El Gobierno de Javier Milei decidió despedir a 60 funcionarios y cerrar áreas técnicas de la Procuración del Tesoro en medio de versiones sobre supuestas filtraciones en el juicio por YPF, aunque quedó exento del ajuste el procurador Castro Videla pese a sus vínculos con los fondos buitres.
A través del Decreto 475/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei oficializó una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación que incluye el despido de 60 funcionarios y la eliminación de organismos clave como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
La decisión llega en medio de versiones sobre supuestas filtraciones de información confidencial relacionadas con el juicio por YPF que se desarrolla en Nueva York, donde fondos buitre buscan quedarse con el 51% de la petrolera estatal.
Lo paradójico de la medida es que, en pleno desarrollo de una disputa judicial crucial con la justicia estadounidense por el control de la petrolera, el Ejecutivo decide reducir la plantilla de abogados encargados de defender al Estado argentino.
La versión oficial y los rumores de filtraciones
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y establece una nueva estructura organizativa para el organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia. Según el documento oficial, la medida “resulta indispensable por razones de gestión” y busca “fortalecer la capacidad operativa” de la Procuración del Tesoro.
Los cambios estructurales incluyen la reducción de seis a cuatro las Direcciones Nacionales del organismo y la eliminación completa de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), que funcionaba como instancia de formación especializada para los profesionales del área jurídica estatal.
El recorte de personal alcanza a más de 60 empleados desvinculados desde el inicio de la gestión, acompañado de una drástica reducción de áreas técnicas. Las funciones de capacitación que desarrollaba la Escuela eliminada serán trasladadas al Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que contará con menos de un tercio del personal original.
En el texto del decreto, el Gobierno argumenta que la decisión “tiene por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado”.
La reestructuración incluye también la reasignación de cargos ejecutivos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), eliminando funciones consideradas obsoletas y promoviendo una estructura “más dinámica y menos burocrática“, según fundamenta el texto oficial.
Las versiones extraoficiales que circularon apuntaban a la existencia de filtraciones de información confidencial desde el interior de la Procuración del Tesoro hacia los fondos buitre que litigan contra Argentina por la estatización de YPF.
Según trascendió, en la cúpula del Gobierno sospechan que hubo “venta de información” que incluiría detalles sobre la estrategia judicial del país ante los fondos buitre de Burford Capital. Una fuente del Gobierno incluso deslizó que “claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”.
Las supuestas filtraciones habrían beneficiado al fondo Burford, que compró los derechos de litigio de la quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner.
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego desmintió estas versiones cuando fue consultado por periodistas. Al ser preguntado sobre si el ajuste se produjo debido a filtraciones sobre la estrategia del Estado en causas judiciales, Francos respondió tajantemente: “dejen de joder“.
El Gobierno no proporcionó detalles específicos sobre qué información se habría filtrado ni identificó a los empleados que habrían sido despedidos por este motivo. Tampoco explicó cómo se enteraron de estas supuestas filtraciones.
¿Quién es Santiago Castro Videla?
Lo llamativo es que el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien conduce el organismo, no se ve afectado por los cambios en la cúpula. Todo esto pese a sus vínculos particulares con el caso YPF. Castro Videla pertenecía al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla que ha colaborado con bufetes norteamericanos.
Su socio en el estudio, Alberto Bianchi, fue contratado por Burford para actuar como testigo experto y explicar el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura estatal durante el proceso judicial. Esta situación genera un aparente conflicto de intereses que impide a Castro Videla estar al frente del litigio por YPF.
Castro Videla ingresó como titular de la Procuración del Tesoro en febrero de este año, reemplazando a Rodolfo Barra, quien también se había excusado de intervenir en el juicio por la estatización de YPF por haber emitido una opinión técnica sobre la causa años atrás.
Lo alarmante es que el bufete que compartía Castro Videla con Bianchi tiene como especialidad litigar contra el Estado, el mismo Estado que ahora representa Castro Videla como procurador. Por eso es llamativo que la “reestructuración” se lleve adelante en medio de versiones sobre filtraciones.
Fuentes conocedoras del organismo señalan que “el supuesto escándalo de la filtración vendría como anillo al dedo, para justificar el vaciamiento” y advierten que la reestructuración afecta especialmente a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, órgano de capacitación especializada de los asesores jurídicos que actúan para el Estado.
La eliminación de esta institución formativa, junto con la reducción de áreas técnicas, ocurre precisamente cuando el país enfrenta uno de los litigios más importantes de su historia reciente, donde está en juego el control de la principal empresa energética estatal.
Sobre el juicio por YPF, cabe recordar que se desarrolla en Nueva York ante la jueza Loretta Preska, quien a finales de junio había ordenado que Argentina entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes en un caso valuado en 16.000 millones de dólares.
Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Nueva York hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la cesión del paquete accionario por tiempo indeterminado. Además, el Departamento de Justicia estadounidense decidió volver a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones.
El Estado argentino se enfrenta en esta contienda legal contra el Fondo Burford, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. La familia Ezkenazi controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización de la petrolera impulsada en 2012.
En este contexto, el Ejecutivo optó por reducir la plantilla de abogados especializados en defender al Estado argentino en litigios internacionales. Desde la Procuración del Tesoro justificaron las medidas como parte de “la transformación del Estado Nacional” y explicaron que la reestructuración está orientada “a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”.
