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reforma justicia federal

Argentina

Lo más destacado del proyecto de reforma judicial presentado por el gobierno nacional

(*) Por Antu Domenichelli, abogado e integrante del Centro de Pensamiento Jurídico Inclusivo

En el día de ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó el “Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”.

Lo hizo acompañado del Consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que integran el magistrado Omar Palermo, las magistradas Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Claudia Sbdar (Tucumán), Inés Weinberg de Roca, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el abogado Carlos Beraldi, el abogado y ex juez Carlos Arslanián, la especialista en Derecho de las Familias Marisa Herrera, y el catedrático y especialista en Derecho Penal, Enrique Bacigalupo.

 “La vigencia del derecho reclama como impensable que el derecho se apegue a las normas. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, aludiendo que “Con el correr de los años hemos visto como el influjo del poder político y también de otros tipos de poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces.”

El repaso de la historia reciente y las características en cada tiempo del Poder Judicial y la justicia son basamento fundamental para la construcción de la síntesis que tiene un capitulo en la presentación de este proyecto pero que no puede considerarse concluyente en el mismo.

“Después del retorno de la democracia, la Justicia Penal Federal inició un derrotero de mejor calidad institucional signado por la moralidad de sus miembros y la objetividad de criterio a la hora de sentenciar. Fue en ese tiempo cuando la cámara criminal y correccional federal de la capital federal juzgo ejemplarmente la violación sistemática de los derechos humanos por parte de quienes integraron las juntas militares durante la última dictadura.”

Hizo un repaso por la calidad institucional del Poder judicial durante la década del 90 y las grandes reformas una vez avenida la presidencia de Néstor Kirchner, recordando al Ex Procurador General Esteban Righi y destacando la envergadura profesional de los juristas que asumieron como Ministros de la Corte a partir del marco legal instaurado para la selección de los miembros de este tribunal.

Luego citó las reformas introducidas durante las presidencias de Cristina Kirchner, entre ellas el Código Procesal Penal Federal y para cerrar la serie histórica aludió a que en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri estuvieron signados por medidas que afectaron la imparcialidad que debe primar en la acción judicial en un Estado de Derecho.

De la gestión anterior hizo hincapié, al para caracterizar hechos que deterioraron el servicio de justicia: “El DNU 257/15 suspendió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal y la AFI recobró el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en procesos judiciales de manera discrecional. La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que rigen el proceso judicial.”

Para dar vuelta la página, y atento y en evidencia la promiscuidad que se evidenció en los últimos años por el des manejo de los servicios de inteligencia, la propuesta presentada tuvo un principio de inicio cuando se dispuso la quita de fondos reservados a la AFI y quitarle al organismo facultades en la participación de procesos penales como auxiliar de justicia

Lineamientos del proyecto

Crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Juzgados actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‬ secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero

Propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes

El Presidente aclaró que esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural

La unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento

Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.

La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo

Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país. La iniciativa prevé la creación de 94 juzgados federales de primera instancia a lo largo y ancho del país, que en principio operarán con funcionarios y empleados de secretarías penales ya existentes. La acusación pública en las provincias se fortalecerá con la creación de 85 nuevos cargos de fiscales y de 23 defensores.
En una manifestación que demuestra la transversalidad, transparencia y carácter democrático del proyecto, Alberto Fernández dijo que recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.

La ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales, surgidas de la Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.

Por último, se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que integran los juristas de reconocimiento técnico indiscutido nombrados al inicio de esta publicación, que deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia. De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir

El proyecto viene a cumplir con una promesa manifestada por el Presidente al inicio de su gestión, pero también a dejar clara su coherencia respecto a manifestaciones que hacía antes de llegar a su cargo. Como se dijo al principio, lo presentado es una piedra iniciar de un recorrido que necesariamente debe ser de largo aliento para lograr las transformaciones en el servicio de justicia que la sociedad hoy requiere, para volver a confiar en ese Poder que no elige en las urnas, para fortalecer el tejido democrático, para palpar una seguridad jurídica que rija en lo económico, en lo sanitario, en el ejercicio de la libertad ambulatoria y también en el progreso y bienestar social.

Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado.

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