Se anticipa que la marcha contra la Corte Suprema prevista para este 1 de febrero será masiva, y contará con la presencia de varias organizaciones políticas, sociales y de DD.HH. a las que se les sumarán integrantes del propio Poder Judicial que también piden terminar con el lawfare y los privilegios.
La jueza federal de San Martín e integrante de Justicia Legítima, Martina Forns, afirmó que en el máximo tribunal del país:
“Existen numerosas deficiencias: no tiene perspectiva de género, existe el lawfare. Los jueces han sido parte de esta manipulación que se da entre los medios y la política. Han sido un instrumento sin los cuales no hubiera sido posible esta manipulación que ha llevado a apresar injustamente personas con fines políticos o que no estaba demostrada su culpabilidad. Son prácticas judiciales muy viciadas que llevan a un hartazgo de la sociedad y esto se da en la más alta instancia del Poder Judicial”.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) reclaman por una Corte al servicio del pueblo.
“Lo principal es que se modifique, que condene el lawfare. Muchas veces se presenta con una posición de silencio cómplice con la persecución a los dirigentes sindicales. Lo que se dice reforma feminista es conseguir un Poder Judicial democrático, de verdad, con participación, con voces. La Ley de ingreso democrático aprobada en 2013 no se aplica, tampoco el Cupo laboral trans. Es un poder que está por fuera de la ley”, afirmó la secretaria general Marieta Urueña Russo.
“Estamos reclamando la renuncia también por la complicidad del Poder Judicial en todos los ciclos de endeudamiento y en asegurar la impunidad. Pedimos que se expida en un expediente en el que se indica que se haga público el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Hay una causa en la Corte que está parada hace 27 meses”, explicó Luci Cavallero, integrante del espacio que junto con la Coordinadora de Abogadxs de Interés público denunciaron el freno de las causas vinculadas al préstamo con el FMI.
El reclamo también engloba a funcionarios judiciales que fueron expulsados de sus cargos durante el macrismo y denunciaron persecución política y judicial. El exdefensor General de la provincia de Santa Fe Gabriel Ganon dijo que “el poder judicial es monárquico y sus miembros se sienten más allá de la ley, la Constitución y de rendir cuentas al pueblo que con sus impuestos les paga el salario”.
El prontuario de los supremos Rosatti y Rosenkranzt
Uno de los principales aspectos más cuestionados de la Corte pasan por su presidente y vicepresidente, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes se votaron a sí mismos para ocupar sus actuales cargos, en una sesión por demás cuestionada.
Desde el inicio, la llegada de Rosatti y Rosenkrantz al máximo tribunal estuvo teñida de irregularidades. El 10 diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri daba su discurso de asunción presidencial ante el Congreso, vociferó que “no habría jueces macristas“, promesa que incumplió a los cuatros días cuando firmó el decreto para sumar a Rosenkrantz y Rosatti a la Corte Suprema por recomendación de un amigo personal de ellos, el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Justicia en Uruguay.
De esa forma, Rosenkrantz dio un meteórico salto, de la actividad privada a la Corte Suprema, sin escalas. Hasta ese entonces, Rosenkrantz había sido rector de la Universidad de San Andrés y socio de Gabriel Bouzat en uno de los estudios jurídicos más caros del país, entre cuyos clientes figuraban los grupos Clarín, Pegasus y De Narváez.
Rosenkrantz, también, es responsable del cajoneo de la causa de delitos de lesa humanidad cometidos por el empresario Carlos Pedro Blaquier, cómplice civil de la última dictadura militar. Entre otros hechos irregulares, antes de estar en el máximo tribunal del país, Rosenkrantz recibió una millonaria donación para la Universidad de San Andrés, realizada por la (ya difunta) esposa del imputado, Nelly Arrieta de Blaquier.
Para explicitar aún más la amistad con la familia Blaquier, la esposa del supremo, Agustina Cavanagh, era la directora ejecutiva de la Fundación Cimientos –que, según su página web oficial, promueve la “equidad educativa” a cambio de contratos con el Estado–, mientras que la presidencia de dicha fundación la ocupaba Miguel Blaquier, un ex abogado de la azucarera y sobrino de magnate azucarero cómplice del genocidio.
¿El resultado? Tras 8 años de parálisis de la investigación, y con complicidad de Rosenkrantz y el resto de la Corte Suprema, Carlos Pedro Blaquier quedó muy cerca de evitar el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad en el ingenio Ledesma durante la última dictadura luego de que determinaran que no está en “condiciones mentales” de afrontar el juicio.
Rosenkrantz también es cómplice del lawfare en tiempos de Cambiemos. Durante la presidencia de Mauricio Macri se dio la persecución a los empresarios del Grupo Indalo, Fabián De Souza y Cristóbal López. Quien estuvo al frente de esa operación fue el mencionado operador, “Pepín” Rodríguez Simón, el amigo de Rosenkrantz.
Al momento de los hechos, se registraron 59 comunicaciones telefónicas entre “Pepín” y el Supremo. El primer entrecruzamiento sobre el celular del famoso operador judicial abarca 10.738 llamadas.
Entre ellos, además de Macri y Rosenkrantz, se destaca el socio Bousat (38 llamadas), el cortesano Rosatti (17 llamadas) y el ex ministro de Justicia Germán Garavano (160 llamadas). Todos vinculados, en mayor o menor medida, con el mencionado expediente.
Los principales motivos de la marcha contra la Corte son la complicidad con el lawfare, el cajoneo de juicios sobre delitos de lesa humanidad, y las incontables irregularidades institucionales en las que cae el máximo tribunal del país.
