Los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, recusaron a Ulpiano Martínez, titular de la fiscalía federal donde cursa la causa por la desaparición forzosa de Facundo Astudillo Castro, por temor de parcialidad.
La querella sostiene que el cuestionado fiscal sostiene una hipótesis contraria a la de la familia con el objetivo de encubrir la responsabilidad policial. En este sentido lo acusan de llevar adelante una investigación plagada de irregularidades, obstáculos y filtraciones, tales las producidas a través del medio La Brújula adelantando la declaración de una testigo "que daría vuelta la causa".
En declaraciones al medio El Destape, Aparicio resaltó:
“La semana pasada se dieron cinco testimoniales que fueron esclarecedoras. Ayer se tomaron tres más y en una de ellas, el fiscal le dijo a un testigo que no podía seguir declarando por incurrir en falso testimonio (...) No está a la altura de las circunstancias. Obstaculiza con muchas desprolijidades y lentitud, y además hay graves filtraciones de información sensible a medios bahienses”.
Será la Jueza Gabriela Marrón quien defina si hace lugar o no a la recusación presentada.
Motivos de la recusación.
Dentro de los argumentos, además de los destacados más arriba, los abogados resaltan que:
-"Ninguna de las medidas dispuestas han tenido motivación en la propia fiscalía. O lo que es peor, quizá si tuvieron motivación aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas."
-"Se produjo el secuestro de los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Mayor Buratovich, habiendo estado dispuestos cerrados en un sobre por más de doce días y abiertos dada la insistencia de esta querella, toda vez que se nos informaba que ello estaba en proceso cuando todavía no habían sido siquiera abiertos."
¿Quién es Ulpiano Martínez?
El 5 de junio de 2012 fue designado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción. En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables.
Santiago Ulpiano Martínez rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados.
Ocupando el cargo de juez subrogante, el ahora fiscal, también demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal le solicitó al entonces juez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual este se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria.
Estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante.
Al ser designado fiscal federal en el gobierno de Mauricio Macri, los organismo locales y nacionales le solicitaron al Senado de la Nación que no convalidará el pliego de Ulpiano Martínez. Sin embargo, por decreto presidencial, fue puesto en funciones en octubre de 2018.