La comunidad universitaria de Bahía Blanca se sumó a las actividades que se vienen realizando en todo el país para reclamar por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y visibilizar la situación presupuestaria y salarial que vienen atravesando las instituciones por el ajuste que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
Este jueves 26 de junio por la mañana distintos sectores de la comunidad educativa de Bahía Blanca llevaron a cabo una serie de acciones para visibilizar la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales.
Bajo la consigna “Prendete a defender la Universidad pública“, la convocatoria nucleó a sindicatos docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), así como estudiantes y otras autoridades.
La jornada comenzó a las 8 horas con una radio en vivo desde el hall de la UNS en el predio de Alem 1253 a cargo de Radio Universidad. Luego, a partir de las 10 horas, comenzó la junta de firmas de apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
La jornada se realizó en el playón de la Universidad Nacional del Sur en Avenida Alem, donde se juntaron firmas de apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que espera ser tratado en la Cámara de Diputados.
Además, se llevó adelante un acto frente al edificio y un abrazo simbólico a la institución a las 11 horas, que se enmarca en las acciones de visibilización que se vienen realizando en todo el país. Previamente, algunos gremios se movilizaron por calle Alem desde la calle 11 de abril 445.
Las actividades fueron promovidas a nivel nacional por el Consejo Universitario Nacional, la CONADU y la CONADU Histórica, la FATUN, la Federación Universitaria Argentina, la FAGDUT, la FEDUN y la CETERA. A nivel local, adhirieron la UNS, la UTN, ADUNS, ATUNS, SUDUNS, APUTN, FAGDUT y ADUT.

“Defender la universidad pública es defender el futuro”
Alejandro Bucciarelli, representante de SUDUNS (Sindicato Unido de Docentes de la UNS), docente y doctor en Farmacia, explicó las actividades son impulsadas por el Frente Sindical Universitario y que la ley de financiamiento busca “garantizar recursos para que las universidades puedan seguir funcionando“.
En el mismo sentido, destacó la urgencia de “recomponer los salarios docentes y no docentes, que han perdido más del 35% de poder adquisitivo en el último año, sumado a lo perdido en 2024″. Sin embargo, aclaró que:
“Esto no se trata solo de salarios, sino de la continuidad de la formación profesional, la investigación, la ciencia y la tecnología, áreas clave para el desarrollo de la región”.
También hizo referencia a la situación de la ciudad tras la inundación de marzo y criticó el veto presidencial al decreto de emergencia para Bahía Blanca. “Es una medida que profundiza la necesidad de que el Estado acompañe tanto a la comunidad como a sus instituciones“, sostuvo.
“Priorizamos que la universidad siga funcionando y que los estudiantes puedan cerrar el cuatrimestre, pero también que la sociedad sepa lo que está en juego“, remarcó Bucciarelli, quien además destacó:
“Defender la universidad pública es defender el futuro, el acceso a la educación y el desarrollo regional“.
La ley de Financiamiento Universitario
La propuesta surgió a partir de la conferencia de prensa del Consejo Interuniversitario Nacional del pasado lunes, en la que se reclamó el tratamiento y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la UNS aclararon que la convocatoria no implicó la suspensión de clases ni de actividad no docente, sino que cualquier modificación en el cronograma habitual quedaba a cargo de cada una de las cátedras.
Sobre el proyecto, cabe mencionar que se presentó a fines de mayo en la Cámara de Diputados y que busca garantizar la protección, sostenimiento y ampliación de los recursos destinados a las universidades públicas de todo el país.
Puntualmente, el objetivo es garantizar el financiamiento necesario para que las instituciones puedan sostener su funcionamiento habitual sin crear impuestos ni afectar el equilibrio fiscal, una excusa que viene utilizando el gobierno de Javier Milei para frenar cualquier iniciativa en este sentido.
La propuesta ampliar progresivamente la participación en el presupuesto nacional hasta el 1,5% del PBI, mientras, a la par, se avanza con la recomposición de ingresos de docentes y no docentes.
A esto se suma la creación de un fondo específico para carreras estratégicas para el desarrollo nacional, y una ampliación progresiva del monto destinado a becas para alumnos vulnerables.
Desde la UNS remarcaron que la propuesta fue firmada por una amplia representación del arco político y académico, surge en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad del sistema universitario nacional.
Es que la prórroga presupuestaria vigente desde diciembre de 2023 ha generado un desfase del 134 % entre las partidas asignadas y la inflación acumulada, afectando gravemente el funcionamiento institucional, los salarios del personal docente y no docente, y los programas de bienestar estudiantil.

¿Cómo es la situación salarial en la Universidad?
Es que en los últimos quince meses, los salarios de docentes y no docentes han perdido hasta un 36% de su poder adquisitivo, mientras que la falta de fondos paraliza líneas de investigación y amenaza la calidad educativa.
Los datos oficiales de la UNS revelan un deterioro alarmante, que no se revirtió con los aumentos nominales del gobierno nacional, que no compensan las brutales caídas provocadas por la inflación.
Según informes de la Secretaría General de Planificación y Gestión Presupuestaria de la UNS, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el salario básico de un profesor titular con dedicación exclusiva (la máxima categoría docente) pasó de $596.259 a $1.327.630.
Si bien se trata de un incremento nominal del 123%, en el mismo período, la inflación acumulada (IPC) fue del 249%, lo que se traduce en una pérdida real del 36% en el poder de compra. En el caso del personal no docente, la situación no es menos grave:
- Categoría 5 (administrativa y técnica): el salario pasó de $369.218 a $922.106, con una caída del 28%.
- Categorías más altas: la pérdida alcanza el 36%.
- Categoría 7 (la más baja): el salario subió de $256.400 a $790.905, pero aún así registró una merma del 13%.
“Estas cifras reflejan un deterioro sostenido de los ingresos del sector, a pesar de los aumentos nominales, que no logran acompañar la inflación“, señalaron desde la UNS.


