el incumplimiento en los fundamentos del decreto firmado por Javier Milei, Francos y el ministro de Salud Mario Lugones.
Paralelamente a la moción de censura, el diputado Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Guillermo Francos y otros funcionarios por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación incluye también a la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. La denuncia fue asignada al juez Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py.
Paulón amplió posteriormente la denuncia incorporando a Mario Lugones como firmante del decreto de suspensión, y anunció que presentará una nueva denuncia el 4 de octubre, considerando que habrá transcurrido un mes desde el rechazo del veto presidencial.
