Patricia Bullrich apura el envío de 19 genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo desde Ezeiza, donde el grupo de represores ya había recibido una visita de diputados libertarios el año pasado.
El Gobierno de Javier Milei pretende avanzar con otro guiño a los represores. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió apurar el traslado de genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que cuenta con canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y gimnasio.
Puntualmente, se trata de 19 represores que actualmente cumplen sus condenas en el penal de Ezeiza. Entre los privilegiados se encuentra Alfredo Astiz, que ya pidió una celda individual. No es la primera vez que el oficialismo tiene un gesto con ellos: el año pasado ya habían sido noticia por recibir a una comitiva de diputados libertarios.
Desde el Servicio Penitenciario Federal ya comunicaron a los tribunales federales su intención de vaciar los pabellones donde los reos están alojados el pasado 16 de abril, cuando el director de régimen correccional del organismo, Gabriel Esteban Aquino, indicó al Tribunal Oral Federal 5 que requería desalojar la unidad.
La justificación oficial fue que se quería destinar las celdas a mujeres, alegando una sobrepoblación femenina que necesita espacio, mientras que en los pabellones de represores la ocupación apenas es del 50%.
Astiz no fue el único que pidió celda individual. Ricardo Cavallo también hizo lo propio, solicitando también que se les permita comunicarse con sus familias de forma telemática. La lista de beneficiados incluye a Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason y Antonio Pernías.
Ante el reclamo, el Tribunal aceptó el traslado y los pedidos especiales. Lo que omitieron desde el Servicio Penitenciario Federal es que el destino de los reos sería la Unidad de Campo de Mayo, considerada como un lujo por los organismos de Derechos Humanos.
Un penal de privilegio para los genocidas
Es que Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados, que pasó a funcionar como lugar de detención para represores una vez que se reabrieron los juicios por crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, la Exministra de Defensa, Nilda Garré solicitó que se cierre, algo que consiguió en 2013.
“Peleamos mucho para que los saquen de ahí”, comentó al respecto la abogada Myriam Bregman, “lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura”. “Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato”, completó.
Sin embargo, en 2016 el sitio se reabrió en el marco del Gobierno de Mauricio Macri (y con Bullrich en el ministerio de Seguridad). Esto derivó en una seguidilla de pedidos de represores para ser trasladados ahí y actualmente el sitio tiene 52 detenidos, con una capacidad de 115.
Durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostró que los reos tenían varias comodidades y privilegios, entre ellos, canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos.
Además, y a diferencia de varios penales del país, los genocidas alojados ahí tienen una heladera cada dos internos y en muchos casos cuentan con televisor en sus habitaciones. A esto se suman los espacios de deportes, talleres de teatro, de historia, filosofía, estiramientos y un largo etcétera.
“El traslado a Campo de Mayo garantiza condiciones diferenciales”
La decisión tuvo una réplica casi inmediata de H.I.J.O.S. Capital, que publicó un comunicado en el que rechazaron “categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios”. “Nunca buscamos venganza, sí justicia”, agregaron.
“El traslado a Campo de Mayo no soluciona la sobrepoblación carcelaria, sino que garantiza condiciones diferenciales a los genocidas”, comentaron, recordando que los presos comunes suelen vivir hacinados a diferencia de los represores que gozan de pabellones semi vacíos.
“No lograron cerrar los juicios ni liberar a los genocidas, ahora buscan darles privilegios“, criticaron desde H.I.J.O.S., mientras que Mabel Careaga indicó que:
“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrorismo de Estado y la desaparición de personas”.
Cabe señalar que Careaga es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz. Entre quienes repudiaron la medida también estuvo Osvaldo Barros, secuestrado en la ESMA junto a su compañera.
El integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos comentó que “nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”.
