Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar a España para recibir un premio de una organización libertaria, que se plegó al discurso del Gobierno sobre un supuesto “intento de golpe de estado” durante la marcha de jubilados frente al Congreso.
El Presidente Javier Milei decidió suspender el viaje a España que tenía previsto para la semana próxima en medio de las críticas por la brutal represión ordenada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra los participantes de la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.
El mandatario planeaba realizar otro de sus viajes personales al exterior, en este caso para recibir el 21 de marzo el galardón “Escuela de Salamanca” que otorga “El club de los viernes”. La entidad se define a sí misma como un movimiento en defensa de “las libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado“.
Sin embargo, el organismo español emitió un comunicado anunciando que el mandatario “ha decidido postergar su viaje a nuestro continente tras el intento de golpe de estado que sufrió su gobierno por parte de sectores violentos con terribles intenciones“.
Adhiriendo al relato que impulsan el libertario y sus funcionarios para defender el violento accionar de las fuerzas de Seguridad contra los manifestantes, la entidad los definió como “una violenta y anti-democrática oposición” que busca “debilitar el gobierno de la libertad“.
En ese sentido, puntualizaron que la decisión de cancelar la entrega responde a la “delicada situación que transcurre la política y la institucionalidad democrática” en la Argentina.
Lo cierto es que el operativo represivo terminó con casi 700 heridos y el fotoperiodista Pablo Grillo luchando por su vida tras sufrir una severa fractura de cráneo por un proyectil de las fuerzas de seguridad.
El ejercicio de la violencia por parte del Estado Nacional fue tal, que recibió numerosos cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria, que contabilizó 672 heridos (incluyendo jubilados que se habían movilizado exigiendo mejoras en sus ingresos y periodistas que cubrían el hecho) y concluyó que se trató de la represión “más violenta desde el 2001”.
No fue el único hecho de esa jornada que recordó la situación vivida ese año, ya que de forma inmediata y espontánea, se registraron varias movilizaciones y cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores en repudio al ejercicio gratuito de la violencia.
La brutal represión de Bullrich contra jubilados terminó con cientos de detenidos y un periodista luchando por su vida
El Gobierno insiste en que fue un “intento de golpe”
En medio de una etapa de creciente conflictividad social, el Gobierno de Javier Milei decidió redoblar la apuesta y defender el accionar de Bullrich, intentando instalar en los medios que jubilados, hinchas de fútbol, la Izquierda y el kirchnerismo habían intentado realizar un golpe de estado. Así lo había indicado el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Ahora, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia insistiendo en el relato oficialista de los hechos, enumerando a los supuestos responsables de la convocatoria y acusándolos por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada.
Bajo el patrocinio del abogado Fernando Soto (también representante del policía Luis Chocobar), Bullrich incluye entre los acusados al exlíder montonero Mario Firmenich, a los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, y a presuntos “grupos organizados” que habrían recibido pagos de hasta 50 mil pesos.
Sin embargo, el Ministerio no presentó ningún tipo de prueba que justificara este tipo de acusaciones. Previamente, el Vocero Presidencial Manuel Adorni había intentado responsabilizar de la violencia al Frente de Izquierda, utilizando un supuesto folleto que a todas luces era falso.
Estos supuestos “grupos organizados” serían las agrupaciones de hinchas de clubes de fútbol como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, y Argentinos Juniors, entre otros; que habían llamado a participar a la marcha bajo consignas como “Estamos con los jubilados”.
El Estado Nacional intentó presentar como prueba el hecho de que recibieron “llamados en la línea 134 de nuestro Ministerio de varias personas que, al ver las imágenes de la movilización en los medios, denunciaron haber reconocido a ‘barras brava’ de diversos clubes”.
Como si esto fuera poco, y tras haberle exigido a los clubes que expulsen a los hinchas que participaron de las movilizaciones, Bullrich también apuntó en la denuncia a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la gran mayoría de los detenidos remarcando que “no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos”.
Al respecto, el texto indica que el Ministerio “evalúa presentar una denuncia por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público“, y pidió que se declare “de incompetencia por inhibición” a la jueza, además de solicitar que la causa pase a la Justicia Federal.
El Gobierno de Javier Milei resiste la salida de Patricia Bullrich y redobla la apuesta
Tensiones con Victoria Villarruel
Más allá del relato oficial, el accionar policial parece haber tensionado aún más las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Vicepresidenta Victoria Villarruel, quien decidió diferenciarse del relato oficial y hacer un llamado a la “paz social”.
Villarruel, quien construyó su imagen pública en torno al negacionismo y la defensa de los responsables de la última dictadura militar, curiosamente reconoció que “manifestarse forma parte del ejercicio de la democracia” y negó que se tratara de un ataque al Gobierno.
Sin embargo, remarcó que “el uso de la violencia en las manifestaciones siempre debe ser reprimido por las fuerzas del orden“, aunque “como vicepresidente ruego por la pronta recuperación de los heridos y llamo a la paz social“.
“Ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer tiene que expedirse la justicia”, dijo, y agregó: “Me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron que fueron a manifestar como principalmente también de quienes son las fuerzas federales”.
Esto generó una réplica de Guillermo Francos, quien el jueves por la noche la cruzó comentando que “la democracia se ejerce cuando se vota, después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional, y para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos”.
“Ella expresó su solidaridad con las personas que fueron afectadas por la violencia del lado de las fuerzas de seguridad, luego dijo que fue (causada) de los dos lados“, dijo más tarde sobre Villarruel, “y después hizo una mención a la democracia, que me parece que es un error conceptual porque la democracia se ejerce cuando se vota”.
“Una cosa es la democracia y otra es cuando se abusa de los derechos particulares como fue en este caso”, concluyó en alusión los disturbios, e insistió en que había una “intención destituyente de la oposición política, de Unión por la Patria”.
