Javier Milei, Lilia Lemoine y otros dirigentes libertarios fueron imputados en el marco de la investigación por amenazas y hostigamiento contra Julia Mengolini, y el fiscal busca determinar si hubo financiamiento estatal para coordinar los ataques contra la periodista.
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez formalizó este jueves la imputación del presidente Javier Milei y varios de sus colaboradores en el marco de una investigación por amenazas y hostigamiento contra la periodista Julia Mengolini.
Junto al mandatario fueron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine, el denominado “cineasta” oficial Santiago Oría, el militante libertario Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan” en redes sociales), y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, entre otros.
El expediente tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, bajo la dirección del juez Lino Mirabelli, con la carátula “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita“.
Ante la gravedad de las amenazas de muerte reportadas, el magistrado dispuso medidas de protección inmediatas para Mengolini y su entorno familiar. La periodista cuenta ahora con custodia policial y se le proporcionó un botón antipánico como parte del protocolo de seguridad establecido por la justicia.
Cabe señalara que las amenazas se intensificaron tras la viralización de un video generado con IA que mostraba a la comunicadora en una escena sexual con su hermano. Este contenido, según la denuncia, fue amplificado por el propio presidente a través de múltiples retuits en la plataforma X, lo que desencadenó una campaña de hostigamiento masiva.
Una de las aristas más relevantes de la investigación apunta a determinar si existió financiamiento estatal para coordinar los ataques. El fiscal Domínguez solicitó medidas probatorias para investigar la posible existencia de una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada específicamente a hostigar a críticos del gobierno.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal requirió a las empresas propietarias de redes sociales información detallada sobre el origen y circulación de las publicaciones amenazantes, así como datos sobre la identidad de los principales diseminadores de contenido falso y violento.
Mengolini había comparecido previamente ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, donde relató las consecuencias del hostigamiento. “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca“, declaró la periodista con voz quebrada.
“Algún límite tienen que tener”
La directora de Futurock describió el impacto personal de la situación: “Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”.
Por su parte, Juan Grabois, dirigente social y abogado querellante de Mengolini, celebró la decisión judicial a través de redes sociales. “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados”, dijo en X, y agregó:
“La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini”.
El referente del Frente Patria Grande añadió: “Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga“, en referencia a la responsabilidad que deberán asumir los imputados en el proceso judicial y al latiguillo que suele usar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
NOVEDADES EN LA CAUSA MENGOLINI
Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de…— Juan Grabois (@JuanGrabois) August 14, 2025
Cabe recordar que la denuncia penal fue presentada en julio pasado, después de que la periodista documentara un patrón sistemático de ataques que se habría activado desde diciembre de 2023.
Según la querella, representada por abogados de la organización Argentina Humana, se habría puesto en funcionamiento “un aparato comunicacional organizado y financiado por el Estado” con el objetivo de silenciar voces disidentes.
El caso representa el primer proceso penal contra un presidente en ejercicio por presuntas campañas de hostigamiento a periodistas, estableciendo un precedente en la relación entre el poder político y la libertad de prensa en Argentina.
Esta no es la primera vez que un periodista es blanco de ataques por parte del oficialismo. Meses atrás, Roberto Navarro había sido agredido en la calle, en un contexto en el que el mandatario había llamado a “odiar más a los periodistas“. Esto habla de los niveles a los que puede escalar la campaña de odio de Milei.
