Pese a que Javier Milei prometió aumentos para las áreas de educación y salud durante la presentación del Presupuesto 2026, la propuesta del libertario está plagada de proyecciones económicas imposibles de cumplir y profundiza los recortes en áreas clave.
El presidente Javier Milei presentó este lunes el Presupuesto 2026 en cadena nacional, con un discurso que buscó mostrar un panorama de recuperación económica y mejoras en áreas sensibles como educación, jubilaciones y salud.
El mandatario adoptó un tono electoralista en medio del creciente malestar social por el brutal ajuste que su administración viene implementando desde el comienzo de su gestión, y en la previa de una nueva manifestación en repudio a los vetos contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría.
Más allá de las promesas del libertario, el análisis detallado del proyecto revela una serie de proyecciones económicas excesivamente optimistas que rozan lo insólito. Las estimaciones sobre inflación, tipo de cambio, crecimiento del PIB y superávit fiscal contrastan marcadamente con las expectativas del mercado y la realidad de los datos macroeconómicos actuales.
Además, lejos de representar un alivio al ajuste, el Presupuesto 2026 implica en realidad la profundización de recortes en áreas clave, especialmente en educación y programas sociales. Las supuestas mejoras anunciadas por Milei dependen del cumplimiento de metas inflacionarias que el propio sector privado considera inalcanzables.
El proyecto ahora deberá ser discutido por el Congreso Nacional, que renovará sus autoridades tras las Elecciones Nacionales 2025 programadas para el 26 de octubre, donde La Libertad Avanza buscará mejorar sus números para blindar sus iniciativas que busquen frenar el ajuste.
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Las insólitas proyecciones económicas de Caputo
Una de las críticas más contundentes al presupuesto se centra en sus supuestos macroeconómicos del ministro de Economía, Luis Caputo. La consultora Empiria calificó las proyecciones como “ilusionismo macroeconómico”, mientras que EPyCA Consultores las definió como “optimistas” en el mejor de los casos.
Sin ir más lejos, se parte del supuesto de una inflación del 24,5% a diciembre de 2025. Para alcanzar esta meta, el Índice de Precios al Consumidor debería aumentar solo 1% mensual entre septiembre y diciembre de 2025, según cálculos de EPyCA. Esta estimación contrasta con la inflación de agosto del 1,9% registrada en un contexto recesivo y de caída del consumo.
Además, la inflación proyectada para 2026 es del 10,1%, lo que equivale a una inflación mensual del 0,8%. Entre tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 28,2% para 2025 y del 20,9% para el período entre agosto de 2025 y julio de 2026.
En cuanto al tipo de cambio, el gobierno estima que el dólar oficial cerrará 2026 en $1.423, unos 57 pesos más barato que la cotización actual en el Banco Nación. Esta proyección implica una apreciación nominal de la moneda que, según EPyCA, “nació herida de muerte”.
Al 16 de septiembre, el dólar ya cotizaba entre $1.475 y $1.480 según el banco, superando las insólitas estimaciones oficiales para fin de 2025. Es que el texto del proyecto supone que para fin de este año la divisa tendría un valor en torno a los $1.325.
En comparación, la consultora Empiria proyecta un dólar a $1.836 para 2026, mientras que MAP advierte que “el mercado anticipa mayor demanda de dólares y duda de la capacidad del BCRA para sostener la banda sin comprometer el acceso al financiamiento“.
El crecimiento económico del 5% proyectado para 2026 también genera escepticismo. Para cumplir con la meta del 5,4% en 2025, la economía debería crecer 0,8% cada mes en el segundo semestre, considerando los datos del INDEC hasta junio. Empiria proyecta un crecimiento del 3,7%, mientras que el REM BCRA prevé una recuperación del 4,4% para 2025.
El superávit fiscal primario del 1,5% del PIB anunciado para 2026 representa una relajación de la meta del 2,2% del PIB acordada con el Fondo Monetario Internacional. El presupuesto establece un blindaje fiscal que, en caso de menor recaudación, ajustará las partidas de gasto discrecional, incluyendo áreas sensibles como salud y educación.
Educación: el recorte detrás del aumento anunciado
A pesar de las promesas presidenciales, el sector educativo enfrentará en 2026 los recursos más bajos en una década. Milei anunció que el presupuesto “le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales” y que “el gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”.
Sin embargo, los datos revelan que, aún tomando las proyecciones oficiales de inflación, los fondos para universidades nacionales serán los más reducidos en 10 años. El Poder Ejecutivo ya redujo en $40.267 millones las transferencias a universidades en la última modificación presupuestaria.
Comparado con las proyecciones del REM, el gobierno terminará 2025 con una reducción del 9,4% real del presupuesto universitario respecto a 2024 y del 32% sobre los gastos realizados en 2023. Para equiparar los gastos de 2023, el gobierno debería invertir $6,2 billones, cifra que supera ampliamente los $4,8 billones prometidos.
En los primeros ocho meses de 2025, los gastos destinados a educación superior cayeron 5,8% real respecto a igual período de 2024 y 30,4% contra los primeros ocho meses de 2023. El principal recorte afectó la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, con una reducción real del 18,1% respecto a 2024.
El artículo 30 del Presupuesto 2026 propone derogar normas que garantizan el financiamiento educativo, incluyendo el artículo 9º de la Ley de Educación Nacional, que establece que la inversión educativa no puede ser inferior al 6% del PIB.
También busca eliminar el financiamiento progresivo de ciencia y tecnología hasta el 1% del PIB y el Fondo Nacional para Escuelas de Educación Técnico Profesional. La inversión en educación como porcentaje del PIB continuará cayendo: de 1,44% en 2023 pasó al 0,86% en 2024 y se prevé que se reduzca al 0,75% del PIB en 2026, según cifras oficiales.
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Ajuste social: menos beneficiarios para simular aumentos
En el ámbito social, el presupuesto presenta una estrategia de reducción de beneficiarios para simular aumentos reales en las prestaciones. Milei anunció un aumento del 5% real para pensionados por discapacidad, pero este incremento se logrará mediante un recorte del 13% en la cantidad total de beneficiarios.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez pasarán de 1.133.549 titulares en 2025 a 977.943 en 2026, una reducción de 155.606 beneficiarios. Esta disminución permitirá aumentar el gasto anual por beneficiario de $2.571.748 actuales a $3.623.085 en 2026.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también sufrirá recortes, pasando de 4.113.370 beneficiarios en 2025 a 4.096.069 en 2026, una caída del 0,42%. Esta reducción se enmarca en el pedido del FMI de restringir la cantidad de beneficiarios a través de “controles mejorados de elegibilidad”.
Las jubilaciones y pensiones experimentarán una leve baja del 0,25%, reduciéndose de 7.520.637 titulares este año a 7.501.700 el próximo. Otros ajustes significativos incluyen PNC para Madres de 7 Hijos (-3,1%), Asignaciones Familiares por Hijo (-1,8%) y Asignaciones de Ayuda Escolar Anual (-1,1%).
El supuesto aumento del 5% real para discapacitados solo se materializará si se cumple la inflación proyectada del 10,1%. Con estimaciones privadas que pronostican una inflación del 17% para 2026, los beneficiarios volverían a sufrir un ajuste real en sus prestaciones.
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Industria y obra pública: profundización del desfinanciamiento
El sector de la construcción y la industria nacional enfrentará otro año de severas restricciones presupuestarias. Aunque el gobierno anunció un aumento del 50% en gastos de capital, muy por encima de la inflación proyectada del 10,1%, el gasto total representará apenas 0,3% del PIB, nivel inferior al de 2024.
Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), recibió con frialdad el anuncio: “No hay ningún aumento. Es el mismo porcentaje del 0,4% del PBI, igual que este año”.
De hecho, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública en 2024 fue de $2,09 billones, representando una disminución real del 75,1% respecto al último año de Alberto Fernández. La construcción registra una de las caídas más pronunciadas del ajuste, con una disminución del 20,77% entre noviembre de 2023 y julio de 2025, según el INDEC.
Esta contracción se tradujo en destrucción masiva de empleo: el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) reporta la pérdida de 67.934 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 16% desde la llegada de Milei al poder.
El Índice Construya, que mide la evolución de productos para la construcción, registró en agosto una baja del 8,59% mensual y una caída interanual del 5,5%, confirmando la persistencia de la crisis sectorial que el Presupuesto 2026 no parece dispuesto a revertir.
Entre tanto, para Tierra del Fuego el presupuesto ratifica la reducción de aranceles para celulares, consolas y electrónicos, poniendo en riesgo más de 4.500 puestos de trabajo del sector electrónico fueguino. El Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para teléfonos inteligentes, que se redujo del 16% al 8% en mayo, llegará a 0% partir del 15 de enero de 2026.
Esta medida, que forma parte de la política de apertura comercial del gobierno, representa un golpe potencialmente letal para la industria nacional en Tierra del Fuego y la posibilidad de una migración masiva de trabajadores a otras regiones.
La provincia, considerada estratégica por su nexo con la Antártida, ve amenazado su aparato productivo sin que el presupuesto contemple medidas de protección o reconversión para los trabajadores afectados.
