El Gobierno de Javier Milei oficializó el fin del PROCREAR, estableciendo los mecanismos para liquidar el fondo fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. ¿Qué ocurrirá con las viviendas en obras y las que esperan ser adjudicadas?
A través de la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei puso fin de manera definitiva al programa PROCREAR, completando así el proceso de desmantelamiento iniciado en noviembre de 2024 con el Decreto 1018/2024.
La medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece los mecanismos operativos para liquidar el Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, una política habitacional que había estado vigente durante más de una década.
El cierre del programa implica la transferencia de inmuebles no destinados a obras en curso hacia la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el Banco Hipotecario continuará administrando los créditos ya otorgados bajo un nuevo esquema contractual.
La resolución también establece que los fondos recaudados por estos préstamos serán derivados directamente al Tesoro Nacional, una vez descontados los gastos operativos correspondientes. También autoriza la venta de carteras crediticias con bajo rendimiento de cobranza, específicamente aquellas con recupero inferior al 40%.
Asimismo, la normativa encomienda a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía la gestión de los bienes muebles e inmuebles involucrados, incluyendo las transferencias a provincias, municipios y organismos estatales que mantenían acuerdos para desarrollos habitacionales.
Esta decisión marca el punto final de una política pública que, según datos oficiales, había logrado liquidar 65.000 créditos entre abril de 2021 y agosto de 2023, construyendo más de 4 millones de metros cuadrados destinados a vivienda familiar.
Los argumentos oficiales para el fin del programa
La administración libertaria justificó la eliminación del PROCREAR dentro de su estrategia general de reducción del gasto público y reordenamiento del Estado. Según el argumento oficial, el programa representaba una distorsión del mercado crediticio que impedía el funcionamiento natural de los mecanismos de financiamiento privado para la vivienda.
El Gobierno asegura que la medida permitirá una mejor administración de los recursos estatales, al concentrar en el Tesoro Nacional los fondos que anteriormente se canalizaban a través del fideicomiso.
La transferencia de inmuebles a la AABE respondería, según esta lógica, a la necesidad de optimizar la gestión del patrimonio público y potencialmente generar ingresos adicionales mediante su privatización.
Las autoridades sostienen que el Banco Hipotecario podrá continuar gestionando los créditos existentes de manera más eficiente bajo el nuevo esquema contractual, manteniendo las condiciones originales establecidas en el contrato fiduciario de 2012.
Esta transición buscaría, según el discurso oficial, preservar los derechos de los beneficiarios actuales mientras se elimina la estructura estatal que sostenía el programa. De fondo, la normativa tiene la impronta del Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que viene avanzando con el desguace de políticas públicas en nombre de la “eficiencia”.
Lo cierto es que en muchos casos la responsabilidad pasará a manos de las provincias, que ya enfrentan complejas situaciones fiscales producto de los ajustes. Para colmo, el funcionario aseguró que “la propuesta del Gobierno es la motosierra para las provincias“.
Sus dichos, pronunciados en medio del año electoral, abre la incógnita sobre quién se hará cargo de encarar políticas contra el déficit habitacional si tanto Nación como los gobiernos provinciales deciden correrse de esta responsabilidad.
Según el propio Sturzenegger, el gobierno bonaerense es uno de los que no tiene previsto abandonar este tipo de políticas. “Cuando escucho a Axel Kicillof decir que su propuesta es que no haya motosierra, ellos lo que te están diciendo es que quieren mucho gasto público, más Estado y más impuestos”.
Así, la decisión de autorizar la venta de carteras con bajo rendimiento se presenta como una medida de saneamiento financiero, aunque podría afectar a familias en situación de vulnerabilidad económica que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
PROCREAR: una década de política habitacional
El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar fue creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como una respuesta estatal al déficit habitacional y la falta de acceso al crédito hipotecario para sectores medios y populares.
Su implementación se basó en un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, aunque evolucionó a lo largo de sus años de funcionamiento, diversificándose en diferentes líneas como PROCREAR II y Casa Propia, que abarcaban desde el desarrollo urbanístico hasta el mejoramiento habitacional.
Sus principales modalidades incluían créditos para la compra de viviendas en desarrollos urbanísticos, financiamiento para la adquisición de lotes con crédito complementario para construcción, y líneas específicas para instalaciones de gas domiciliario.
Los datos oficiales revelan el alcance significativo del programa: entre abril de 2021 y agosto de 2023, se liquidaron 65.000 créditos destinados a construcción de viviendas, generando más de 4 millones de metros cuadrados construidos.
El impacto laboral fue considerable, contribuyendo a la generación y sostenimiento del empleo formal en el sector de la construcción, con un 83% de finalización de las viviendas iniciadas bajo los créditos para construcción.
El perfil de beneficiarios evidenciaba el carácter social del programa: el 85% de los destinatarios tenían menos de 45 años, con una edad promedio de 38 años. Más de la mitad (52%) tenía hijos menores a cargo, y el 62% provenía del mercado de alquiler, lo que demuestra su efectividad para facilitar el acceso a la vivienda propia.
Significativamente, el 85% de los beneficiarios mantenía empleos en relación de dependencia, y en el 57% de las familias con hijos, las mujeres ejercían la jefatura del hogar.
¿En manos de quiénes quedarán las viviendas?
La resolución que oficializa el cierre del PROCREAR ha generado particular controversia por las denuncias sobre la adjudicación de viviendas construidas en el marco del programa a las Fuerzas Federales de Seguridad, en lugar de mantener su destino original hacia beneficiarios civiles seleccionados mediante sorteo.
El caso más emblemático involucra al edificio Sagol, ubicado en Avellaneda, que cuenta con 160 unidades habitacionales que ya habían sido adjudicadas a vecinos de la zona mediante los mecanismos regulares del programa.
Según la denuncia formulada por Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese distrito bonaerense, estas viviendas serán transferidas a personal de las fuerzas de seguridad en un acto oficial.
“Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles”, declaró Bertolotto, caracterizando la medida como un despojo hacia quienes habían sido “sorteados legítimamente en su momento”. El dirigente destacó que se trata de “un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar” que serían arrebatados a sus destinatarios originales.
Esta situación plantea interrogantes sobre el destino de otros desarrollos habitacionales construidos bajo el PROCREAR que podrían enfrentar reasignaciones similares. La transferencia de estos inmuebles a la AABE, según establece la resolución, abre la posibilidad de que sean redistribuidos según criterios que no necesariamente respeten las adjudicaciones previas.
La controversia se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por los derechos adquiridos de miles de familias que participaron del programa y que ahora enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus procesos habitacionales, particularmente aquellos que se encontraban en etapas intermedias de desarrollo al momento de la disolución del fideicomiso.
Además, cabe recordar que a principios de este año Bullrich había intentado contener las protestas dentro de las fuerzas de Seguridad nacionales, cuyos agentes exigían mejoras salariales, prometiéndoles -casualmente- planes PROCREAR.
Lo cierto es que la medida se oficializa poco después de que el Ministro de Defensa, Luis Petri, anunciara sus intenciones de cerrar definitivamente COVIARA, la empresa constructora de la Armada, otra decisión que se suma al corrimiento del Estado a la hora de garantizar el derecho a la vivienda.
